Sanciones y rejas

Hace unos días la viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Ana Muñoz, escribió unas líneas en este digital sobre la vandalización de las pinturas rupestres de 'La Rendija', en Herencia (Toledo). Loable iniciativa que intentaba dar opinión de autoridad sobre este atentado contra nuestro patrimonio. Se preguntaba la Sra. Muñoz tras denunciar el delito: “ ¿Qué no hemos hecho y que podríamos hacer para evitar este tipo de acciones?”

Después de realizar una serie de hipótesis sobre la posible autoría de la acción vandálica, utilizando la palabra “chiquillada” y, afirmando, ser los autores ignorantes, señala que “no se evitan construyendo muros y rejas”. Reafirma la actuación de la Viceconsejería en educar “en el respeto y en la valoración de nuestro patrimonio cultural” al tiempo que trabaja “en su protección, conservación y puesta en valor”, y termina informando a los castellanomanchegos “que este tipo de agresiones no pueden consentirse”.

Finaliza el artículo diciendo: “No basta con afearle al sujeto en cuestión la acción o el comentario al que la infravalora. Hay que ponerlo al nivel que le corresponde. Es un delito, son delincuentes y atentan contra nuestra propiedad colectiva, el patrimonio cultural”. Pero no termina con la contundencia que en otro momento se espera de nuestras autoridades, y que es con la manida frase “se detendrá a los culpables y se les impondrá la pena que corresponda a tan grave delito”.

Recordemos que la Ley en vigor de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha del 16 de mayo de 2013 establece infracciones muy graves, graves y leves que se gradúan en función de la valoración del bien expoliado, deteriorado o destruido, llegando la sanción de 100 a 6.000 euros las leves, hasta 150.000 euros las graves y hasta un millón de euros las infracciones “muy graves”. Cantidades que deberían, convenientemente publicitadas, disuadir a la ciudadanía de cometer estos delitos.

Tras unos días o meses sin encontrar a los culpables, han sido identificados tres menores como presuntos autores y se ha procedido a la reparación del daño causado por los autores del acto vandálico, coste que irá añadido, suponemos a la sanción. Esperemos que no prescriba la infracción y la acción de los cuerpos policiales sea tan diligente como lo ha sido la denuncia pública de la viceconsejera. 

Pero las obligaciones son de todos. Si es delito no declarar la existencia un bien del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha a las autoridades, que según la ley cuanto más tiempo se tarde en realizar más grave es la infracción administrativa, también es delito hacer prescribir una sanción al no ejecutarla. Esperemos que no pase en este caso. No olvidemos que hay dos sentencias del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha contra los autores de dos atentados contra nuestro patrimonio cultural cuya aplicación sancionadora ha prescrito precisamente por inacción de Consejería.

Una última observación a las palabras de la viceconsejera por cuanto dice que este tipo de sanciones no se evitarán “construyendo muros y rejas”, el artículo 81 de la Ley nos dice que “cuando este riesgo sea grave y demande una urgente actuación de conservación, las medidas provisionales podrán ser adoptadas con carácter previo al inicio del procedimiento sancionador por el órgano competente para su iniciación con sujeción a las garantías previstas en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Esperemos que a la espera de detener a persona o personas que han cometido el delito, la Viceconsejería repare de oficio el daño y ponga las medidas adecuadas de protección al soporte pictórico, que, en muchos casos, y, cuando ha sido posible, ha sido construyendo las citadas 'rejas'.