El “engaño” del Gobierno de Rajoy con el límite legal del trasvase Tajo-Segura
Ha bastado que los pantanos de cabecera del Tajo se encuentren en estado de emergencia, por debajo de los 400 hectómetros cúbicos fijados como mínimo para declarar al río no trasvasable, para que el Ministerio de Agricultura, en menos de 24 horas, se haya sacado de la manga otro baremo, rebajando hasta en 100 hectómetros el límite legal. Con ello abre la posibilidad de que se puedan aprobar más trasvases a la cuenca del Segura, además del último decretado en julio. Con ello, el Gobierno de Mariano Rajoy no solo se rectifica a sí mismo sino que también echa por tierra las declaraciones realizadas hace un año por la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que dio por bueno ese baremo y aseguró que con ello se garantizaba el agua para todos los castellano-manchegos.
Tras conocerse la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía, abastecedores de la cuenca cedente del Tajo (almacenan 396 hm3 al cierre de esta noticia), y después de las peticiones del Gobierno regional y de la Asociación de Municipios Ribereños para anular el último trasvase, el Ministerio ha salido al paso haciendo pública una nota informativa en la que viene a defender su gestión del trasvase Tajo-Segura. Llega incluso a afirmar que se “aplica escrupulosamente la normativa vigente”. Para ello se agarra la Ley de Evaluación Ambiental y al decreto de septiembre de 2014 para calcular los recursos trasvasables desde la cuenca decente.
El Ministerio dice ahora que, según esas reglas, el nivel de referencia en 2015 es de 304 hectómetros cúbicos. Indica que la Ley de Evaluación Ambiental establece en 400 hectómetros el nivel de referencia para la definición de excedentes trasvasables en la cabecera del Tajo, pero que también establece un “régimen transitorio” para alcanzar progresivamente ese nivel en un máximo de cinco años.
Se agarra a que la Ley de Evaluación Ambiental también establece ese régimen transitorio, que pasa gradualmente del anterior nivel de referencia de 240 hectómetros (establecido en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001) a los 400 actuales, a razón de 32 hectómetros al año. “Por tanto, el nivel de referencia durante 2015 es de 304 hectómetros ”, apostilla el Gobierno.
Es decir, ahora se pueden trasvasar hasta 100 hectómetros cúbicos más de lo que en un principio se aprobó. Un argumento que contrasta con las informaciones hechas públicas por el propio Ministerio, departamento que en marzo de 2014 estableció que a partir de ese momento el umbral mínimo no trasvasable por el Acueducto Tajo-Segura se establecía de manera permanente en 400 hectómetros, según esa misma Ley de Evaluación Ambiental.
Hasta la propia Cospedal defendió en septiembre del año pasado que el mencionado decreto garantizaba “el volumen mínimo de agua en la región en 400 hectómetros cúbicos” y que con ello se “defendía el derecho de los castellano-manchegos al agua con esfuerzo, responsabilidad y sin hacer peleas”.
Para el Gobierno de Castilla-La Mancha se trata de un “engaño”. “Nos engañaron a todos”, afirma el Ejecutivo regional, cuando en su día se anunció el “histórico” acuerdo alcanzado entre las cinco comunidades autónomas dependientes del Tajo, gobernadas por el PP, para elevar a 400 hectómetros cúbicos la reserva de agua en los embalses de cabecera para poder trasvasar. Detrás de este acuerdo “había letra pequeña y truco” haciendo creer a los castellano-manchegos“ que con esa reserva legal en Entrepeñas y Buendía ”el Tajo es un río digno“.
El Ministerio no solamente abre la posibilidad de trasvasar hasta 100 hectómetros cúbicos más de agua, con los pantanos de cabecera a tan solo el 16,4% de su capacidad, sino que ignora que de esos 396 hectómetros cúbicos que almacenan a día de hoy, una buena parte son fango y sedimento y no sirven para el abastecimiento, tal y como ha recordado hoy la consejera de Fomento y como han venido reiterando desde hace meses las plataformas en defensa del Tajo y las asociaciones ciudadanas de afectados por el trasvase.
