Cacicadas

Hoy vamos a hablar de cacicadas. La RAE dice que un cacique es “una persona que en un pueblo o comarca ejerce influencia excesiva en asuntos políticos”, y, en una segunda aceptación, la “persona que, en una colectividad o grupo, ejerce un poder abusivo”.

 Los caciques eran / son personajes de la vida política, económica y social que controlan localidades, comarcas y provincias. Ocupan alcaldías, diputaciones, gobiernos civiles, eran curas u obispos, terratenientes, médicos, o cualquier otro personaje que, con algún poder de decisión, disponían de las voluntades ajenas a placer, prácticamente sin restricciones. Hoy, el ejercicio de las libertades, la mayor formación y educación de la población o la mayor capacidad de información y movilidad geográfica, hace que la labor del cacique se dificulte. Pero los hay.

Como siempre los hay buenos y malos, como en todo. Personas que gobiernan y deciden con acierto y, en política, eso se traduce en reelección y revalidación de la confianza por parte de los beneficiarios de su buen hacer. Lo vemos sobre todo en la vida municipal. Hay alcaldes que una y otra vez sus electores les confirmaman, elección tras elección, en el cargo, probablemente tras año mostrar sintonía con sus convecinos, porque estos ven en su gobierno una dedicación sin desaliento, con logros indudables para el bienestar de la comunidad y , con ello, les perdonan los pequeños fallos que, como humanos, podrían haber cometido.

La Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 determina que los alcaldes, como máxima autoridad municipal, son los garantes de hacerla cumplir. Hay ejemplos en nuestra región que han dado muestras de gran celo en ello, como Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas, con casi cuarenta años de ejercicio en el cargo y que merece mayor reconocimiento por promover la compra y rehabilitaciones como la Bodega Grande, musealizada, la Fuente Vieja o el acondicionamiento de la finca de Torrique; o Román Rivero Nieto, que fuera alcalde de Miguelturra que ha realizado una amplia labor de conservación y divulgación del patrimonio cultural, material e inmaterial, de su localidad y, por cambiar de partido, citar al también muy estimado por sus convecinos Mauricio Martínez, alcalde que fue de Valdarachas.

Hoy vamos a hablar del alcalde de Lillo, Julián Sánchez Casas, médico de profesión y dedicado a la política municipal desde 1991. Sus vecinos le han premiado con la reelección por su dedicación, iniciativas y tesón en varias legislaturas, bajo las siglas del PSOE o como independiente. Ello no quita a que haya cometido uno de los mayores atentados contra el patrimonio cultural de la región: la creación del que ha llamado ‘Centro de Educación Arqueoambiental’, aprovechando el yacimiento arqueológico de Dancos, situado junto a la ermita de la Esperanza, edificando un complejo que pretende ser un parque zoológico de “animales silvestres ibéricos”, con acuario, lago y centro de recuperación de animales silvestres. Un verdadero atentado a nuestro patrimonio arqueológico, natural y paisajístico.

Tras realizar un “descansadero” de la ruta del Quijote en el lugar con fondos europeos, ya en 2008 se realizaron obras de acondicionamiento de área de esparcimiento en el entorno de la ermita, con adecuación del terreno, instalación de vallado de madera, instalación mobiliario y cartelería y zona de juegos infantiles. Para ejecutarlo hizo falta una Resolución de 12 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, adoptando la decisión de “no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de adecuación ambiental y ordenación del uso social del entorno de la ermita de la Virgen de la Esperanza de Lillo. Una intervención a la que, por cierto, no contestó la Asociación Castellanomanchega de Defensa del Patrimonio Natural (ACMADEN), ni el colectivo ecologista MASIEGA, ESPARVEL, ADENA ni la SEO. Ya la Secretaría de Estado de Cambio Climático determinaba balizar la superficie de afección ”con la finalidad de evitar la afección sobre el pastizal que se localiza al oeste de la misma“, e indicando que las ”plantaciones previstas deberán utilizarse especies autóctonas“, ni una ni otra recomendación se han cumplido.

Para justificar el proyecto del ‘Centro de Educación Arqueoambiental’ lo ha dotado de instalaciones que incluyen despachos, quirófano, sala de autopsias, almacenes y servicios sanitarios. Todo ello, iniciativa municipal en una localidad con apenas 2.500 habitantes y con un magro presupuesto municipal. Nos preguntamos si para llevar a cabo el mismo se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- La afectación de la zona arqueológica, ya que junto a la ermita de la Virgen de la Esperanza hay un yacimiento con restos, en 70 Ha., de la IIª Edad del Hierro, romanos y medievales (Dancos).

- El impacto sobre el paisaje. Primero porque se ha sustituido un paraje lagunar por un complejo zoológico, y porque no es lo mismo un edificio religioso del s. XVIII que unos edificios contemporáneos, algunos realizados con una calidad edificatoria propia del uso al que se destinan.

-  Por último, la realización de un parque zoológico disfrazado de centro de recuperación de fauna autóctona, no es de recibo con la percepción de la sensibilidad por el bienestar animal actual.

Por no hablar -eso lo decidirán los vecinos de la población en las siguientes elecciones- del coste económico del proyecto, a todas luces excesivamente gravoso para una economía tan modesta como la que tiene el ayuntamiento lillero, población que apenas cuenta con 2.561 habitantes.

De hecho, ya están pagando los servicios de mantenimiento que supone el haber comprado parte de los animales a exhibir en instalaciones ajenas. Tener un centro de ‘educación medioambiental’ que acoge a fauna ibérica supone un ámbito peninsular para unos recursos muy limitados que hemos de suponer necesitarán ayudas externas para su mantenimiento.

Como referencia, y dado que no cuentan con una infraestructura adecuada para su gestión, ya se ha firmado un convenio con la Fundación Global Nature para ello y buscado la colaboración con el Centro Medioambiental para la difusión de la fauna y flora de los humedales manchegos.

Recientemente Terra Natura de Benidorm ha ‘cedido’ un águila perdicera y un ratonero común “para sus programas de reproducción y educativos”. Nos preguntamos si ya tiene la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad una red de centros de recuperación de fauna amenazada en la región, entre los que se encuentra el Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas (CERI) de Sevilleja de la Jara. ¿Requerirá el alcalde de Lillo ahora ayuda de la Junta de Comunidades para el mantenimiento de su centro?