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El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León define la Renta Garantizada y el IMV como “paguitas”

El gerente del servicio público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), Álvaro Ramos Catalina, en la comisión de Industria.

EFE

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El gerente del servicio público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), Álvaro Ramos Catalina, ha calificado este martes de “paguitas” que pretende eliminar tanto la Renta Garantizada de Ciudadanía impulsada a nivel autonómico como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), de respaldo a personas desempleadas sin recursos suficientes, que ve como una “trampa de pobreza”.

Ramos Catalina ha respondido así a una pregunta formulada ante la Comisión de Industria, Comercio y Empleo por la procuradora socialista Yolanda Sacristán, sobre los motivos de la Consejería para no convocar las ayudas al Programa Personal de Integración y Empleo (PIE).

El responsable del Ecyl ha afirmado que las políticas que pretende desarrollar en esta materia están “muy alejadas de las prestaciones innecesarias” y cercanas a otras que “motiven a buscar un salario” a los desempleados, especialmente a los de larga duración.

El representante de la Junta de Castilla y León ha afirmado que es partidario de la “supresión” de la Renta Garantizada de Ciudadanía que impulsó este Ejecutivo autonómico y a la que se destinan unos 20 millones de euros, según el dato aportado por el propio gerente del Ecyl.

“Nosotros queremos promover unas políticas de empleo proactivas, alejadas de las paguitas, donde el Ecyl ofrecerá los servicios necesarios para incrementar la empleabilidad de los trabajadores y así aumentar la posibilidad de encontrar un trabajo”, ha afirmado Ramos Catalina.

El gerente ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital ha registrado varias reformas pensadas para alcanzar a una mayor población y sus cuantías se han incrementado para responder a la inflación, pero “sigue siendo un instrumento imperfecto que requiere de reformas de calado, tanto en su diseño como en su cobertura”.

“El beneficiario del IMV se encuentra ante una auténtica trampa de pobreza en la que la ayuda no incentiva la búsqueda de empleo”, ha argumentado Ramos Catalina.

Para este representante de la Junta de Castilla y León resulta “curioso” que el IMV, presentado como “la última red de seguridad” del sistema de protección social, “mantiene todavía demasiados agujeros por los que se escapan las vidas, expectativas y opciones de las personas y las familias más vulnerables ante el fatídico diseño de la cobertura y de su alcance”.

“Cronifica la pobreza y la vulnerabilidad de los españoles. Este tipo de paguitas deben tener una vocación de temporalidad frente a situaciones excepcionales y no ser sueldos vitalicios, con una vocación de permanencia en el tiempo y sin requerir nada a cambio”, ha añadido Ramos Catalina.

El gerente ha afirmado que las ayudas deben dirigirse a quienes no tienen recursos “pero se esfuerza”, mientras que no deben existir para quien “vive de la economía sumergida”.

La socialista Yolanda Sacristán ha afirmado que intervenciones y decisiones como estas sitúan a los representantes de Vox como “los peores gestores del Empleo” de la historia en esta Comunidad, con “datos rotuntamente falsos” que utilizan para dejar de convocar ayudas para las personas que están en desempleo.

Sacristán ha denunciado que el actual equipo al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, con Mariano Veganzones (Vox) a la cabeza, está buscando el “desmantelamiento” del servicio público de Empleo (Ecyl) por la “larga lista” de programas que han dejado de financiar, lo que ha vinculado con las “cuitas personales” del consejero tras ser cesado de ese servicio en 2013.

En Castilla y León unas 76.000 personas cobran algún tipo de prestación social vinculada al desempleo, con 34.500 hogares de la Comunidad receptores en concreto del Ingreso Mínimo Vital y más de 100.000 beneficiarios con datos de febrero de 2024, aportados por el gerente.

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