Financiación pública mínima para la UCLM

La financiación de la UCLM por parte del Gobierno regional debería estar vinculada a un contrato programa negociado por ambas partes, con un mínimo de cobertura de los gastos de estructura de la UCLM, muy lejos de lo que ha ocurrido los últimos cuatro años. En el sistema universitario español no se pone en cuestión la necesidad de la financiación pública como elemento esencial para el mantenimiento de dicho sistema. La cuestión radica en definir cuál debe ser esa aportación.

En el caso concreto de la UCLM, la financiación que tiene que aportar la Junta se debe descomponer en una parte fija, esencial para el mantenimiento de la Universidad, y una parte variable, definida a través de los contratos programa, que estará condicionada a la consecución de una serie de objetivos estratégicos que deberán ser definidos en el Plan estratégico de la UCLM. Hablaremos en estas líneas de la parte fija de financiación.

Esta parte de financiación, ligada al funcionamiento corriente de la UCLM, puede ser calculada en función de dos criterios: cobertura de los gastos de operaciones corrientes y cobertura de gastos de personal y estructurales de la Universidad. Si hacemos el cálculo en función de la media nacional de cobertura de los gastos por operaciones corrientes de la Universidad, podemos observar cómo, en el sistema universitario español, según cifras del propio Ministerio de Educación, las aportaciones de las consejerías de Educación a las distintas universidades públicas se han situado por encima del 80% de los gastos por operaciones corrientes en los que han incurrido éstas últimas. Cifras similares pueden observarse en el conjunto de universidades europeas.

Por desgracia, en nuestro caso, estos importes de aportación de la Junta negociados por el equipo de gobierno de la UCLM, durante los últimos cuatro años, se han situado en torno al 65% de los gastos corrientes, 15 puntos de diferencia negativa respecto a la media nacional. Por lo tanto, indudablemente, al nuevo equipo de gobierno de la UCLM que salga de las urnas el 9 de febrero se le plantea la urgente necesidad de recuperar esta brecha entre la financiación de la universidad regional y la media de las universidades públicas españolas.

Durante los últimos cuatro años, la media de los gastos de operaciones corrientes de la UCLM, una vez realizados numerosos recortes, asciende a 175 millones de euros o superior a los 185 millones si solamente consideramos los dos últimos ejercicios. En el contexto financiero y presupuestario de nuestra Universidad, si la Junta quiere igualar la situación de la UCLM con la media nacional, debería de aprobar un ingreso mínimo para financiar el funcionamiento de la universidad de, aproximadamente, 147 millones de euros.

Si en lugar de utilizar como referencia la media nacional de cobertura de gastos corrientes, utilizamos la cobertura de costes de estructura de la UCLM, podemos afirmar, en este caso concreto, que una gran parte de los costes de operaciones corrientes y, sobre todo, los gastos ligados al capítulo 1, personal, son costes fijos (costes de estructura) por la propia disposición geográfica que tiene la UCLM, con presencia física en en seis sedes a lo largo del territorio de nuestra Comunidad Autónoma. En la UCLM, incurrimos en un promedio de gastos de personal anuales, en los últimos cuatro ejercicios, entorno a los 135 millones de euros, que representan casi un 80% del total de gastos de operaciones corrientes.

Financiación de la Junta de gastos de estructura y de personal

En definitiva, a nuestro entender, estos gastos de estructura, y fundamentalmente los de personal afectos a presupuesto deberían ser financiados exclusivamente con las aportaciones que realiza la Junta, siendo estos gastos de estructura el límite mínimo al que debería ascender dichas aportaciones. Aproximándonos a una cifra mínima de financiación, la aportación no debería bajar nunca del 110% de los gastos de personal, aún en periodo de crisis económica, de forma que se consiga la financiación de parte del resto de gastos de estructura de una forma estable. Eso implicaría un ingreso de la Junta por encima de los 148 millones de euros, que se aproximan a la media que las Universidades públicas española están recibiendo, como se ha indicado anteriormente.

Podemos observar cómo, en ambos casos, la nominativa que habría que negociar debería aproximarse a estas cantidades. Además, al margen de estas cuantías básicas, vinculado al contrato programa y a la elaboración de un plan estratégico, como he mencionado, se deberían negociar, en cada momento y con la correspondiente planificación plurianual, las cuantías añadidas para dar cumplimiento a la programación establecida en ese plan estratégico de la UCLM.

Si observamos el presupuesto de la UCLM para el ejercicio 2015, el equipo de gobierno nos proponía unas transferencias por parte del Gobierno regional de 123 millones de euros, aunque si bien es cierto que hemos tenido que sobrevivir con unas transferencias anuales medias que no han superado los 100 millones de euros estos últimos cuatro años.

Esta cuantía implica la necesidad de incrementar el presupuesto de la Junta en, al menos, un 20%, si queremos aproximarnos a las necesidades mínimas de funcionamiento que requiere nuestra Universidad Regional. Siendo conscientes de las limitaciones presupuestarias, quizás la recuperación del terreno perdido no podrá hacerse en un único ejercicio, pudiendo negociarse la opción de hacerlo a lo largo de los próximos ejercicios, de forma que se produjese un incremento de la nominativa para la UCLM en el ejercicio 2016 de entre un 5-8% y de un 12-15% en el ejercicio 2017, de tal forma que los costes de estructura vinculados al funcionamiento de la UCLM estuviesen correctamente financiados con fondos públicos.

De esta forma la UCLM tendría financiación suficiente para poder poner en marcha un nuevo proyecto de Universidad que le permita situarse en las posiciones de relevancia que jamás debió perder.