¿Son suficientes las nuevas ayudas de emergencia en Castilla-La Mancha? ¿Llegarán a los casos más urgentes?

Este lunes, día 18 de mayo, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el decreto de nuevas ayudas excepcionales y de emergencia que el Gobierno de esta comunidad autónoma ha aprobado para las personas sin recursos económicos debido a la situación sobrevenida por la pandemia de COVID-19. Podrán solicitarse a partir de mañana martes. En esta región, respecto a la fórmula de ‘renta mínima’, ya existe el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), pero aunque se habían prorrogado las ayudas ya concedidas antes del estado de alarma, no se estaban concediendo nuevas. Esta medida viene por tanto a cubrir las necesidades de las personas más vulnerables, sin ingresos, en situación de pobreza o exclusión social: unas 16.000 familias en Castilla-La Mancha.

Uno de los colectivos encargados de la gestión de estas ayudas son los/as trabajadores/as sociales. Son uno de los grupos profesionales que han estado trabajando desde el primer día como servicios esenciales, en colaboración con todo tipo de entidades sociales y ONG, en condiciones muy duras y con una carencia de recursos que ya habían denunciado antes de la pandemia.

Ahora, apoyan esta medida en cuanto a que viene a cubrir las necesidades básicas de la población en lo que denominan la crisis “socio-sanitaria” ocasionada por el coronavirus. No obstante, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha comenta a eldiarioclm.es que le resulta “sorprendente” que siendo unas ayudas gestionadas desde la Consejería de Bienestar Social y en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales, “no se tenga en cuenta criterios técnicos”.

Recientemente, este colectivo manifestó la necesidad de dotar económicamente las prestaciones económicas que ya se contemplan en la Ley regional de Servicios Sociales, concretamente el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) y Ayudas de Emergencia Social (AES). Por eso les llama la atención que se haya creado una nueva ayuda de emergencia excepcional con una dotación presupuestaria de 14 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales de la Junta, “cuando no era posible dotar las prestaciones ya existentes”.

“Entendemos que las prestaciones actuales requieren de una resolución rápida, porque las situaciones sociales que se están produciendo son apremiantes, pero igual se podía haber solventado con la dotación de más profesionales y la agilización de los trámites burocráticos”. Concluyen que como trabajadores sociales velan el derecho a la información de la ciudadanía, pero consideran que hubiese sido conveniente que “los técnicos hubieran tenido la información previamente”.

Las familias numerosas se sienten “discriminadas”

La Asociación Castellanomanchega de Familias Numerosas (ACAMFAN) va un paso más allá. Opina que es “discriminatorio” que en los criterios contemplados por el decreto de ayudas no se tenga en cuenta a las familias con más hijos e hijas y pide que se incrementen por cada hijo los límites de ingresos y la ayuda.

En este sentido, considera que el Gobierno autonómico no está teniendo en cuenta la realidad de las familias numerosas, que “están siendo discriminadas en todas las ayudas, ya que no se tiene en cuenta el número de hijos, más allá de los dos primeros”. Remarcan que esto ocurre “desde siempre” en la prestación por desempleo y ahora lo están sufriendo también los que han tenido un ERTE, a los que sólo se les reconocerá un plus por el primer y el segundo hijo.

En el caso de las nuevas ayudas sociales, señala que este colectivo que el decreto “va por buen camino” pero es “insuficiente” al no considerar el criterio de renta per cápita. “Estas familias se quedan fuera de las ayudas por el sistema de cálculo, lo que provoca un agravio en situaciones muy delicadas. Los bancos están cobrando intereses a las familias que están cobrando tarde y una cantidad insuficiente y muchas familias con verdaderas necesidades no saben cómo acceder a los recursos sociales disponibles”, explica Eduardo Galicia, presidente de la asociación, quien precisa que esta petición ya ha sido trasladado a la Consejería de Bienestar Social.

Por su parte, el Área de Políticas Sociales de Izquierda Unida (IU) considera directamente “insuficientes” estas ayudas de emergencia excepcional. La responsable de esta área, Inés Gómez, apela al informe de de 2019 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza de Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), donde se estimaba que cerca de 680.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en la región.

IU: un “despropósito”

“Nos parece un despropósito que se anuncie una medida que tan solo llegará a 13.000 familias, además teniendo en cuenta que el Ingreso Mínimo de Solidaridad sigue paralizado desde finales del verano, cuando se quedó sin presupuesto para nuevas solicitudes y, por el momento, no parece que se tenga previsto cambiar esta situación”, detalla. Ante esta cuestión, ha recordado que la pasada semana el Colegio Oficial de Trabajo Social reclamó que se dotase económicamente los fondos del IMS y AES de forma inmediata y con garantía de continuidad como actuación “imprescindible y urgente”

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), cuyo informe esgrime IU, también se ha hecho eco de esta medida. Celebra la aprobación de las ayudas puesto que supone “una acción de urgencia” mientras que el Gobierno de España pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital, una demanda histórica de esta entidad social.

“Es importante destacar que se trata de ayudas económicas directas a la persona que demuestre necesidad fundada, y se ha prestado especial atención a aquellos grupos de personas que se encuentran en peor situación”. EAPN considera que son “medidas puente” hasta la renta básica estatal y pide que su tramitación, que será telemática, sea ágil para poder ser realizada de manera individual o a través de los Servicios Sociales. Adelante además que las organizaciones del Tercer Sector apoyarán su cumplimentación a aquellas personas que lo soliciten.

“Este tipo de sistemas son clave para la dignidad de la ciudadanía, como mecanismo de erradicación de la pobreza y como único sistema que garantiza que las transferencias de capital sirvan para reactivar la economía de proximidad y de bienes de primera necesidad, fundamental en estos momentos de reinicio”, concluye.