Seis autonomías se suman a la petición de no incrementar la protección al lobo que demanda Cantabria

Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han recabado el apoyo de cinco comunidades más y una ciudad autónoma, así como de las organizaciones agrarias, en contra de la inclusión de esta especie entre las de especial protección, según una información hecha pública por el Gobierno de Cantabria.

En concreto, se han sumado a los cuatros territorios que se extienden al Norte del Duero, País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia, Andalucía y Ceuta, y las Organizaciones de Profesionales Agrarios (OPAS) a nivel nacional.

Según el Gobierno de Cantabria, todas ellas se han adherido a la postura común de las cuatro autonomías, que rechazan la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir al cánido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y que por lo tanto deje de ser especie cinegética.

El consejero de Medio Ambiente cántabro, Guillermo Blanco, ha participado en una reunión telemática con los secretarios generales de las tres OPAS españolas y en la que también han participado las consejerías del ramo de País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia y Andalucía, y de la ciudad autónoma de Ceuta. A estas autonomías, Cantabria les negaba capacidad de decidir sobre el futuro de lobo por la inexistencia o escasa presencia de ejemplares en su territorio, aspecto que parece no pesar tanto a la hora de aceptar su apoyo.

En el encuentro se ha aprobado la 'Carta Abierta en apoyo a una gestión del lobo basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia', abierta a las adhesiones de otras administraciones, organizaciones y entidades, informa el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

Como impulsores de la iniciativa, han participado, junto a Guillermo Blanco, la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez; el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Han participado también el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, y los secretarios generales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, y de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos.

Todos ellos han abogado por la defensa común de una gestión del lobo ibérico basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia, y han reiterado a la ministra Teresa Ribera que “vuelva al escenario del consenso y el diálogo” y, además, “renuncie” a continuar con la tramitación de la inclusión del cánido en el listado.

En este sentido, han considerado que el Ministerio no puede “escudarse” en dictámenes no vinculantes, “ignorando el origen del procedimiento, el rechazo frontal de las comunidades 'loberas' y forzando situaciones inéditas en órganos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas”, en los que el diálogo y el consenso “habían sido las señas de identidad hasta la fecha”.

Además, niegan que la consideración de los “indudables” valores culturales, científicos o ecológicos del lobo sea “incompatible” con su actual estatus legal y recuerdan que dichos valores y el objetivo de conservar la especie son “la piedra angular” de los actuales planes de gestión de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León. Dichos planes quedarían anulado de consumarse la inclusión del cánido en el listado de especies de especial protección.

Y también rechazan que el departamento de Ribera pretenda reducir el marco competencial y de actuación de las comunidades autónomas a la hora de gestionar la especie porque “el actual estatus legal facilita su gestión en base a un sistema de control de ejemplares, y normas cinegéticas autorizadas por la Directiva Hábitats”, tal y como sucede ahora en estas comunidades “de manera eficaz y adecuada”.

Las cuatro reclaman por otro lado “el mismo respeto” hacia el trabajo técnico y científico que desde años se viene realizando en sus territorios que “el que tenemos hacia la independencia del Comité Científico que aboga por incluir al lobo ibérico en el Lespre”, de cuyo dictamen en este caso “discrepamos totalmente”, han expresado.

Extremo que han justificado porque ha sido el Comité en su resolución el que, “a falta de una justificación legal” para incluir al lobo en el listado, considera que otros criterios, como su valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza, “están poco formalizados o no dejan de ser muy subjetivos”.

Así las cosas, las diez comunidades y las organizaciones agrarias que se han adherido a las regiones 'loberas' son partidarias de apoyar la gestión de la especie en el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna.

De este modo, abogan por trabajar en la elaboración de una nueva Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo en España, “partiendo de las lecciones aprendidas de la aplicación de la Estrategia de 2005 y desde la plena lealtad institucional y con la participación de los sectores interesados”.

Entienden que la actual Estrategia “simboliza un punto de encuentro” entre las comunidades responsables de la conservación y gestión directa de la especie y el Ministerio, al ser el marco de referencia en la gestión del lobo que ha permitido incrementar su área de distribución y número de ejemplares en gran parte del país.

Finalmente, ofrecen al Ministerio su colaboración en la elaboración de la nueva Estrategia pero “sin ideas preconcebidas y posicionamientos estrictamente ideológicos”.