La Fiscalía archiva la investigación del convenio de privatización sanitaria con Santa Clotilde a raíz de la denuncia de Podemos

La Fiscalía de Cantabria ha archivado la investigación en torno al convenio singular entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Hospital Santa Clotilde, abierta a raíz de una denuncia de Podemos que alertaba de posibles irregularidades en la tramitación, aprobación y posterior modificación del mismo.

El objetivo de las diligencias iniciadas por el ministerio público era esclarecer los hechos denunciados en abril por el partido morado respecto a ese acuerdo, que entró en vigor el pasado 1 de enero, con un compromiso económico estimado de entre 254 y 320 millones de euros y una duración de 16 a 20 años. Pero tras las actuaciones practicadas estos meses, la fiscal del caso ha archivado la denuncia, aunque Podemos puede acudir no obstante al tribunal que corresponda.

La representante de la Fiscalía ha acordado dar carpetazo a las actuaciones en base a una serie de consideraciones fácticas y jurídicas, y a la vista de los informes solicitados a diferentes organismos, según consta en el decreto que ha dictado, consultado por Europa Press.

Así, en base a los documentos aportados, por el SCS o la Consejería de Salud, la Fiscalía entiende que “no se cumplen con los requisitos de tipo penal alguno”, sino que se trata de “discrepancias sobre cuestiones de carácter administrativo”, y apunta al respecto que cualquier acto de esta naturaleza puede ser impugnado en la vía contencioso-administrativa.

Con todo ello, el ministerio público acuerda el archivo de las diligencias incoadas, sin perjuicio de que puedan volver a abrirse si surgiesen nuevos indicios. Y en caso de discrepancia, Podemos puede reiterarla ante el juzgado de instrucción que corresponda.

Dudas de Podemos

Al presentar su denuncia, Podemos trasladó a la Fiscalía sus “dudas” sobre la tramitación del convenio, la “falta de transparencia” en el acceso al expediente, la “modificación posterior del compromiso económico” y el uso de una figura “excepcional” para articular un acuerdo de larga duración con una entidad privada.

Quería así que el convenio fuera analizado “en profundidad” y, también, que el Gobierno de Cantabria (PP) aportara la documentación y diera las explicaciones que correspondieran, pues el acuerdo “compromete cientos de millones de euros de fondos públicos durante los próximos años”.

El partido también pretendía que se aclarase si se cumplieron los requisitos legales, si había “justificación suficiente” para recurrir a esa fórmula y si se valoró previamente el refuerzo de los recursos propios del sistema sanitario público.

Celebración del PP

Por su parte, el diputado autonómico y portavoz de Salud del Partido Popular, Miguel Ángel Vargas, ha asegurado que el archivo, por parte de la Fiscalía, de la denuncia presentada por Podemos contra el convenio del Servicio Cántabro de Salud (SCS) con el Hospital Santa Clotilde “demuestra que se ajusta a la legalidad” así como también la actuación de la Consejería de Salud.

“Nunca existió el supuesto caso penal que algunos intentaron construir”, ha señalado el parlamentario del PP después de que el ministerio público haya decidido archivar las diligencias de investigación abiertas en torno al convenio. Según Vargas, los promotores de la denuncia deben explicar “por qué intentaron convertir una discrepancia política en un procedimiento penal que nunca debió salir del ámbito del debate democrático”.

A su juicio, la resolución de la Fiscalía “no admite interpretaciones”, ya que no aprecia ningún indicio de ilícito penal y acredita que la modificación del convenio contaba con cobertura presupuestaria, “no supuso un incremento del gasto, sino un ajuste técnico, y respondía a las necesidades estructurales del sistema sanitario”.

“La Justicia no se puede utilizarse para intentar ganar un debate político. Cuando alguien presenta una denuncia penal sin fundamento, quien pierde no es el Gobierno, sino la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, ha señalado el diputado del PP en un comunicado, en el que ha lamentado el uso de un tema “tan sensible” como la salud para “fabricar titulares y alimentar una campaña política”, y movilizar recursos públicos y el trabajo de organismos para que el procedimiento haya terminado “en un archivo”.

Pero “mientras algunos se dedicaban a sembrar sospechas, el Gobierno sigue trabajando para mejorar la sanidad pública, reduciendo listas de espera, incorporando profesionales e impulsando inversiones. Esa es la diferencia entre la política del ruido y la política de la gestión”, ha concluido.