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Impunidad

Vistas de Toledo desde el Cigarral El Bosque

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La impunidad de aquellos que atentan contra nuestro patrimonio cultural está conformando un modelo de ciudad prostituida. Los proxenetas son aquellos que especulan con el patrimonio para lucrarse, destruyendo al mismo tiempo aquello que origina su beneficio. Especulativo porque saben que el suelo sobre el que construyen, el que usan para fines lucrativos, multiplica exponencialmente la rentabilidad aún, a costa del perjuicio que causan al bien común, que en este caso se llama, repetimos, Nuestro Patrimonio Cultural.

Buscan resquicios en la ley o, directamente, la incumplen. Ocurre con los apartamentos turísticos y ocurrió en su día con los hoteles. A este último apartado dedicaremos hoy nuestras líneas. Impunidad que, como veremos, lleva a repetir una y otra vez esta práctica criminal.

Viene de lejos. En una ciudad arrasada por una guerra civil, que había dejado expedito unos solares inmensos en el frente de batalla, alrededor del Alcázar, se construyeron edificios de volúmenes no vistos hasta entonces en la ciudad. El Hotel Alfonso VI se encuentra en un programa urbanístico que incluye los bloques sindicales, el Hotel Toledo Imperial o los bloques de las calles Cervantes, de la Paz y de la Unión.

Medianeras descomunales que taparon la vista del Alcázar desde el exterior de la ciudad y se elevan, desproporcionadas, rompiendo la escala que marca la topografía hacia la Cuesta de los Pascuales y Plaza del Seco.

Se repitió de nuevo, ya en época democrática, con el complejo hostelero que se construyó enfrente de la Puerta del Cambrón. De nada sirvieron las políticas que a lo largo de decenios habían logrado aislar las puertas y murallas de la ciudad en todo su fachada Norte.

La vista se acostumbró a ver ese volumen edificatorio ocupado hoy por la Federación Empresarial Toledana, la misma que veía una zanja y cuatro monedas en la Vega y que construyó otra sede junto al Castillo de San Servando. Una construcción declarada ilegal por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha en una sentencia que nunca se cumplió.

Como ocurrió con Caravantes, donde se edificaron más volúmenes que los permitidos y que otra vez el citado Tribunal Superior sentenció la ilegalidad de la construcción. La impunidad hace que se vaya más allá y, retorciendo la normativa vigente del POM de 1986, se reunieron varias parcelas del Sector Cigarrales y se construyó uno solo edificio: El Hotel del Bosque, verdadero atentado al paisaje y a las vistas de la ciudad. Todo legal pero inmoral y antiestético. Un verdadero atentado al patrimonio cultural.

Y ahora presenciamos un nuevo capítulo con el llamado “Hotel de la Cava”. Probablemente, se vuelva a repetir la historia de impunidad y un atentado contra la tan maltratada capital regional, cometiendo otra vez un crimen contra el Patrimonio Cultural y Natural. Por medio nos dejamos los abusos sobre la norma, como aquella que permite ciertos usos hoteleros del suelo para luego recalificar, como ocurrió con el edificio Colón, otra que permite construir un tanto por ciento más de volumen para usos hoteleros y, de nuevo, ver como se recalifica a uso residencial o comercial, o la permisividad en utilizar azoteas para uso hostelero cubriendo con superficies acristaladas o entoldadas nuevos volúmenes.

¿Es evitable? Creemos que sí. La norma la hacen las personas, los partidos políticos, las instituciones representativas: plenos municipales, cortes regionales y nacionales, y, afortunadamente, tenemos un sistema garantista con viarios niveles de responsabilidad institucional. ¡Qué un ayuntamiento legisla en favor de determinados intereses! Para eso está la labor tutelar de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. ¿Qué la comunidad autónoma no ejerce correctamente su gestión en este campo? Ahí está el Estado como garante de los deberes constitucionales. Y, si no, nos lo ha demostrado la Plataforma Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura. En Estrasburgo están las instituciones europeas para reivindicar el cumplimiento por parte de las instituciones del Estado miembro, sus obligaciones para con el Patrimonio cultural y natural. 

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