UGT alerta de que Castilla y León está “en fase crítica” para salvar el sector azucarero y evitar más cierres

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León ha advertido este miércoles de que la Comunidad “se juega el futuro inmediato” del sector azucarero y remolachero si no se actúa “de forma inmediata y conjunta” con agricultores, empresas y administraciones. El sindicato ha puesto el foco especialmente en la planta de Toro (Zamora), la única molturadora que AB Azucarera mantiene operativa en Castilla y León tras el cierre de La Bañeza, en León, y ha señalado que la falta de planificación “ha puesto en riesgo un sector estratégico que sostiene miles de empleos en el medio rural”.

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, y la secretaria general de UGT FICA en la comunidad, Sandra Vega, han instado trabajar a la Junta, al Gobierno central y a las instituciones europeas para “garantizar la continuidad del cultivo de la remolacha y de la actividad industrial”, elementos que consideran inseparables para evitar nuevos cierres. Ambos dirigentes han insistido en que la comunidad “no puede permitirse” perder más fábricas, después de que en los últimos 25 años Castilla y León haya visto desaparecer instalaciones en Veguellina de Órbigo, Venta de Baños, Peñafiel o Benavente.

El sindicato ha recordado que más de 2.000 empleos directos se han perdido en este periodo en la industria remolachera de Castilla y León, a los que se han sumado los 193 puestos afectados por la última reestructuración vinculada al cierre de La Bañeza. Además, han destacado que la Unión Europea ha constatado que cada empleo directo del sector genera aproximadamente diez empleos indirectos en ámbitos como la industria química, la logística o el transporte, lo que eleva la cifra total de puestos en riesgo por encima de las 10.000 que de una u otra forma dependen de este sector.

Según Lobo, la Comunidad “ha jugado un papel fundamental” en el sector gracias a un nivel de tecnificación elevado, amplias zonas de regadío y productores altamente especializados, pero la pérdida de superficie sembrada y la incertidumbre industrial “han debilitado la cadena de valor”. Actualmente, en España solo permanecen operativas como fábricas de molturación la planta cooperativa de ACOR en Olmedo (Valladolid) y la de AB Azucarera en Toro. “Si no se garantiza el cultivo, estas plantas están condenadas al cierre, y con ellas los territorios que dependen de su actividad”, ha afirmado.

El sindicato ha remitido una carta a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, en la que pide constituir de inmediato una mesa de trabajo estable con organizaciones profesionales agrarias, empresas y sindicatos para anticipar decisiones y evitar “nuevos episodios traumáticos” en el sector. UGT ha señalado en que la estrategia debe tener alcance autonómico, nacional y europeo, ya que las decisiones comunitarias sobre cuotas, ayudas o competencia “han impactado de manera directa en el futuro de la remolacha”.

La Bañeza, cerrada “sin que exista aún un proyecto industrial alternativo”

El cierre de la fábrica de La Bañeza se ha convertido, según UGT, en el ejemplo más claro de una crisis que “ha puesto en cuestión” el modelo productivo y la capacidad industrial de la comunidad. Vega ha explicado que, pese a disponer de agricultores que continúan cultivando remolacha en la comarca, la planta “ha sido cerrada sin que exista aún un proyecto industrial alternativo real”.

El sindicato ha señalado que los trabajos de la Fundación Anclaje “no han mostrado avances significativos” y que “no se han presentado propuestas sobre la mesa” para reconvertir la actividad en la zona. Lobo ha insistido en que “no hay sitio para la resignación” y ha asegurado que el sindicato va a “exigir y empujar” para que la comarca no quede “condenada al olvido”. UGT ha considerado como imprescindible que la alternativa industrial forme parte del plan global de defensa del sector, ya que el cierre de La Bañeza “ha demostrado que la pérdida de una sola planta puede acelerar toda la caída del modelo”.

Sector estratégico en riesgo

El análisis presentado por UGT ha mostrado una evolución marcada por la volatilidad de precios y el incremento sostenido de costes. El precio del azúcar blanco ha oscilado entre los 500 y 600 euros por tonelada en 2010, ha descendido a mínimos de 400-450 euros en 2015 y ha alcanzado máximos de 800-900 euros en 2023, para situarse después en 590-610 euros. En paralelo, el precio recibido por el agricultor ha tenido variaciones significativas: de 35-40 euros por tonelada en 2010-2011 a los 60-70 euros en 2024-2025, volviendo a caer en la campaña 2025-2026 a unos 45 euros.

Los costes de producción, por su parte, han experimentado un incremento continuado desde los 2.500 euros por hectárea en 2010-2011 hasta los 4.100-4.400 euros por hectárea en la campaña actual en regadío. “La inflación y el encarecimiento de los insumos han hecho que muchos agricultores no encuentren atractiva la siembra”, ha expuesto Vega, quien ha advertido de que la superficie sembrada en España ha pasado de 56.000 hectáreas en 2010 a unas 30.000 en 2025. En Castilla y León, las cifras han reflejado una caída equivalente, pese a que la comunidad mantiene algo más del 80 % de la producción nacional.

UGT ha alertado de que, si España y Castilla y León dejan de sembrar remolacha, el país quedará “totalmente expuesto” al mercado internacional del azúcar, dominado por un oligopolio que ya ha provocado cierres en la Unión Europea desde la eliminación de las cuotas en 2017. “Nos arriesgamos a depender por completo de terceros países, a sufrir desabastecimientos y a un aumento de costes”, ha señalado Vega, que ha recordado que este deterioro “ya ocurrió en el sector del tabaco”.

Ante este escenario, Lobo ha emplazado a las administraciones a “poner pie en pared” y a impulsar un plan estratégico que sostenga el cultivo, mantenga la actividad industrial y evite nuevas decisiones que “puedan condenar a las comarcas rurales a la pérdida irreversible de empleo y población”.