Estrés y 'burnout' en las 300 educadoras, fisioterapeutas o enfermeras “enjauladas” en una ‘rara avis’ del funcionariado

Belén tiene 48 años, es fisioterapeuta y trabaja en un colegio público de educación especial de Toledo desde hace 21 años, cuando aprobó la oposición para un cuerpo “especial” de funcionariado en Castilla-La Mancha denominado Escala Sociosanitaria. No puede acceder ni moverse a otro puesto porque el cuerpo al que pertenece no lo permite. De hecho, ella es presidenta de un tribunal de oposición que examina a personas para puestos que requieren su misma titulación, pero a los que ella no puede acceder. “Es indignante”, afirma.

¿Por qué sucede esto? Dentro de la Administración pública castellanomanchega, la Escala Sociosanitaria es un grupo de profesionales técnicos, en su gran mayoría mujeres, que trabajan en este sector y atienden a las personas más vulnerables. Solo existe en esta comunidad autónoma y se creó hace casi 25 años, en febrero de 2002, por una necesidad de gestión y profesionalización.

En ese momento, la región estaba asumiendo competencias plenas en materia de servicios sociales y sanidad, para gestionar las residencias públicas, los centros de atención a personas con discapacidad y los programas de dependencia de forma eficiente.

La administración necesitaba por entonces trabajadores públicos especializados (profesionales médicos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores sociales, terapeutas ocupacionales y enfermeros) que no estuvieran “dispersos” en los ministerios, sino agrupados bajo una misma estructura con funciones específicas de intervención sociosanitaria coordinada. Se trataba de “funcionarizar” a personal laboral. Así nació la Escala Sociosanitaria.

Pero con el tiempo, este cuerpo se ha convertido en una ‘rara avis’ del sistema sociosanitario en todo el país. Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que tiene esta fórmula de funcionariado. La última convocatoria para acceder a la Escala Sociosanitaria fue en 2016. Y ahora, sus trabajadoras han levantado la voz.

“Severas restricciones” a la movilidad geográfica

Un informe elaborado por el denominado ‘Colectivo de la Escala Sociosanitaria’ denuncia la “discriminación laboral silenciosa” que enfrentan los y las 300 profesionales de este cuerpo. El principal motivo: pese a tener la misma titulación y funciones que sus homólogos en los Cuerpos General y Técnico, modalidades creadas posteriormente, sufren “severas restricciones” en su movilidad geográfica y promoción profesional.

El texto asevera que la situación vulnera el principio de igualdad y “perpetúa una brecha de género” en un sector “altamente feminizado”.

Entre los motivos principales que sustentan esta denuncia se encuentra el hecho del que el personal de la Escala aprueba la misma oposición, con el mismo temario y ante los mismos tribunales que el personal del Cuerpo Superior y Técnico. Sin embargo, mientras a estos últimos se les permite concursar a puestos en toda la Administración, a los primeros “se les restringe la movilidad”.

Es lo que denominan la “plaza perpetua”. Debido a la normativa castellanomanchega, este personal solo puede desempeñar puestos en las áreas de Sanidad y Servicios Sociales. Esto provoca que muchos profesionales lleven más de 20 años en la misma “plaza base” sin posibilidad real de promoción interna o de acercarse a sus domicilios. Lo llaman “suelo pegajoso”, porque describe “la incapacidad de las trabajadoras para promocionar o abandonar sus puestos iniciales”.

Belén lo corrobora. “No puedo acceder a ciertas plazas que son de fisioterapeutas con la misma carrera que yo, con la misma formación que yo, y que han aprobado después. Resulta que tienen más derechos que yo”, lamenta. Esta fisioterapeuta afirma que la solución sería una “simple gestión burocrática”.

“No le costaría ni un euro a la Administración. Simplemente, nos tendrían que pasar a todas las de la Escala a los cuerpos generales, con una firma. No entiendo por qué seguimos en esta situación y por qué ni siquiera nos escuchan ni se reúnen con nosotras. Nos apoyan los sindicatos y los colegios profesionales, pero no ha sido suficiente”.

No son las únicas trabas. El informe denuncia también la “trampa” de la adscripción abierta que se hizo en 2018. En ese año se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) permitiendo que personal de los Cuerpos Generales ocupara plazas de la Escala Sociosanitaria. Sin embargo, no se permitió lo contrario.

La Administración impidió que el personal de la Escala saliera de sus áreas funcionales, alegando una “reserva por naturaleza de funciones” que los tribunales, según documentan, ya han señalado que no existe. De hecho, Belén afirma que se enteró de esta modificación “de rebote” incluso siendo presidenta del tribunal de oposición. “Totalmente absurdo”, añade.

Afección a la salud laboral

La cuestión trasciende hasta la salud laboral. El informe del colectivo identifica la existencia de “sintomatología compatible” con el “desgaste profesional o burnout” como una de las consecuencias directas de su situación administrativa. Detalla que entre las trabajadoras hay “agotamiento por inmovilidad”, sentimientos de “infravaloración, frustración y estrés”, así como “erosión de la vocación”.

