Cerca de 11.000 desempleados se podrán beneficiar de la nueva convocatoria del Plan de Empleo
El Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva convocatoria dentro del Plan de Empleo 2018-2020 para la contratación, por parte de los ayuntamientos o entidades sin ánimo de lucro, de personas desempleadas o en riesgo de exclusión social. Esta convocatoria se enmarca dentro del primero de los ejes del nuevo Plan, aprobado por el presidente regional y los agentes sociales el pasado mes de abril.
El importe de la convocatoria es de 55,5 millones de euros, de los que 53,4 irán destinados a entidades locales y algo más de dos millones de euros a entidades sin ánimo de lucro. “El objetivo es llegar a 11.000 personas desempleadas durante más de un año, que estén en la franja de edad de entre 25 y 65 años y que no perciben ni prestación ni subsidio por desempleo”, ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.
Esta nueva convocatoria facilitará además la posibilidad de contratar a menores de 25 y mayores de 65 cuando tuvieran responsabilidades familiares o si son priorizados por las oficinas de empleo, aquellos que cotizaron como autónomos, al menos dos años, que hayan agotado su prestación por cese de actividad o una prestación por desempleo a nivel contributivo, personas que pertenezcan a familias en las que ningún miembro tenga empleo, personas que hayan estado fuera del mercado de trabajo por haber sido cuidadoras de personas dependientes, personas con discapacidad y mujeres víctimas de la violencia de género.
El Gobierno regional ha pedido la colaboración de diputaciones provinciales y ayuntamientos en esta nueva convocatoria. “Participan todas las diputaciones de la región a excepción de la Diputación de Cuenca que nuevamente ha decidido declinar su participación en este plan”, ha señalado Patricia Franco.
En términos generales, la aportación que realizará la Junta para la contratación será del 53%, mientras que la financiación de las diputaciones provinciales será de un 47%. “Además y como ya hicimos en la anterior convocatoria, nos reservamos un 25% del total de contrataciones para personas en situación de exclusión social que vengan dirigidas de los Servicios Sociales”, explica Franco.
Novedades de la convocatoria
Entre las novedades de esta nueva convocatoria destaca que en esta ocasión la Junta solicita a las entidades locales su adhesión al programa. “Esta adhesión supone un compromiso de contratación por parte de las entidades locales de al menos el 60% de las personas asignadas con carácter previo y estas personas se asignarán según el porcentaje de paro de larga duración que tiene cada municipio”, explica la consejera de Economía.
“El Ayuntamiento de Albacete es el que más contrataciones podría realizar en el marco de este Plan, seguido de Talavera de la Reina, Ciudad Real o Puertollano. Para que un ayuntamiento participe en esta convocatoria tiene que adherirse al programa. Esta adhesión le compromete a realizar la contratación de al menos el 60% del total de contrataciones estimadas o asignadas”, asegura Franco. Por ejemplo, en el caso de Albacete, donde la previsión en el número de contratos asignados es de 934, si quisiera sumarse a esta convocatoria, tendría que realizar al menos el 60% de estos contratos, es decir 561.
Otra de las novedades de esta convocatoria vendrá determinada por la subida del Salario Mínimo Interprofesional así como por la nueva normativa de zonas prioritarias o de las zonas ITIS. La convocatoria se publicará la próxima semana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con un plazo de diez días para que los ayuntamientos hagan las solicitudes, y se espera que en la tercera o cuarta semana de julio se haga pública la resolución definitiva, aunque los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro pueden empezar antes las contrataciones.
“El plazo con el que cuentan las entidades beneficiarias para iniciar el primer proyecto es de dos meses desde la fecha de resolución y con ello les anticipamos el 75% de la financiación, el 25% a la finalización del proyecto, donde los ayuntamientos tienen dos meses para llevar a cabo la justificación de gastos”, ha explicado Patricia Franco. La duración de los contratos será de seis meses aunque con carácter excepcional se podrán llevar contrataciones por un tiempo inferior, aunque la ayuda, en ese caso, disminuirá.
