PRC, PSOE y Ciudadanos aprueban la Ley del Suelo de Cantabria con el 'no' de un diputado socialista

Pueblo de Carmona, en Cantabria

Blanca Sáinz / Europa Press


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Más de 20 años ha tardado Cantabria en cambiar la  Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, la conocida como Ley del Suelo. Más de 20 años en los que se han hecho modificaciones pero no se ha cambiado el contenido original de la norma. Sin embargo, este martes ha marcado un antes y un después en la comunidad con la aprobación de una ley que, después de cerca de un año de trámites y más de 20 comparecencias parlamentarias, este día ha vuelto a sembrar la discordia en el Hemiciclo.

Con el 'sí' de los partidos que sustentan al Gobierno de Cantabria (PRC y PSOE) y del grupo Ciudadanos y el 'no' del PP y Vox, la sorpresa ha venido por parte del diputado socialista Javier García Oliva, que ha optado por no seguir la disciplina de voto de su partido y votar en contra de la iniciativa. Así, el político, que también es cofundador de la asociación ecologista ARCA, ha mostrado su negativa a una Ley del Suelo que, como ya adelantó a este periódico en enero de 2021 era de obligada negociación entre los socios de Gobierno: “A ver si somos capaces de llegar a un acuerdo con el PRC sobre el modelo territorial que queremos”, afirmó entonces.

Y es que el modelo por el que apostaba el socialista se basaba en la preservación del suelo rústico para las actividades ligadas al sector primario, en el crecimiento urbano de una forma ordenada y en la rehabilitación de viviendas. “Nosotros ponemos mucho acento en la preservación del suelo rústico porque este no se fabrica, no se crea. Si no lo mantenemos luego no se puede generar suelo rústico, que es la base de todas las actividades de todo el sector primario. Sin embargo, el suelo urbano se puede crear en cualquier momento, por lo que tenemos que preservar aquel recurso que no es renovable”, explicó a elDiario.es.

No obstante, hace unas horas el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa (PRC), centraba su objetivo en conseguir el apoyo del PP al grueso de la nueva ley y la consideraba una “buena norma” con la que, a su juicio, “en general” están “contentos” todos los grupos políticos pese a que algunos hagan “un poco de teatro”. En cambio, advertía de que la proximidad de las próximas elecciones autonómicas, que serán en la primavera de 2023, ha dificultado la posibilidad de acuerdo con el PP, pero no parece que haya ocurrido lo mismo con García Oliva.

Este diputado ya fue disidente a la hora de pedir que el lobo no entrase dentro del listado de especies protegidas, y él, a diferencia del PSOE de Cantabria, siguió la línea del partido a nivel nacional negándose a que se pudiesen seguir cazando estos animales.

Por su parte, la diputada socialista Paz de la Cuesta no ha acudido al Pleno parlamentario, por lo que el PSOE solo ha podido aportar cinco votos a favor de la nueva Ley del Suelo.

Según el texto de la futura norma, del que se han aprobado el 60% de las enmiendas propuestas por PP, Ciudadanos y Vox, en todos los municipios de Cantabria se podrán desarrollar durante dos años no solo lo que establece el Plan General, sino también viviendas unifamiliares en suelo rústico. Y pasado ese plazo, en todos aquellos municipios en riesgo de despoblación, treinta y nueve en Cantabria, se podrá seguir funcionando de la misma manera.

En los municipios de menos de 5.000 habitantes se podrá crear un área de desarrollo rural donde se ordene el crecimiento en los cien metros de esa corola del suelo rústico; y lo mismo se podrá hacer en los que tienen entre 5.000 y 10.000 habitantes siempre que los núcleos sean de menos de 250 viviendas. En los de más de 10.000 habitantes, que son 10, dependerá de los planes generales.

De esta forma, esta ley, que es una de las más importantes y de las de mayor calado para la comunidad autónoma, algo reconocido este martes por todas las formaciones, no ha logrado lo que sí consiguió la norma a la que sustituirá, la de 2001: el consenso de la Cámara.

Y es que mientras desde el Gobierno y los partidos que lo sustentan en la Cámara (PRC y PSOE) han defendido que se trata de una “buena” ley, con planteamientos “del siglo XXI”, que contribuirá al “desarrollo más sostenible” de Cantabria y a “dinamizar” su economía, que agilizará los planeamientos urbanísticos de los municipios, el PP y Vox creen que será un retroceso.

De hecho, estas dos formaciones han alertado de que tendrá efectos “devastadores” y “terribles” implicaciones, sobre todo para las zonas rurales por el cambio de regulación de vivienda en suelo rústico que, según han dicho, establece ciudadanos “de primera, de segunda” e incluso “de tercera o cuarta” en función de la población que tenga el municipio en el que vivan.

Por ello, los populares ya han anunciado que si vuelven al Gobierno de Cantabria tras las elecciones autonómicas de 2023 “cambiarán radicalmente” la norma que hoy se aprueba. “No es nuestra ley ni creemos en ella”, ha dicho el diputado del PP Roberto Media, al que desde el PRC le han aconsejado no hacer pronósticos sobre algo que no pueden controlar, como son el resultado de las elecciones.

La vivienda unifamiliar, el gran escollo

Durante la sesión de este día ha vuelto a visibilizarse, a la vista del debate, de que el gran escollo que no ha podido superarse ha sido el de la regulación de la vivienda unifamiliar en suelo rústico.

