Nuevo frente judicial ante el Supremo contra el cierre del tren Tarancón-Utiel, actualmente paralizado

CCOO, Ecologistas en Acción e Izquierda Unida han presentado demandas contencioso-administrativas frente a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por el cierre parcial de la línea ferroviaria Madrid-Cuenca-Valencia, aprobada el pasado 21 de febrero por el Consejo de Ministros, en concreto, referente al trayecto parcial Tarancón-Utiel. Actualmente, la suspensión del cierre de ese tramo se encuentra paralizada de forma cautelar debido a la demanda que ya interpusieron los pueblos afectados.

Ahora, contra dicha medida, las organizaciones citadas, agotada la vía administrativa, presentan demanda judicial, alegando que “una parte sustancial de la sociedad afectada por ese cierre, agrupada en sus instituciones municipales y asociaciones de muy variada índole, se opuso con todos los mecanismos legales a su alcance, a esa decisión, poco o nada justificada”.

“Es injustificada hasta el punto de rozar una escena de cine 'berlanguiano', pero del malo, en cuanto al momento temporal elegido: cerrar una línea ferroviaria, en el Año Europeo del Ferrocarril”, subrayan.

De esta forma, denuncian que “en un caprichoso requiebro de la lógica se decidió un cierre ferroviario en contra de un consenso científico mundial acerca de que el tren es el medio masivo de transporte, de personas y mercancías, destinado a ser protagonista de la lucha contra los gases de efecto invernadero y el cambio climático”.

El “impulso de lobistas inmobiliarios”

A juicio de estas organizaciones, esa decisión contó con “el impulso de lobistas inmobiliarios, ávidos de 220.000 metros cuadrados de suelo ferroviario en el centro de la ciudad y, por tanto, absolutamente ajenos al interés general de la ciudadanía”.

“Hablamos de una decisión nada democrática, ajena al derecho de participación ciudadana que prevé nuestra Constitución, a la rentabilidad social y el derecho de igualdad. Es contraria, también, al derecho de movilidad universal de todas aquellas personas que por razones de edad, salud o económicas no dispone de permiso de conducir, vehículo propio, o ambas cosas”, han criticado.

Han asegurado que tienen depositadas “grandes esperanzas en que se haga justicia”, pues el hecho de que se haya admitido la medida de suspensión cautelar de la decisión de clausura que se impugna, “ya ha sido una victoria parcial”.

En referencia a las medidas cautelares, defienden que el Supremo evite “un daño irreparable sobre un activo que es patrimonio de toda la ciudadanía” y concluyen que “se abre un nuevo horizonte inédito en la reciente historia del ferrocarril: la que contempla la posible reversión de una malísima decisión política, a su estado anterior, para poder hacer las cosas bien y contando con la ciudadanía que es sujeto pasivo de derechos, y con la que se debió contar desde el principio”.