Tercera denuncia contra Enresa ante la Fiscalía Anticorrupción a cuenta del ATC
La Plataforma contra el ATC de Villar de Cañas (Cuenca) ha presentado este lunes un nuevo escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en el que aporta nuevos documentos que amplían la denuncia del pasado 18 de diciembre contra el silo nuclear y que tienen como objetivo demostrar que Enresa habría gastado 16 millones de euros en “comprar voluntades”.
Es la tercera denuncia del colectivo en Anticorrupción en la que de nuevo apuntan presuntos delitos por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, que apuntan tanto al anterior como al actual presidente de Enresa y a la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, Dolores Cospedal.
Para Marta Pérez, coportavoz de la Plataforma, “la presidencia de Enresa ha empleado buena parte del dinero público que tiene encomendado por ley para la gestión de los residuos radiactivos, a la compra de voluntades, realizando un enorme derroche de dinero público para congratularse con los vecinos y favorecer la posición política de Cospedal y Benjamín Prieto”.
El colectivo ha presentado, entre otras cosas, un mapa con las obras de las carreteras del entorno del futuro almacén radioactivo que, en su opinión, pone de manifiesto “la nula vinculación de varios tramos licitados con el transporte de los residuos nucleares”.
Se trataría de obras no vinculadas a la gestión de residuos y subvenciones a diferentes entidades de Castilla-La Mancha cuyo gasto la plataforma entiende como “no ajustado a derecho”.
El dinero invertido -en concreto 16,34 millones de euros- según detalla la propia plataforma, pertenece a los fondos públicos que administra Enresa para la gestión de residuos radiactivos y con un destino marcado en el “sexto Plan General de Residuos Radiactivos” y se habría efectuado, bien en adjudicaciones directas, mediante convenio o a través de la Fundación Enresa.
Según la misma documentación, los principales beneficiarios en obras, otorgadas por la Consejería de Fomento del anterior Ejecutivo encabezado por Dolores de Cospedal, habrían sido Construcciones Sarrión S.L. -empresa de Abraham Sarrión, presidente de CEOE-CEPYME Cuenca, con 3,52 millones de Euros, OHL S.A., con 2,98 millones y Obras Públicas y Regadíos S.A con 2,88 millones de euros.
La Plataforma no descarta otras adjudicaciones, esta vez a cuenta de la Diputación de Cuenca, de la que recuerdan, no se caracteriza por su transparencia en aspectos relacionados con la adjudicación de contratos, tal y como puso de manifiesto un reciente informe de Transparencia Internacional que situaba a la Institución provincial como la segunda peor valorada en España en este sentido.
Según la plataforma, que se declara incapaz de aportar el contenido de los convenios, pese a haberlos solicitado reiteradamente tanto a Fomento como a la Diputación conquense, Villar de Cañas sería el municipio más beneficiado por estas obras junto a Fuentelespino de Haro que mejora sus accesos a la A-3 y la N-420 aunque “por esos tramos no circularían residuos nucleares”. En este último punto recuerdan que el alcalde de esta localidad, Benjamín Prieto, es el presidente de la Diputación del que, dicen, “siempre se ha caracterizado por la encendida defensa del proyecto del ATC”.
Aportaciones a la Semana de Música Religiosa
Aportaciones a la Semana de Música ReligiosaAdemás, la plataforma explica que la desaparecida Fundación Enresa habría aportado dinero a la Semana de Música Religiosa de Cuenca y a entidades deportivas conquenses, cuya cuantía no consta en la web de Enresa aunque sí lo está la relacionada con la mejora de la piscina municipal de Villar de Cañas por valor de 14.000 Euros. Algo que a juicio de la plataforma “deja bien a las claras las intenciones de Enresa”.
Por otro lado, el colectivo pregunta por el origen del dinero “de la pretendida plataforma de afectados por la ampliación de la ZEPA de El Hito, pilotada por la secretaria de Villar de Cañas y el alcalde y que ha gastado importantes sumas en pagar un bufete de abogados de Madrid. Es legítimo defender intereses particulares, pero no es ético hacerlos pasar por generales, a costa de la ruina de toda una comarca, en especial de agricultores y ganaderos y con apoyo de dinero público”.
Estas acciones se enmarcan en una campaña que la Plataforma ha puesto en marcha bajo el lema “No pago ATC”, que incluye la difusión de una serie de imágenes en las redes y la recogida de firmas en el portal Change.org, que ya supera las 1.500.
