El candidato del PP al Senado en Guadalajara acumula hasta siete imputaciones
Juan Pablo Sánchez-Seco lidera la lista electoral al Senado por el Partido Popular por la provincia de Guadalajara. Una elección cuestionable, ya que Sánchez-Seco tiene abiertas actualmente siete imputaciones ante la Audiencia Provincial, acusado de diversos delitos de prevaricación durante su mandato como alcalde de la localidad alcarreña de Pastrana, tal y como ha denunciado públicamente el PSOE provincial. De hecho, el diputado socialista José Luis Escudero ha señalado que su inclusión en las listas sólo tiene como objetivo lograr el aforamiento “para no enfrentarse a las imputaciones”. Por su parte, Sánchez-Seco ha anunciado que se trata de denuncias “ya archivadas”.
Las imputaciones se deben a denuncias hechas en contra de Sánchez-Seco durante su mandato como alcalde de Pastrana, al haber otorgado licencias municipales a pesar de no contar con técnicos municipales, “a plena consciencia” de haber llevado a cabo procedimientos ilegales. Fernando Jabonero, el denunciante, ha señalado que, aunque los Juzgados archivaron las denuncias, se recurrieron los archivos ante la Audiencia provincial, por lo que la imputación se mantiene, por lo menos, hasta diciembre.
El PSOE ha señalado la decisión del PP como uno de los episodios políticos “más oscuros de los últimos tiempos” y ha pedido la dimisión “inmediata” de Sánchez-Seco como diputado, recordando también su labor como subdelegado de Gobierno en Guadalajara, acusándolo de ser el “responsable principal de manipular” los datos de las últimas elecciones municipales y regionales, cuando atribuyó al Partido Popular la mayoría absoluta en la Diputación de Guadalajara.
No es el único candidato con una situación discutible en Castilla-La Mancha. El número dos por Toledo, Arturo García-Tizón, ha sido ya citado para comparecer ante una Comisión Espacial de Investigación de la Diputación de Toledo, que se encargará de esclarecer si el antiguo Gobierno provincial reformó y usó viviendas públicas para su uso personal. PSOE e IU acusaron al equipo de García-Tizón de usar pisos en Toledo para “cambiarse y ver la procesión del Corpus Christi”. No es la única comisión a la que se enfrenta, ya que también se abrirá sendos grupos de trabajo para estudiar la gestión en el “mini zoo” de la finca el Borril y en el cuestionado parque de Ciudad de Vascos.
Pero, además, Arturo García-Tizón ha sido señalado como parte del llamado 'caso Naseiro', una 'caja B' del Partido Popular a cargo del primer tesorero de la formación, Rosendo Naseiro. Tal como señala la información desvelada por eldiario.es, Arturo García-Tizón, secretario general de la Alianza Popular, se relacionó directamente con esta financión opaca de los principios del Partido Popular, al pedir la apertura de una cuenta “opaca” en el Banco de Fomento en 1987 y también la firma de 39 de los 51 cheques que se realizaron desde esta cuenta. García-Tizón respondió ante estas informaciones que “no recordaba cómo se hizo aquello” ni tampoco se firmó o no cheques desde esta cuenta.
Rafael Catalá, actual Ministro de Justicia, fue elegido como cabeza de lista por la provincia de Cuenca. El PP de la provincia no recibió bien este anuncio, y el malestar por el 'intruso' ha sido denunciado públicamente por dirigentes locales, como el exalcalde de Motilla del Palancar, Jesús Ángel Gómez. Gómez ha calificado la decisión de su formación como un “insulto a los militantes y a tanta gente preparada que hay en el PP de Cuenca para representarnos”. El alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, intentó suavizar a Gómez señalando que “nadie viene impuesto”, e insinuando que el exedil tenía “aspiraciones personales” en el proceso.
La número dos por Cuenca, María Jesús Bonilla, se encuentra inmersa en un polémico proceso por el que podría ser inhabilitada para administrar bienes ajenos durante dos años, debido a un proceso de concurso de acreedores de la empresa municipal Tainsa en Tarancón. Bonilla era alcaldesa de la localidad conquense mientras se realizaba el concurso de acreedores de la localidad, y ha sido señalada por un informe de calificación de la administradora concursal, junto a otros exconcejales del PP y miembros del Consejo de Administración, por ser “culpables por la inexactitud grave del inventario” o responsables de una “incorrecta valoración de existencias”, según señalaba la Tribuna de Cuenca a finales de octubre. Bonilla es ya diputada nacional por el Partido Popular.
