Los agricultores profesionales representan sólo el 18,1% del total de declarantes de ingresos agrarios en la región

El grado de profesionalización de la agricultura española a lo largo del periodo 2014-2017 ha aumentado, ya que el número de agricultores profesionales – aquellos cuyos rendimientos agrarios superan el 50% de los rendimientos totales declarados – ha pasado de 194.015 en 2014 a 195.714 en 2017, sin embargo aún son cifras que apenas llegan el 19% del total de declarantes, y en Castilla-La Mancha se queda en el 18,1.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar la serie temporal de datos de los rendimientos agrarios netos declarados a la Agencia tributaria, resalta el incremento de la profesionalización de la agricultura española que implica un aumento de 1,5 puntos en su peso respecto al total declarantes. Sin embargo, estos trabajadores representan todavía un escaso 18,8% del total, lo que indica un limitado nivel de especialización y de profesionalización en el ámbito de la agricultura. Asimismo, en términos de renta, a pesar de su tendencia positiva, los profesionales agrarios todavía se sitúan un 37% por debajo de la renta media del conjunto de la economía, lo que revela la importancia de las ayudas de la PAC en el sostenimiento de las rentas dentro del sector.

También en Castilla-La Mancha el número de agricultores profesionales está por debajo de la media española, aunque ha subido un punto del 2014 a 2017. Según estos datos, en 2014 el número de profesionales agrarios era de. 17,1 y en 2017, se encuentra en el 18,1, una cifra muy inferior al 31% de Castilla-León.

Gran disparidad a nivel regional

A nivel regional, existen notables diferencias en el grado de profesionalización y de renta. En el periodo 2014-2017, el número de declarantes con rendimientos agrarios por encima del 50% aumentó en Andalucía en un 24% y en la Región de Murcia en un 11,4%, mientras que en Asturias y en Cantabria el número de estos declarantes descendió un 19,4% y un 18,5% respectivamente. No obstante, el mayor número de agricultores profesionales se mantiene en Castilla y León (31, 0%), Cantabria (29,5%) y La Rioja (25,6%). En términos de renta, se dieron importantes incrementos en la Comunidad de Madrid, Canarias y Andalucía, mientras que en Cantabria, Castilla y León y Aragón se dieron notables caídas. En Castilla-La Mancha, la renta descendió del 2016 (10.803 euros) al 2017, que se situó en 10.463 euros.

Asimismo, es preciso destacar que, en el caso de Galicia, Asturias y Cantabria, donde se declaran unos rendimientos por debajo de los 8.000 € y por ende la actividad agraria es menos rentable, hay un descenso muy notable en el número de trabajadores por cuenta propia en los últimos años, con caídas de 28,9%, 28,4% y 20,4% entre 2009 y 2018.

Tras analizar estas cifras, Unión de Uniones urge a implementar un nuevo modelo redistributivo orientado hacia el profesional agrario. Aunque se opone rotundamente a una reducción del presupuesto de la futura PAC, considera que este escenario es previsible y la organización considera fundamental rediseñar el modelo de reparto de las ayudas y hacerlas llegar a los que realmente viven de la labor agraria y mantienen vivo el medio rural. Por ello, la organización propone que sea considerado como agricultor genuino en el marco de la futura PAC aquel cuyas rentas agrarias representen, al menos, el 25% de las rentas totales declaradas.

“El Ministerio español, con la legislación en vigor puede y debe hacerlo y no necesita para eso ningún beneplácito de Bruselas, solo hace falta que lo que se dice a los medios de comunicación sobre la eliminación de los agricultores de sofá, se haga realmente” argumentan desde Unión de Uniones.

Según las estimaciones de Unión de uniones, en caso de aplicarse esta definición, con los presupuestos actuales, entre 410 y 670 millones de euros anuales podrían ser redistribuidos y orientados hacia los verdaderos trabajadores del campo, reduciéndose el número de “agricultores de sofá” y aumentando los importes unitarios de los profesionales aun con las pretendidas reducciones de presupuesto contempladas por los estamentos europeos.