Y es que la nueva norma introduce cambios significativos en esta cuestión puesto que, una vez que pase la moratoria de dos años que se ha establecido, ya no podrá construirse vivienda unifamiliar en suelo rústico en municipios de más de 10.000 habitantes.

De hecho, en aquellos entre 5.000 y 10.000 solo podrá haber áreas de desarrollo rural para aquellos núcleos que no superen actualmente las 250 viviendas.

Además, se fija como distancia máxima para ejecutar estas viviendas en una corola a 100 metros del núcleo, en lugar de los 200 que había hasta entonces en la mayoría de los municipios.

Tras estos cambios, el PP ha materializado en el Pleno lo que ya venía avisando desde el inicio: que votaría en contra de la ley si se modificaba la regulación hasta ahora vigente sobre la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico al considerar que ésta había funcionado “muy bien” desde que se aprobó en 2012 gracias a un acuerdo entre regionalistas y populares.

El PP ha cumplido su advertencia y ello pese a las llamadas al “consenso” y a la “responsabilidad” que de forma repetida en la sesión le han hecho desde el PRC y también desde otros partidos, como Cs.

“No hemos engañado a nadie desde el primer día. Se lo hemos dicho siempre”, ha afirmado Media, quien ha recordado que su partido ya avisó desde el inicio que mantener la actual regulación sobre la vivienda en suelo rústico era algo “irrenunciable” para el PP y una “línea roja”.

Durante este último debate de la Ley de Suelo, y también en los anteriores, “consenso” ha sido una de las palabras más repetidas por los grupos, aunque finalmente éste no se ha logrado, algo de lo que se han culpado unos y otros.

Mientras desde el PRC, PSOE y Cs han afeado al PP su actitud en la negociación, acusándole de no haberse movido de su postura inicial y no haber tenido capacidad de ceder en la negociación nada para llegar a un acuerdo y buscar solo “la imposición”, los 'populares' han negado este extremo y han subrayado que estaban dispuestos a ceder “en muchas cuestiones” de esta ley, salvo en lo relativo a la vivienda unifamiliar en suelo rústico al considerar que la normativa actual había funcionado “muy bien” y por tanto no debía modificarse.

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha opinado que la voluntad de diálogo y disposición al consenso manifestada por el PP ha sido un “paripé” puesto que, a su juicio, los 'populares' “no han querido” el acuerdo en esta norma nunca y han tenido como único objetivo las negociaciones romper el pacto de Gobierno entre PRC y PSOE, aunque “no lo han conseguido”.

Mientras, el PP ha acusado al PRC de, en esta ley, anteponer a los intereses de los cántabros el mantenimiento del pacto de Gobierno con el PSOE, algo en lo que también ha coincidido Vox, que ha acusado a los regionalistas de, por mantener su “estabilidad política”, haber cedido a la “sobreprotección irracional del suelo rústico” que le ha “impuesto el PSOE.

Por su parte, los dos diputados de Cs han votado a favor de esta ley pese a que han reconocido que “no es” el texto normativo que ellos hubieran propuesto.

Sí creen que la norma que se aprueba “es mejor” que la de 2001 y sus posteriores modificaciones y consideran que “da respuesta a los principales desafíos” de Cantabria en materia de urbanismo y ordenación del territorio. Así, han resaltado que “mejora sustancialmente” la gestión de los planeamientos generales, “agiliza” las licencias y logra “menos burocracia”.

Además, cree que, en lo relativo a la regulación de la vivienda unifamiliar en suelo rústico, se ha llegado a un “punto intermedio” de “equilibrio”.

La ley

Aunque el tema de la vivienda unifamiliar en suelo rústico ha centrado gran parte del debate durante toda la tramitación de la norma, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha opinado que este tema “no es el más relevante ni mucho menos” de todos los que se ocupa esta ley.

Así, ha recordado que la norma tiene casi 300 artículos en los que se regula “de forma minuciosa” todo lo que tiene que ver con el suelo de Cantabria.

El consejero ha defendido los cambios realizados en la regulación de la vivienda en suelo rústico y ha señalado que las modificaciones que se han introducido durante la tramitación la han mejorado y ha contribuido a acercar posturas en busca del acuerdo, algo que finalmente no se ha conseguido.

Antes de que el PP anunciara definitivamente su voto en contra, Gochicoa afirmaba que “no hay justificación alguna” para que todos los grupos no pudieran manifestarse a favor de la ley.

Gochicoa ha defendido que se trata de una “buena” ley que se actualiza y adaptar las nuevas normativas europeas y nacionales, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible como objetivo final de la misma; simplifica y agiliza la redacción y tramitación de los planeamientos generales, sobre todo de los pequeños municipios, manteniendo la seguridad jurídica.

Además, ha señalado que en ella se establece mayor rigurosidad para declarar de Interés Regional una actuación --los PSIR--, dando, sin embargo, mayor agilidad para aprobar dicho proyecto.

Gochicoa ha destacado que la ley también fomenta el desarrollo, la renovación y regeneración urbana del interior de las ciudades, a través de herramientas que servirán para regenerar sus cascos urbanos, centros históricos o edificios, poniendo como ejemplo El Cabildo, en Santander, o La Puebla Vieja de Laredo.

También, según ha dicho, facilita y mejora la regulación de los propios desarrollos de suelos urbanos, así como establece medidas para acometer actuaciones de mejora y de eficiencia energética y de instalaciones de autoconsumo sin tener que modificar los planeamientos, entre otras cuestiones

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