Se busca a los responsables de la proliferación desmedida de macrogranjas en la provincia de Cuenca

La Junta de Castilla-La Mancha está desarrollando una serie de medidas de apoyo a las macrogranjas incluyendo sustanciosas subvenciones. Sin embargo, pretende, pasar la pelota a los ayuntamientos, forzando a vecinas y vecinos afectados a interpelar a sus ediles, que se encuentran, sin quererlo, con este regalo envenenando (sea en su término municipal o en términos colindantes) y sin más herramientas que aprobar ordenanzas para la gestión de purines que apenas permite frenar la avalancha que se les viene encima. Esta actuación irresponsable del Gobierno regional, que tira la piedra y esconde la mano, la calificamos como muy grave.

Para Ecologistas en Acción (que participa dentro de la Plataforma Pueblos Vivos-Cuenca), es un tremendo escándalo que se estén aprobando todas y cada una de las subvenciones solicitadas para las macrogranjas, consistente en 100.000 Euros por puesto de trabajo (hasta el 65% de la inversión) a lo que hay que añadir 27.000 euros si hay una nueva incorporación de un joven.

Para cumplir con estos pagos, la Junta ha solicitado créditos millonarios incrementando su deuda. Este importante impulso, no puede ir unido a que el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, se ponga de lado cuando se le exige que establezca un control efectivo sobre los efectos ambientales de estas macrogranjas. La laxitud sobre el control ambiental de las macrogranjas es alarmante, hasta el punto que ya ha merecido el reproche (en términos muy duros) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en una sentencia que tumba la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada a una macrogranja en Huerta de la Obispalía.

La Junta debería exigir a los promotores de las macrogranjas estudios de impacto ambiental bien elaborados y ajustados a la norma, emitir declaraciones de impacto ambiental rigurosas, hacer cumplir los condicionantes de las autorizaciones ambientales integradas y llevar a cabo la vigilancia ambiental que figura en ellas.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ante la avalancha de críticas, afirmó en las Cortes de Castilla-La Mancha que no se instalaría ninguna granja donde hubiese oposición. Pero los hechos desmienten estas declaraciones y día día aumentan los proyectos con el beneplácito, el apoyo económico y el visto bueno de cada uno de los departamentos de las Consejería que dirige.

Por su parte, en varios pueblos de nuestra provincia, se están aprobando ordenanzas contrarreloj. Algo que no sería necesario si verdaderamente se ejerciera un control desde la Administración regional. En esta línea, desde Ecologistas en Acción, exigimos a la Junta (al igual que Pueblos Vivos Cuenca) que se inicie una evaluación estratégica del conjunto de proyectos, tal y como recoge la legislación de evaluación ambiental para el conjunto de proyectos vinculados a un plan más amplio. Es más, solicitamos que no se conceda ni una declaración de impacto ambiental positiva ni una autorización ambiental integrada más para una macrogranja hasta que no se complete esta evaluación estratégica.

No obstante, vecinas y vecinos, seguirán protegiendo sus pueblos y haciendo lo posible por paralizar la industrialización del medio rural en manos del negocio de la carne, que se hace incompatible con el desarrollo de otros sectores por los que nuestros pueblos ya habían apostado. Las personas arraigadas en el mundo rural, las que se mantienen en sus pueblo a pesar de las dificultades, tienen muy claro que la ganadería industrial no traerá más que despoblación.

Este movimiento ciudadano se está articulando de forma transversal, independientemente de las afinidades partidistas. Día a día va ganando fuerza y ha pillado (como en otras ocasiones) con el pie cambiado a los grandes partidos políticos. Pero muchos alcaldes y concejales de todos los signos políticos, se han unido (de forma más o menos entusiasta) a las reivindicaciones de sus vecinos.

Esto ha propiciado, por ejemplo, que el presidente de la Diputación y del PP conquense haya dado un giro a su posición solicitando un estudio al IGME sobre los efectos del las macrogranjas en los acuíferos de nuestra provincia. Este hecho, a su vez, ha arrastrado a muchas cercanas al Partido Popular, que también se han reposicionado.

Como ejemplo reciente de la pujanza de la movilización ciudadana, mencionar la reunión en Villalba de la Sierra de cientos de personas el pasado 22 de junio, ante un proyecto en el vecino pueblo de Zarzuela. Que no se confunda la Junta ni la patronal del porcino, son los vecinos los que lideran este movimiento ciudadano, no hay “manos negras” y si no lo entienden, lo comprobarán en las urnas unos y en la cuenta de resultados los otros.