Diez pegas de Castilla-La Mancha al decreto de centros de datos: “Pone en riesgo el proyecto de Meta en Talavera”

Se anunciaba hace unos días y esta semana se ha materializado. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su oposición al futuro Real Decreto del Gobierno de España, relativo a los centros de datos, presentando diez alegaciones al texto normativo.

El pasado 10 de septiembre la cuestión parecía abrir un nuevo conflicto entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ese día se terminaba el periodo de audiencia pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.

El castellanomanchego amagó entonces con la posibilidad de acudir a los tribunales, después de que el futuro decreto vaya a exigir que los centros de datos de mayor tamaño tengan como obligación acreditar que al menos el 80% de su consumo eléctrico proceda de energía renovable, y que eso se acredite hora a hora, entre otras cuestiones.

Esta y otras exigencias podrían afectar a una de las mayores apuestas tecnológicas previstas en la comunidad autónoma por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page: el data center que Meta, la multinacional matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, propiedad del magnate norteamericano Mark Zuckerberg planea abrir en Talavera de la Reina.

El proyecto tiene ya todos los parabienes del Gobierno regional para que se inicien las obras y Meta ha pagado ya la fianza de un millón de euros exigida por el Ejecutivo autonómico para comenzar. Ahora, reconocen una “profunda preocupación” ante el impacto directo que el actual diseño normativo puede provocar sobre el tejido tecnológico e industrial de la región.

Aducen que Castilla-La Mancha “se ha consolidado como un nodo tecnológico de referencia en el sur de Europa, albergando inversiones estratégicas de impacto global” (como el desarrollo de Meta) o “acumulando una cartera de iniciativas clave para la soberanía digital de España”.

“No es razonable” modificar condiciones de proyectos avanzados

La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha justificado hoy las 'pegas' que ponen al texto normativo que se prepara, precisamente, porque con la actual propuesta se complicaría el camino a proyectos como el de Meta al cambiarse “las reglas del juego” en plena carrera empresarial -ya en marcha- por el desarrollo de estos centros tecnológicos.

Es algo que expresamente se ha reflejado al exponer los motivos de las diez alegaciones planteadas por el Gobierno de Page a las que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha.

La norma, se advierte, tendría “capacidad para condicionar inversiones tecnológicas estratégicas ya comprometidas en nuestra región” y en este caso, nada más y nada menos que con uno de los gigantes tecnológicos mundiales.

En opinión del Ejecutivo de esta comunidad, “se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular”.

Se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular

Padilla ha puesto el acento en el tratamiento de los proyectos que ya han obtenido permisos de acceso y conexión, pero todavía no están conectados a la red.

El proyecto de Real Decreto establece nuevos requisitos para estas instalaciones y concede seis meses para acreditar su cumplimiento. En caso contrario, podrían caducar los permisos y ejecutarse las garantías depositadas.

La portavoz de Page ha dicho que “no resulta razonable” modificar las condiciones de proyectos que ya han sido diseñados, tramitados y comprometidos de acuerdo con la normativa actualmente vigente.

Por este motivo, el Gobierno regional reclama “un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada” y ha incidido precisamente en el caso de Meta.

Pedimos un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada

Aunque el Gobierno regional “comparte” objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética de la norma o que “los centros de datos deben avanzar con un uso responsable de la energía y del agua, un recurso especialmente valioso y limitado” en Castilla-La Mancha, la consejera portavoz ha reclamado hoy que la norma sea “exigente, segura y territorialmente justa”.

Por un lado se afea que el proyecto normativo no se limite a desarrollar condiciones técnicas, sino que prevé recargos que pueden llegar al 500%, a la pérdida de permisos de acceso y conexión o a la caducidad de permisos ya concedidos, si las empresas promotoras no cumplen.

“Entendemos que medidas de esa intensidad necesitan una cobertura legal suficiente y no pueden quedar definidas íntegramente por una norma reglamentaria”, señala el Gobierno castellanomanchego que reclama, además, que los recargos sean “graduales y proporcionados”. En su opinión, “no debe recibir el mismo tratamiento un desajuste puntual que un incumplimiento grave y continuado”.

También sugiere que la pérdida de los permisos debe reservarse para los supuestos más graves, tras escuchar al interesado y ofrecer un plazo efectivo de subsanación.

“Respetar” las competencias autonómicas 

Otra de las críticas de Castilla-La Mancha tiene que ver con las competencias políticas sobre la cuestión. “El proyecto de Real Decreto concentra en el Estado las decisiones sobre la viabilidad de los centros, la retirada de permisos y el destino de la capacidad eléctrica que quede liberada”, explica el Ejecutivo de esta región.

A reglón seguido recuerda que la implantación de estas infraestructuras afecta al territorio, el urbanismo, la industria, el medio ambiente, el agua y las redes de distribución “son ámbitos en los que las comunidades autónomas tenemos competencias y responsabilidades”. De ahí que consideren los de Page que una norma con este alcance requiere “consulta pública previa y un diálogo más amplio con las comunidades y los sectores afectados”, incluido su “examen” en la Conferencia Sectorial de Energía.

“Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad”.

Además, reclama que los conflictos relativos a permisos de conexión en redes de competencia autonómica “sigan siendo resueltos por la Administración competente, como establece la legislación del sector eléctrico”.

Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad

“Tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio”

El Gobierno castellanomanchego pide una “aplicación realista y territorialmente justa de los criterios de eficiencia” para este tipo de proyectos empresariales.

Desde su punto de vista, los indicadores energéticos y de consumo de agua “deben tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio, utilizando factores de normalización compatibles con la metodología que establezca la Unión Europea”.

Eso, apostilla, “no significa rebajar los estándares ambientales ni establecer una excepción para Castilla-La Mancha”, sino “medir de forma comparable instalaciones situadas en condiciones climáticas diferentes y prever un periodo razonable de puesta en funcionamiento antes de aplicar recargos o declarar la caducidad de permisos”.

Ahora mismo, sugieren, las características climatológicas de la meseta sur peninsular, caracterizadas por mayores oscilaciones térmicas estacionales y veranos cálidos, “penalizan de forma directa y artificial a los centros de datos emplazados en el interior frente a regiones costeras o septentrionales de Europa”. Y eso, añaden, “supone una discriminación territorial indirecta y desincentiva la inversión en zonas de interior”.

También proponen una implantación progresiva de las exigencias de consumo renovable, que esté acompasada a la capacidad efectiva de las redes y al despliegue de nueva generación.

Finalmente advierten del posible “vacío regulatorio” sobre las instalaciones renovables asociadas a un centro de datos cuando este renuncia o pierde sus permisos, de ahí que esperen que el Gobierno de España “estudie estas alegaciones y las incorpore al texto definitivo”.

De lo contrario, concluyen, “estas exigencias ponen en riesgo la viabilidad de proyectos altamente maduros y comprometen gravemente la competitividad de la región frente a otros territorios nacionales y comunitarios”.