“Dado que el trabajo sociosanitario exige una gran capacidad de cuidado y energía vital, el trato desigual sostenido en el tiempo termina por erosionar esa energía y, por extensión, la calidad del servicio prestado”.

Otra trabajadora, Noelia, también corrobora la situación de “desigualdad”. Es educadora social en el Centro Regional de Menores (CRMJ) Albaidel, de Albacete. Sacó su plaza en 2018 tras la convocatoria de 2016, la última de la Escala Sociosanitaria. Lleva ocho años en este puesto y constata que no podría acceder a ningún otro de gestión ni a promoción profesional alguna.

“Tengo compañeras que han accedido a plazas de consejerías, teniendo menos puntos que yo. Mi situación es como estar enjaulada en una plaza. Es una desigualdad absoluta y totalmente incomprensible. Nos apoyan desde todos los sectores profesionales, pero nadie mueve un dedo por cambiar la situación”, subraya.

Qué han dicho los tribunales

Y ¿qué han dicho los tribunales al respecto? El informe precisa que no se han pronunciado directamente sobre la mencionada salud de las trabajadoras en términos médicos, pero sí han emitido fallos que “desmontan los argumentos administrativos”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), en una sentencia de 2021 dictaminó que la “reserva por naturaleza de las funciones” que la Junta utiliza para limitar la movilidad de estas profesionales “no existe”. Al eliminar esta justificación técnica, los tribunales “dejan a la Administración sin base legal” para mantener el “bloqueo profesional”

El informe también invoca la doctrina del Tribunal Constitucional, que prohíbe cualquier diferencia de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable. “Al ignorar este principio constitucional, la Junta somete a las trabajadoras a una discriminación que el informe califica directamente como un problema de salud laboral”.

La cuestión es que, con todo ello, este colectivo también apunta al incumplimiento de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha de 2011, que preveía la integración de las especialidades de la Escala en los cuerpos generales de la Junta. Pero no se ha hecho y ahora están “limbo jurídico”.

Esta discriminación, añaden, no es neutra, ya que afecta a una escala donde más del 80% son mujeres. Esto genera un “suelo pegajoso” que les impide salir de niveles base y un “techo de cristal” que bloquea su acceso a puestos de gestión y dirección.

Además, añaden, también es “discriminatorio” que muchas de estas profesionales, como Belén, sean nombradas para formar parte de los tribunales que seleccionan al personal de los Cuerpos Generales, pero la Administración no las considere aptas para integrarse en dichos cuerpos.

Entre las trabajadoras hay agotamiento por inmovilidad, sentimientos de infravaloración, frustración y estrés, así como erosión de la vocación

Para acabar con la situación, el colectivo de la Escala Sociosanitaria propone una serie de soluciones que se dividen en demandas estructurales y medidas de aplicación inmediata. Todas las peticiones se dirigen a la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas.

La demanda central es que la Administración cumpla con la mencionada Ley de Empleo Público que preveía la integración de estas especialidades en cuerpos generales. De esta forma, proponen, se establecerían destinos específicos por titulación. Por ejemplo, para Medicina, su integración en el Cuerpo Superior de Administración Sanitaria y Salud Pública (A1); para Psicología, en el Cuerpo Superior de Servicios Sociales (A1); y para Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Educación Social, en el Cuerpo de Gestión de Servicios Sociales (A2).

Para ello, demandan la “extinción total” de la Escala (tanto la Superior como la Técnica). Argumentan que fue creada en 2002 con el único fin de “funcionarizar” al personal laboral de aquella época, un objetivo que ya se cumplió, y que hoy solo sirve para “recortar derechos en comparación con otros funcionarios”.

Más allá del cuidado asistencial directo

De igual forma, exigen que la Administración reconozca de forma expresa que su cualificación profesional no se limita al cuidado asistencial directo. Piden que se les permita acceder, en igualdad de condiciones, a puestos de gestión, coordinación técnica y dirección pública,

Para todo ello, solicitan el establecimiento de un “calendario claro de soluciones” y la apertura de una mesa de negociación específica donde estén representados tanto los sindicatos como el propio colectivo afectado.

Durante los últimos años, en el ámbito del funcionariado castellanomanchego, la principal reivindicación (y la más mediática) ha sido la petición de los sanitarios del reconocimiento de la carrera profesional. Tras años de lucha, el Gobierno regional finalmente ha atendido esta demanda.

Es uno de los motivos por los que las trabajadoras de la Escala Sociosanitaria denuncian su “discriminación silenciosa”. Consideran que ahora ya llegado su turno. “No pedimos nada que no nos corresponda por derecho. Es de justicia”, concluyen.

Noelia, la educadora social, remitió en los primeros meses del año dos escritos dirigidos personalmente al director general de Función Pública de Castilla-La Mancha, José Narváez. Al no obtener respuesta, hace tan solo unos días, decidió dirigirse directamente al presidente autonómico, Emiliano García-Page, remitiéndole el informe y un texto de introducción con la situación de estas profesionales.

Este periódico ha solicitado a la Dirección General de Función Pública del Gobierno regional su valoración sobre este informe, preguntando si existen posibles soluciones la situación del funcionariado de la Escala Sociosanitaria, sin que por el momento haya habido respuesta.