Más madera

La dura sentencia del juicio del procés es el lamentable resultado del fracaso de la democracia. Los jueces han acabado haciendo política porque los políticos han hecho de jueces. Nunca debimos llegar hasta aquí, nunca debió dejarse en manos de los tribunales lo que tienen que solucionar los partidos. Pero el Gobierno español le negó la palabra a media Cataluña y el Govern a la otra media, y unos por otros, todos enfrentados. El resultado es el esperado cuando haces todo lo posible por estrellarte: siniestro total.

Quienes crean que ha ganado el Estado de Derecho entienden el derecho como una máquina represora, no como un marco de convivencia. Sí, los líderes procesistas se saltaron el marco, su propio marco autonómico y el marco legal de todos, pero el marco estaba roto y la máxima responsabilidad de restaurarlo era de quienes dirigían el país y prefirieron aplicar las porras con fines partidistas. Querían imponer la unidad de España a golpes y lo que tenemos es una España partida, una Cataluña en llamas, un país exhausto y una democracia demolida.

Vayamos a las condenas. 13 años de cárcel a Junqueras; 12 a Romeva, Turull y Bassa; 11 años y medio a Forcadell; 10 y medio a Forn y Rull y 9 a los 'Jordis'. Dice el Supremo que no ha habido rebelión, que no fue un alzamiento violento para derrocar el orden constitucional, que no hubo golpe, como ha repetido la derecha sin descanso. Dice también que la Declaración Unilateral fue simbólica. Pero si sólo se alteró el orden público como en tantas manifestaciones y la independencia fue un gesto, no una gesta, llamarlo sedición y aplicar máximos penales (como están señalando diversos juristas) ataca a las libertades de expresión y manifestación.

En otras palabras, el 15M, las concentraciones en torno al Congreso o el Parlament y para impedir desahucios o las protestas de ecologistas y feministas, también podrían ser sedición y costar hasta 15 años de cárcel. Más de uno somos sediciosos, entonces. El ejemplo más claro es la condena a los Jordis, activistas sin responsabilidad institucional, a los que se les reconoce su “pacifismo” pero se les aplica una pena de 9 años “para poner en valor su discrepancia frente al orden legal”. Es decir, como discrepas del orden establecido (lo cual es legítimo), para que veas que te valoro, te voy a condenar como si lo hubieras puesto en peligro, aunque la propia sentencia reconoce que no ha sido sido así. Son nuestros derechos los que están en peligro.

La desconexión unilateral y el uso de fondos públicos con ese fin es un delito serio en cualquier país de nuestro entorno, eso tampoco puede negarse por más que lo niegue el independentismo, pero es desproporcionada la pena por una declaración que el tribunal reconoce ficticia y una manifestación sin más altercados que dos coches policiales abollados y llenos de pegatinas, de lo que, por cierto, no tuvieron culpa los encausados, que llamaron repetidamente a la resistencia pasiva no violenta.

El independentismo también debería ser crítico con unos líderes que les hicieron creer una ficción destinada sólo a forzar una negociación del gobierno. Pero en cualquier caso, parecen condenas dirigidas a apuntalar un régimen incuestionable y reprimir una ideología a la que se quiere dar un palo correctivo y, de paso, a cualquier protesta subversiva. Es más madera. Más policía y más incendio en las calles, más profunda la herida, más insalvable el abismo, más rota la convivencia, más difícil la concordia, más intocable el sistema, más lejano el final. El único camino hacia allí es la política.

MARTES A LAS 10H EN CARNECRUDA: LA SENTENCIA DEL PROCÉS

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