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¡Por fin un paso adelante en la política bibliotecaria del Gobierno Regional! Con unos programas de ayudas a las bibliotecas municipales suspendidos desde el inicio de esta década -ya en los últimos tiempos de gobierno socialista- y con una ley regional de la Lectura y las Bibliotecas aprobada en 2011, Castilla-La Mancha lleva viviendo siete años sin política bibliotecaria, viviendo de las rentas de las dos ultimas décadas del siglo XX y la primera del XXI. Ni siquiera se abordaron proyectos que no cuestan dinero y, como dice la copla, “son los primeros para convencer”. La Ley de Bibliotecas de Castilla-La Mancha es probablemente de las más progresistas de nuestro país pero su desarrollo reglamentario está costando sangre, sudor y lágrimas.
Y ello, unido a los recortes en las cinco bibliotecas de gestión autonómica (la Regional y las cuatro bibliotecas públicas del Estado) y a la total supresión de las ayudas a los municipios para sus bibliotecas, han propiciado un lamentable parón en una Red de Bibliotecas Públicas que fue un verdadero referente para el conjunto de nuestro país. Desde mi punto de vista no ha sido sólo un problema presupuestario sino una falta de convicción y voluntad política hacia este servicio público esencial que son las bibliotecas unido a desidia y miopía en las políticas culturales desarrolladas en nuestra tierra. Aún hoy, con siete años de recortes y ausencia de una verdadera política bibliotecaria, las bibliotecas de Castilla-La Mancha presentan unos datos estadísticos positivos en el conjunto de España que reflejan el esfuerzo que hizo esta región, aplicando una fórmula verdaderamente eficaz: cofinanciación y corresponsabilidad entre la Junta de Comunidades y las Administraciones Locales.
Ahora, por fin, se ha constituido el Consejo de la Lectura y Bibliotecas de Castilla-La Mancha, “órgano colegiado de coordinación y de fomento de la cooperación entre los diferentes centros e instituciones integrantes del Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, especialmente entre la Administración Regional y las Administraciones locales.” En su primera sesión se ha aprobado el Mapa de Bibliotecas, una herramienta de planificación que servirá de guía al modelo de servicio bibliotecario que tiene que tener cada uno de los municipios de nuestra región.
El Mapa persigue el objetivo de distribuir “en tramos poblacionales” la totalidad de los municipios de la región y, en función de dicha población, “determinar los recursos, colecciones, condiciones de apertura al público, personal, espacios y equipamiento que las bibliotecas públicas necesitan.”
Es un documento en el que algunos hemos trabajado desde hace veinte años y que por fin se pone en marcha, especialmente gracias al impulso que le ha dado el Servicio de Bibliotecas, Libro y Lectura de la Consejería. Lógicamente el Mapa debe estar vivo y revisarse periódicamente, de acuerdo con el desarrollo social y cultural. Quienes sabemos las pocas regiones de nuestro país que tienen un instrumento de este carácter lo valoramos en su justa medida y, otra vez, queremos creer que el Gobierno Regional está dispuesto a recuperar su liderazgo en materia de bibliotecas públicas y a hacer que Castilla-La Mancha vuelva a ser un espejo en el que se miren otras muchas comunidades autónomas.
Además, el Consejo dio dictamen positivo para iniciar la tramitación de varios decretos y normas que son imprescindibles en la arquitectura del Sistema bibliotecario regional (reglamento-marco para las bibliotecas de la Red regional, directorio de bibliotecas, organización de la Biblioteca de Castilla-La Mancha…), que esperemos que ahora no se queden paralizados como han estado años.
Veo, pues, esta constitución del Consejo como un hecho sin duda muy importante para la cultura de la región y espero que constituya un indicio de un cambio de orientación del Gobierno Regional. No dudo en felicitar al consejero, mi buen amigo Angel Felpeto, por haber abordado estos importantes temas pero tengo que recordar que este Consejo si no hay voluntad política y presupuestos para desarrollar una verdadera política bibliotecaria, quedaría en humo. Lo dije en la sesión del viernes 30 de junio, ante todos los miembros de este importante órgano: se precisa la acción y la colaboración del conjunto de Administraciones Públicas de la región. La Ley de Bibliotecas deja meridianamente claro que el modelo de servicio bibliotecario en Castilla-La Mancha precisa coordinación, cooperación y recursos del Gobierno Regional, las cinco diputaciones provinciales y los ayuntamientos.
Cuando el consejero mencionó que se está trabajando en un Pacto por la Educación, recordé que, paralelamente, hay que impulsar un pacto social por la Lectura. Por cierto, algo que no me invento sino que está previsto en el artículo 5 de la Ley de Bibliotecas de 2011: “La Administración Regional promoverá la puesta en marcha de un Pacto social por la lectura que incorpore, además de a las Administraciones Públicas directamente implicadas en la educación y la cultura, a las industrias culturales tales como editores, libreros y distribuidores, así como a los agentes sociales públicos y privados.” Una vez más corresponde al Gobierno Regional asumir esa iniciativa y liderar un proceso fundamental para la cultura y el desarrollo de la sociedad de la información en la que vivimos.
El Plan Estratégico de Cultura recientemente aprobado y que fue presentado en las Cortes hace unos días, no fue un buen presagio. A pesar de afirmarse que había contado con más de un centenar de profesionales en su elaboración, la verdad es que en la versión definitiva que aprobó el Gobierno se eliminaron todas las medidas que el grupo de trabajo de bibliotecas había incluido y el Plan es un verdadero desierto en cuanto a medidas relacionadas con la cultura desde las políticas bibliotecarias. Una pena.
Por eso, ¿se abre una puerta a la esperanza de que las bibliotecas van a estar en la agenda del Gobierno Regional? Eso deseamos. Si se ha empezado a recuperar -aunque sea tímidamente y con poco presupuesto- el programa de ayudas para la contratación de bibliotecarios municipales, deben convocarse también el programa para adquisición de fondos bibliográficos y audiovisuales y el relativo a las ayudas a las actividades culturales y de animación a la lectura por las bibliotecas municipales. Por otro lado, además de la obra faraónica del Hospital de Toledo, ¿volverá a haber inversiones para, por ejemplo, las bibliotecas municipales?
Una región no puede basar todo su programa inversor en un sector, porque el cambio que se está produciendo en los modelos de edificios bibliotecarios y por lo tanto en el servicio de las bibliotecas no llega a Castilla-La Mancha. Y, respecto a las cinco bibliotecas gestionadas por la Junta, además del recorte que padecemos desde 2011, este año se nos asfixia porque los escuálidos recursos de Cultura se van a Educación y prácticamente todos los expedientes de gasto quedan paralizados porque la Cultura parece que no es prioritaria.
Un Gobierno que dice que tiene a la Cultura entre sus prioridades no puede ser insensible a una de las fortalezas de nuestra Región: la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, que se mantiene viva y en pie en gran parte gracias a unos profesionales que nos sentimos al servicio de los ciudadanos y que entendemos que precisan de nuestros centros porque son la puerta más democrática para el desarrollo de la cultura, la información, la educación permanente y el ocio positivo.
Los ayuntamientos han entendido que tienen que apoyar las bibliotecas porque ven que son su servicio público más vivo en sus municipios. Pero el Gobierno Regional, que llevó a las Cortes una ley de bibliotecas que es probablemente la más progresista del país, no puede permanecer impasible mientras pasa el tiempo y las bibliotecas se quedan inmersas en el abandono.