El aparejador que denunció “malversación” en las obras del nuevo Hospital será sometido a juicio por calumnias
En agosto de 2011, poco después del cambio de gobierno en la Junta de Comunidades y cuando se empezaba a cuestionar el futuro de las obras del nuevo Hospital de Toledo que se construía en el Polígono, el periódico ABC se hizo eco en dos sucesivas ediciones de las graves acusaciones formuladas por uno de los dos aparejadores que habían trabajado en dicha obra, Enrique Gil Rodríguez, contra la dirección facultativa que ejercía Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros. Gil, que había sido apartado de la obra en marzo de ese año, llegó a hablar de malversación y facilitó datos sobre supuestos sobrecostes que achacaba a los arquitectos y que dio pie a que el SESCAM a través del mismo medio anunciase su intención de revisar las posibles irregularidades denunciadas.
El estudio de arquitectura TASH, que había rescindido el contrato con Gil, trató de defender su actuación antes los responsables administrativos, y señalaron que las modificaciones y precios que a Gil le parecían desmesurados o injustificados habían recibido su visto bueno como aparejador. Ello no impidió que el Gobierno regional materializase su intención de rescindir el contrato tanto con las constructoras en enero del año siguiente, como con los arquitectos en marzo, paralizando la obra hasta hoy.
Las afirmaciones de Gil fueron denunciadas por el Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros y el Juzgado nº 5 de Toledo finalmente acaba de ordenar la apertura de juicio oral contra aquel por unos hechos que, como señala el auto al que eldiario.es/clm ha tenido acceso, “indiciariamente podrían ser constitutivos de delito de calumnia”.
Lo relevante de este asunto, más allá de cual sea el resultado final del juicio, es que Gil proporcionó “munición” para que los altos cargos de la Junta, y muy en especial el consejero de Presidencia Leandro Esteban, difundiesen dudas en torno a la gestión de la obra con declaraciones que exageraban su tamaño o sus costes, además de emplear calificativos que desacreditaban lo hecho hasta entonces. Se llegó incluso a dudar de la validez de la licencia otorgada.
Todavía la decisión de rescisión del contrato a TASH está pendiente de otro juicio que podría comprometer el reinicio de las obras que parece pretender el Gobierno regional con una licitación que se prevé “inminente” y que, además de recortar el proyecto inicial de la obra, prevé privatizar los servicios nos sanitarios, conformando un “paquete” que asuma el adjudicatario. Existen dudas sobre la viabilidad económica de este modelo, pese a que la administración regional, se compromete a asumir con un canon anual la amortización del coste de obra, de su financiación y el pago de los servicios, y de hecho ha trascendido que existen presiones políticas a las grandes constructoras para que concurran a la licitación.
