Carlos Cortina gana una pequeña batalla en su encrucijada judicial
El exalcalde de Astillero, Carlos Cortina (PP), ha ganado una pequeña batalla judicial dentro de la complicada encrucijada que afronta desde finales de la pasada legislatura. La Audiencia de Cantabria ha rechazado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento y por el secretario municipal por el que pretendían imputarle un nuevo delito de prevaricación vinculado al complemento salarial aprobado en 2013 en favor de un empleado de las instalaciones deportivas municipales.
Aquel complemento de productividad, que ascendía a 546 euros mensuales, fue aprobado por Cortina pese a contar con el informe negativo del interventor del Ayuntamiento. Sin embargo, la Audiencia considera que dicha conducta “no es penalmente relevante”, si bien da un pequeño tirón de orejas al exregidor municipal al entender que pudiera llevar una “corrección” conforme al derecho administrativo.
De este modo, en un auto fechado el pasado 11 de octubre al que ha tenido acceso eldiario.es, la Audiencia se pronuncia en el mismo sentido que ya lo habían hecho el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander y el Ministerio Fiscal. Sostiene este órgano judicial que “no se trata de una decisión aislada”, sino que fueron varios los empleados municipales a los que desde el año 2008 se les asignaron incrementos retributivos.
En el caso concreto que se ha enjuiciado, la Audiencia señala que a este trabajador se le encomendaron nuevas actividades y tareas que no tenía inicialmente asignadas y descarta por ello que el aumento salarial se debiera a un trato de favor por afinidad política.
Pendientes del último recurso
No obstante, Cortina todavía tiene abierta la causa judicial que le retiró de la política y que tiene que ver con la contratación supuestamente irregular de una persona vinculada a su partido político, a la que pagó con cargo a las arcas públicas cerca de 100.000 euros entre los años 2007 y 2010 para elaborar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, un desempeño para el que no estaba cualificada y que nunca llegó a concluir.
Por ello, en su escrito de calificación, la Fiscalía pide para el dirigente 'popular' diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada, mientras que para la persona a la que contrató reclama un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio y una multa de 160.000 euros por un delito de tráfico de influencias. Además, para ambos solicita una indemnización para el Ayuntamiento de Astillero de casi 100.000 euros más intereses en concepto de responsabilidad civil solidaria.
Esta causa está pendiente de que la Audiencia se pronuncie sobre los recursos de apelación interpuestos por los acusados, que denuncian una vulneración de su derecho de defensa al considerar que el juez instructor del caso no se ha pronunciado sobre determinadas pruebas. Ambos recursos deberían haber sido resueltos durante la primera semana de julio, en que la Audiencia señaló fecha para su deliberación y votación, y suponen la última oportunidad del dirigente del PP pasa salvarse de la apertura de juicio oral.
