Dos pueblos se suman al recurso para evitar el bloqueo del silo nuclear
Distintos particulares de la Asociación de Afectados por la ampliación de las figuras de Red Natura de La Laguna de El Hito y los ayuntamientos de Zafra de Záncara y Villarejo de Fuentes han actuado contra la ampliación de la zona ZEPA en el entorno de la laguna El Hito. No son los primeros: ya Villar de Cañas había recurrido la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves, una medida que puede poner en riesgo la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.
Pilar Martínez ha sido la letrada encargada de presentar este contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en representación de esta asociación y estos consistorios, todos ellos afectados por la ampliación propuesta en el decreto recurrido. El decreto, afirman, tiene “numerosos defectos legales” que colocan en “grave indefensión” a los particulares, empresas y municipios afectados por la “injustificada” ampliación de la zona protegida.
El recurso se dirige al decreto 57/2016, del 4 de octubre, en el que se contempla no sólo la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves, sino también la propuesta de la Junta de Comunidades para declarar como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Además, se solicita al Tribunal castellano-manchego como medida cautelar, la suspensión de la vigencia del Decreto 57/2016 “para salvaguardar los derechos de los afectados”.
Villa de Cañas fue el primer pueblo que recurrió
Villar de Cañas ha sido el primer pueblo en presentar dicho recurso al Tribunal Superior tras el acuerdo en el pleno del Ayuntamiento. El objetivo es intentar impedir que logre la delimitación como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de este entorno, como decidió el Gobierno autonómico para entorpecer la construcción del ATC.
La presentación de este recurso se une a otros de contenido similar, en los que letrados que defienden los intereses de afectados por el aumento de la protección medioambiental, bien particulares o entidades, solicitan igualmente la nulidad del decreto. La letrada insiste en que “es un fraude de ley” debido a la utilización de la normativa medioambiental para “la obtención de un fin distinto del de la protección o conservación de la naturaleza y las especies”, esto es, “impedir la construcción del ATC”.
En la misma línea de estos pueblos, otras localidades como Villares del Saz y Saelices van hacer un requerimiento a la Junta para derogar dicho Decreto, si no reciben respuesta en un mes, se unirá a la presentación de un recurso contencioso-administrativo.
