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La Junta mantendrá el contencioso sobre la resolución que flexibiliza movimiento de ganado mientras que el Gobierno critica las “falsas expectativas” dadas

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

EFE

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El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha confirmado que la Junta mantendrá abierto el contencioso sobre la legalidad de la resolución de la Dirección de Producción Agrícola y Ganadera del 10 de mayo de 2023 que ha sido suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

González Gago, en declaraciones a los periodistas durante su participación en la presentación de la campaña antiincendios de la Junta de Castilla y León, ha asegurado que este miércoles se publicará la suspensión de la resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), una suspensión con la que “decae la eficacia de la resolución y se vuelve al estado previo”, sin la flexibilización comprometida por el Gobierno con los ganaderos.

Esa resolución, que flexibilizaba las medidas de control de la tuberculosis bovina, fue suspendida este lunes cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

En relación a la protesta ganadera que irrumpió este lunes en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, González Gago ha dicho estar siempre “en contra de cualquier acto de violencia”. “Hay vías de derecho en un estado democrático para esas reclamaciones”, ha zanjado.

Isabel Rodríguez: “Lo que se ha puesto en evidencia es que no se puede utilizar la falsedad y no se pueden generar falsas expectativa”

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha criticado este martes “las falsas expectativas” generadas en el sector de la ganadería de Castilla y León tras los incidentes registrados a raíz de la estrategia de control de la tuberculosis bovina.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Rodríguez ha señalado que se han producido “discrepancias entre distintas administraciones”, en este caso entre el gobierno autonómico, por un lado, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la legislación de la Unión Europea (UE), por el otro.

“Lo que se ha puesto en evidencia es que no se puede utilizar la falsedad y no se pueden generar falsas expectativas ante un sector tan importante como es el ganadero en nuestro país, contraviniendo la legislación comunitaria y estatal vigente”, ha subrayado la portavoz del Ejecutivo.

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