La industria cántabra se desangra sin soluciones a la vista
La crisis industrial en Cantabria continúa acumulando cifras negativas sin alternativas a corto plazo. La parálisis institucional y el deterioro del tejido empresarial en la comunidad autónoma como consecuencia de la crisis está a punto de acabar definitivamente con una de las mayores fortalezas de una economía cada vez más dependiente del turismo, que el pasado año batió un récord negativo: contabilizó menos de 36.000 ocupados industriales por primera vez desde 1996 y máximos históricos de contratación temporal y precaria después de perder más de 15.000 empleos desde 2008.
La lista de grandes empresas en dificultades no para de crecer: Sniace o Greyco continúan cerradas pese a las reiteradas promesas del Gobierno de Cantabria; el futuro de las plantas de Solvay, Robert Bosch o Sidenor está amenazado por los procesos de reconversión en el que están inmersas sus compañías matrices; Saint Gobain abandonó su producción en Vioño de Piélagos después de casi un siglo de actividad; y algunos 'proyectos estrella' amparados por la Administración regional, como Nestor Martin o GFB, resultaron un auténtico fracaso que ha causado graves perjuicios a las arcas públicas.
Queda lejos por tanto la época dorada de la industria pesada en Cantabria, que se instaló en la comarca del Besaya y convirtió a Torrelavega en el eje neurálgico de un sector que empleada entonces a miles de trabajadores. Ahora, instituciones públicas, patronal y sindicatos tratan de elaborar una hoja de ruta que permita recuperar parte de esa pujanza, con la declaración como Zona de Urgente Reindustrialización y una mesa de trabajo específica para combatir unas tasas de paro muy por encima de la media.
El declive de la comarca del Besaya
Como máximo exponente de este declive está Sniace, que despidió a toda su plantilla hace más de dos años y que sigue pendiente de una reapertura que no acaba de concretarse. Los más de 500 trabajadores que perdieron su empleo en aquel momento han continuado en la lucha y cruzan los dedos para que la ampliación de capital que lanzará próximamente la compañía, por valor de 15 millones de euros, salga adelante para abrir de nuevo las tres fábricas que el grupo empresarial tiene en el complejo de la capital del Besaya.
A unos cientos de metros se encuentra Solvay, que recientemente ha pedido el apoyo del Ejecutivo autonómico después de advertir de los “altos costes” de la energía en España comparados con otros países como Francia, que le impiden “mejorar la competitividad”. La multinacional puso de esta forma sobre la mesa la amenaza de la deslocalización, una realidad que “solo se podría evitar con nuevas inversiones para mantener empleo de calidad del personal propio y el de las contratas”, según el sindicato USO.
También en la comarca del Besaya, en el municipio de San Felices de Buelna, sigue latente el cierre de Greyco, una fundición que ha pasado por todo tipo de vicisitudes y que mantiene a cerca de 60 familias en vilo. El Gobierno de Miguel Ángel Revilla anunció su reapertura para el pasado mes de noviembre, con una aportación económica a través de fondos públicos, pero la búsqueda de nuevos inversores sigue sin concretarse después de más de medio año de negociaciones.
Un fracaso de los sucesivos gobiernos
“No es casualidad que registremos los niveles de empleo más bajos en la industria desde los años noventa, cuando salíamos de otra profunda crisis económica y de una dura reconversión industrial, si ahora se registran casi un 97% de contratos temporales y los trabajadores firman una media de más de tres contratos en el año, el porcentaje más alto conocido hasta el momento”, aseguran los secretarios generales de las federaciones de Metal, Construcción y Afines y de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT en Cantabria, Luis Díez y José Ramón Pontones.
Si es sangrante la pérdida continúa de empleos, lo son más todavía los intentos de los sucesivos gobiernos por aportar soluciones desde la Administración regional. En apenas dos legislaturas, proyectos como la fábrica de fibroyeso de GFB o la planta de estufas de Nestor Martin han dilapidado cerca de 60 millones de euros de inversión pública con resultados nefastos: ambas empresas acabaron cerrando, despidiendo a sus empleados y sometidas a una investigación judicial por el uso de fondos de manera fraudulenta.
