La Justicia castellanomanchega pide dotar de protección adecuada a los trabajadores de ambulancias

Se multiplican las medidas judiciales que solicitan mayor protección para los trabajadores del sector sanitario en su trabajo contra la pandemia de COVID-19. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado parcialmente la solicitud de medidas cautelares realizada por el sindicato USO contra Consejería de Sanidad de la Administración regional y las empresas concesionarias del servicio de la región. Esta petición se basaba en la “grave situación de falta y escasez” de protección de los trabajadores del transporte sanitario.   

En el requerimiento judicial, al que ha tenido acceso eldiarioclm.es, el tribunal solicita a las empresas de servicios socio-sanitarios generales Digamar Servicios, UTE SSGDigamar, Consorci del Transport Sanitari Regió de Girona, Nuevas Ambulancias Soria, UTE Consorci Del Transport Sanitari Regio Girona y Nuevas Ambulancias Soria UTE Ambulancias, que provean de equipos de protección individual (EPI) a todos los servicios de ambulancias de Castilla-La Mancha, tanto urgentes, como no urgentes.

La solicitud lo exige con carácter inmediato, dando un plazo de cumplimiento de 24 horas para facilitar todo el material necesario para la protección de los trabajadores de los servicios de transporte sanitario terrestre.

 Entre el material citado se encuentran: mascarillas autofiltrantes FFP2 o FFP3, guantes y/o ropa de protección que cumplan la normativa estipuladay protectores oculares certificados para asegurar la protección integral de los trabajadores sanitarios de transporte.

Falta de oferta de material

El propio Tribunal Superior de Justicia reconoce que al no ser posible la entrega del material en 24 horas por la falta de oferta en el mercado de este tipo de equipos, debe cumplirse “a la mayor brevedad posible”.

 Asimismo, insta al cumplimiento del protocolo de limpieza de la ropa de trabajo, de tal forma, que se deposite la ropa susceptible de ser contaminada en un depósito seguro en la base de trabajo, para su posterior recogida y limpieza por la empresa concesionaria, según establece la normativa.

Por su parte, el sindicato UGT también se ha unido a esta ofensiva judicial al interponer cuatro denuncias en los juzgados de lo Social que se suman a la registrada la semana pasada en Guadalajara, denunciando a las empresas de transporte de las cinco provincias castellanomanchegas por no dotar de los EPI necesarios a los profesionales “a pesar del alto riesgo de contagio de COVID-19 al que están expuestos”.

“La situación sigue siendo igual de dramática”

Tras varias semanas exigiendo medios de protección para todo el personal del transporte sanitario tanto a las empresas como al SESCAM, la situación “sigue siendo igual de dramática”, apunta el secretario de Organización de FeSP UGT CLM y responsable del ámbito de Sanidad, José Manuel Pinillos. Detalla que de los 1.600 profesionales de la región del transporte sanitario, más de 120 se encuentran de baja actualmente, bien por haber dado positivo en COVID-19 o por sospecha de casos no confirmados.

“Después de que el Gobierno de la nación haya reconocido lo obvio, es decir, que los contagios entre sanitarios se deben a la falta de protección, estas empresas continúan sin poner los medios de seguridad mínimos imprescindibles para poder realizar una labor como es la de atender a pacientes en sus domicilios y trasladarlos a los centros sanitarios”, afirma.

UGT ha interpuesto varias denuncias a la Inspección de Trabajo, pero llegados a un punto en el que las empresas continúan sin dar respuesta se ha optado por la denuncia judicial con el objetivo de que sea el juzgado a través de la imposición de medidas cautelarísimas quien obligue a las empresas a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias.