10 razones para exigir la dimisión de la Consejera de Agricultura
Los últimos tres años han significado un retroceso de décadas en la gestión medioambiental de Castilla-La Mancha, asegura Luis Díaz. El presidente de APAM-CLM se ha pronunciado de forma general en contra de la gestión medioambiental que se ha llevado a cabo en la legislatura actual por parte de la Administración regional y, de forma particular, alrededor de la gestión y la atención que recibe el colectivo profesional de Agentes Medioambientales en la región. El “ninguneo” al que son sometidos los agentes, a pesar de la labor indispensable que desempeñan, es tal, que la Consejería de Agricultura ha obviado todos los registros y peticiones de reunión que el colectivo ha elevado en los últimos tiempos, incluso a pesar de su condición de empleados públicos.
Las razones planteadas para exigir la dimisión de la responsable de la Consejería de Agricultura, María Luisa Soriano, comprenden desde la aprobación de la nueva ley de caza, hasta la reducción del colectivo de los también llamados Policías Medioambientales. Díaz se ha referido a la intención de la Administración de privatizar y ceder el patrimonio público de la región, como es en el caso de los montes públicos de Castilla-La Mancha, a lo que se suma la descatalogación de los refugios de fauna.
Los últimos tres años han significado un retroceso de décadas en la gestión medioambiental de Castilla-La Mancha, asegura Luis Díaz. El presidente de APAM-CLM se ha pronunciado de forma general en contra de la gestión medioambiental que se ha llevado a cabo en la legislatura actual por parte de la Administración regional y, de forma particular, alrededor de la gestión y la atención que recibe el colectivo profesional de Agentes Medioambientales en la región. El “ninguneo” al que son sometidos los agentes, a pesar de la labor indispensable que desempeñan, es tal, que la Consejería de Agricultura ha obviado todos los registros y peticiones de reunión que el colectivo ha elevado en los últimos tiempos, incluso a pesar de su condición de empleados públicos.
Las razones planteadas para exigir la dimisión de la responsable de la Consejería de Agricultura, María Luisa Soriano, comprenden desde la aprobación de la nueva ley de caza, hasta la reducción del colectivo de los también llamados Policías Medioambientales. Díaz se ha referido a la intención de la Administración de privatizar y ceder el patrimonio público de la región, como es en el caso de los montes públicos de Castilla-La Mancha, a lo que se suma la descatalogación de los refugios de fauna. A esto ha querido añadir que permitir el fracking en la región, amenaza de forma grave un recurso vital, como son las aguas subterráneas, y que las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real sufrirán las consecuencias de la práctica.
Por otro lado, la reducción de recursos humanos y presupuestarios, destinados a la conservación de recursos naturales protegidos, tanto de fauna, flora y hábitats naturales, así como de la educación ambiental a través del desmantelamiento de la Red de Centros de Recuperación y de centros de interpretación y aulas de la naturaleza. Díaz ha señalado que el aumento de presupuesto anunciado por la Consejería se traduce en una reducción del presupuesto de 118 millones sólo en prevención y extinción de incendios, a 61,6 millones. “¿Dónde está la subida?”, se ha preguntado.
Por otra parte, la aprobación de la nueva normativa en materia cinegética y control de depredadores, la que ha calificado como “absolutamente regresiva”, permitirá, según la Asociación, el uso generalizado de lazos en zonas potenciales de lince y lobo ibérico, especies en peligro de extinción, lo que pone en riesgo las inversiones económicas con Fondos Europeos a través de los proyectos Life. En la misma línea, denuncian la intención de aprobar una nueva ley de caza, que aseguran perjudica gravemente el medio natural, a través de la fragmentación territorial y el apoyo a la caza industrial, sin tener en cuenta una gestión “racional de los recursos”, que perjudicaría a los usuarios y cazadores tradicionales del medio rural. Además, acusan al Gobierno de querer legalizar métodos de caza propios del medievo, como el lanceo de jabalíes a caballo.
Para finalizar, Díaz ha señalado la reducción drástica del colectivo del Cuerpo de Agentes Medioambientales, señalando que Castilla-La Mancha es la comunidad con menos agentes por unidad de superficie de toda España, pasando de 600 efectivos a 470. El “ninguneo” al que se somete al colectivo, se traduce también en el desmantelamiento de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, o la prohibición de llevar los atestados ante los Juzgados, lo que se ha denunciado ya a la Fiscalía. Además de esto, se han disuelto diversos organos de participación pública en materia ambiental, como el Consejo Asesor de Medio Ambiente, con lo que se reduce la presencia de colectivos relacionados con la conservación, entre los que se cuentan científicos, ecologistas y los mismos agricultores y ganaderso.
Finalmente, los recursos materiales han sufrido también el golpe de las medidas de austeridad del Gobierno regional, pasando de un presupuesto de 118 millones a prácticamente la mitad, con 61,6 millones, según las cifras de la misma Consejería, por lo que el dispositivo INFOCAM se ha debido recortar en un 40%, de 3.000 a 1.800, para la prevención y extinción de incendios forestales, y 130 agentes medioambientales menos.
