Una PAC para los valientes

Ha llegado el momento de empezar a posicionarse sobre los primeros documentos de la Comisión Europea para la nueva Política Agraria Común (PAC). Parece que se trata de una propuesta de su presidenta, Ursula von der Leyen, a la vista de la escasa participación, hasta ahora, del comisario de Agricultura. 

Una de las novedades más relevantes de las ideas de la Comisión Europea para 2028-2034, es la creación de un nuevo fondo -a gestionar mediante planes estratégicos nacionales- para la política agraria (la PAC), pesquera, la política regional y los fondos de cohesión, entre otras, dotado con 865.000 millones de euros. De ellos, para la PAC se reservan 300.000 millones de euros -293.700 para apoyo a los ingresos de los agricultores y 6.300 para crisis de mercados-, de los que España, según acaba de anunciar la Comisión, recibiría 37.235 millones de euros, una cifra alrededor de un 20% menor a la del periodo 2020-2027, pero algo superior en términos relativos, un 12,68% del total del presupuesto PAC. 

Las cifras no parecen muy halagüeñas, y más en un presupuesto comunitario que debería ser expansivo, para afrontar todos los retos políticos de primer orden a los que tendrá que hacer frente la Unión Europea en el nuevo contexto mundial, y que, descontando los intereses de la deuda para hacer frente a la reconstrucción y la resiliencia, se queda casi en las mismas cifras que el actual para 2020-2027. 

Es cierto que hay que pelear por más presupuesto, pero también ha llegado el momento -ya no valen excusas- de decidir si queremos seguir insistiendo en mantener el statu quo o vamos a ser valientes y actuar, y, haciendo de la necesidad virtud, al mismo tiempo que reclamamos más fondos, aprovechar algunos avances de la propuesta. 

En realidad, hay algunas propuestas en la PAC que pueden ser interesantes y que pueden “corregir” los efectos negativos de una reducción presupuestaria. 

La Comisión Europea plantea, por ejemplo, que las ayudas las cobren los agricultores y ganaderos que de verdad las necesitan, establece una degresividad de las mismas que, por primera vez, las hace justas socialmente, fija un techo de ayudas obligatorio, elimina los desastrosos derechos históricos -que tanto mal han hecho en el campo español, generando desigualdades, dando más ayudas a las explotaciones más rentables, aumentando el precio -y dificultando el acceso- de la tierra o generando una burocracia endiablada- o eliminando las ayudas para los jubilados a partir de 2032, entre otras propuestas. No es poca cosa. 

Y es momento de tener posición, avanzar en estas ideas que propone la Comisión Europea y aprovechar la oportunidad para apoyar, por una vez, de verdad, al tejido productivo de las pequeñas y medianas explotaciones, que mantienen vivo nuestro campo y nuestro medio rural. 

Esta vez no podemos fallar.