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La primera reunión del nuevo Consejo Asesor Agrario aborda el Anteproyecto de Ley de Mujeres Rurales

Reunión del Consejo Asesor Agrario

Pilar Virtudes

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El Consejo Asesor Agrario, reunido hoy en la Consejería, ha revisado el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha que, según ha anunciado en consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, saldrá antes de que acabe esta legislatura, en la primavera del 2019.

Este proyecto es uno de los más importantes que quiere aprobar el consejero en esta legislatura con el objetivo de que “las mujeres rurales tenga visibilidad real en el campo y en los pueblos, en las empresas particulares y en la representación de los interés de la gente que vive en el campo en igualdad de condiciones respecto a los hombres”, ha señalado Martínez Arroyo.

Este estatuto regulará los derechos de las mujeres en la agricultura y la ganadería, reconociendo la titularidad compartida e impulsará proyectos de vida de mujeres.

Este es uno de los temas principales que se han tratado en la primera reunión del nuevo Consejo Asesor Agrario, ya que, aunque el organismo ya existía, ha sufrido varios cambios en su composición con el fin de “hacerlo más ágil y que pueda tomar decisiones de manera más rápida”, según ha señalado el consejero momento antes de la reunión.

Este organismo ha quedado integrado con esta nueva composición por las organizaciones agrarias, ASAJA, UPA y COAG, por los sindicatos UGT y CCOO, además de CECAM y FADEMUR en representación de las mujeres rurales.

Además del Anteproyecto de Ley mencionado, el consejero ha dado cuenta al Consejo Asesor de la reunión que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido esta misma semana con los representantes del Parlamento Europeo en la Comisión de Agricultura sobre la reforma de la PAC y donde ha defendido un presupuesto suficiente que sea al menos como el que ha tenido la región hasta ahora.

El consejero ha recordado que la PAC en la región supone 900 millones de euros y “no estamos dispuestos a perder ni un solo céntimo”.

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