La Junta de Castilla y León reclama el apoyo al decreto sobre incendios forestales para consolidar la estabilización del operativo

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago (PP), ha pedido este lunes el respaldo de las Cortes autonómicas al decreto ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales, que será debatido en las próximas semanas y que, según ha dicho, “respaldará los cambios en las relaciones de puestos de trabajo (RPT)” con los que la Junta pretende reconocer la figura profesional del bombero forestal.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda para explicar el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en lo relativo a su departamento, Gago ha defendido que la aprobación de los decretos “será clave para consolidar el proceso de estabilización y profesionalización del operativo público de extinción”. En ese marco, ha destacado que el presupuesto de la Consejería de la Presidencia asciende a 204,8 millones de euros, un 9% más que en 2024.

Según ha explicado, las nuevas medidas previstas si se aprueban los presupuestos contemplan una inversión de 16 millones de euros. De ellos, 12,5 millones serían destinados a transformar a los fijos discontinuos en trabajadores estables durante todo el año y 3,5 millones para financiar un nuevo complemento específico para los bomberos forestales. “Esperamos que las Cortes convaliden el decreto y respalden la labor de quienes arriesgan su vida en la defensa del medio natural”, ha reclamado Gago.

El consejero ha anunciado además que la Junta contratará con Tragsa parte de los trabajos de prevención y extinción que hasta ahora se encargaban a empresas privadas. En paralelo, la Escuela de Administración Pública (ECLAP) prepara un programa de formación específico para los nuevos bomberos forestales a partir de 2026.

“Una legislatura llena de novedades y éxitos”

González Gago ha hecho también balance político y ha defendido que la legislatura “ha estado llena de novedades y de éxitos”, pese a la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox. “Nos sentimos corresponsables de los avances logrados”, ha afirmado, ofreciendo diálogo a la oposición para sacar adelante unas cuentas que, ha dicho, “mejoran la calidad de vida de los castellanos y leoneses”.

Frente al optimismo del consejero, los grupos parlamentarios han respondido con críticas. El procurador socialista Luis Briones ha acusado a Gago de “vender humo” y de presentar unos presupuestos “sin voluntad de negociación ni capacidad de respuesta a los problemas reales”. A su juicio, Presidencia “recibe las migajas del presupuesto autonómico” y gasta “más en publicidad y propaganda que en apoyar a las entidades locales”.

Briones ha reprochado además que no se haya tramitado ni la nueva Ley de Función Pública ni la Ley de Régimen Local, y ha lamentado que no haya avances en la actualización de convenios con otras comunidades autónomas. “Castilla y León necesita otros presupuestos y otro proyecto político. No son de fiar”, ha apostillado.

El 'popular'García Nieto ha defendido el carácter “expansivo, real y ambicioso” del presupuesto autonómico. “Va a ser difícil que la oposición rechace unas cuentas que sitúan a Castilla y León entre las comunidades más punteras”, ha apuntado.

Vox acusa a la Junta de financiar “chiringuitos globalistas”

Por su parte, María Isabel Pérez (Vox) ha criticado que el Ejecutivo autonómico quiera incrementar la cooperación exterior “mientras bloquea 84 millones de euros de cooperación local”. La procuradora ha asegurado que “el dinero no llega a los ayuntamientos” y que el presupuesto de 2026 “prioriza agendas globalistas antes que a los vecinos de Castilla y León”. “Si no hay para todos, primero los nuestros”, ha apuntado.

Pérez ha cargado también contra los 1,3 millones de euros que la Junta quiere destinar a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, a la que calificó de “chiringuito innecesario”, y reprochó el recorte de un 22% en los fondos para víctimas del terrorismo.

UPL e Igea reprochan la falta de rumbo

La procuradora de la UPL, Alicia Gallego, ha coincidido en criticar la dotación para la Fundación de los Valores y ha acusado a Gago de “incumplir la voluntad de las Cortes”. “Se olvida de los grandes retos y de la cuna del parlamentarismo leonés”, ha dicho, pidiendo más apoyo a la Raya, la frontera con Portugal que agrupa a León, Zamora y Salamanca, y a los municipios del Reino de León.

En la misma línea, el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha calificado la actitud del consejero como una “rebeldía institucional” por garantizar que “seguirá fluyendo el dinero hacia los medios” pese a las restricciones de la nueva Ley de Publicidad Institucional. “El anterior responsable de velar por la legalidad ha decidido no cumplirla”, ha afeado Igea, que ha pedido destinar los fondos de la Fundación a cooperación al desarrollo. “Lo necesita más Senegal que Berenguela”, ha ironizado.

Gago: “Cumpliremos la ley de publicidad escrupulosamente”

Ante las críticas por el gasto en publicidad institucional y la implantación de la nueva ley, González Gago ha aseverado que la Junta “cumplirá al 100%” la Ley de Publicidad Institucional “en la redacción dada por su última reforma”.

Asimismo, Gago ha indicado que el Gobierno autonómico habría recurrido la norma si hubiera podido, pero ha asegurado que ya está en tramitación el decreto que regulará el nuevo Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre. “Las dificultades vendrán más del Parlamento que de la Junta”, ha afirmado, recordando que los grupos aún no han propuesto sus representantes.

El consejero ha defendido además el papel de los medios de comunicación locales y aseguró que la Junta quiere “trabajar con más y mejores medios” en 2026, porque “es un gesto inequívoco de pluralismo y respeto por la libertad”. Según ha indicado, los medios que reciben publicidad institucional pasaron de 177 en 2020 a 288 en 2024.

Por parte del PP, el procurador Miguel Ángel García Nieto ha culpado a PSOE y Vox del “bodrio” de la Ley de Publicidad Institucional, por la que “48 medios de comunicación” pertenecientes a “32 empresas diferentes” han acudido a los tribunales, como ha desglosado Gago

El consejero ha considerado que esta situación puede derivar en “destrucción de empleo” y la “desaparición de algún medio” por no contar con el dinero procedente de las administraciones públicas y también puede generar a los ciudadanos “carencia de información administrativa”, en referencia a las campañas.

Ante estas palabras, el exvicepresidente de la Junta procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha negado que esté cumpliendo con la Ley, ya que esa norma preveía que el consejero informara a las Cortes trimestralmente de todos los contratos de publicidad institucional y no lo ha hecho, al igual que el concurso público de televisión, que la norma también preveía convocar en tres meses sin que haya ocurrido.

El consejero ha defendido que “está cumpliendo absolutamente todo” y sobre los plazos dados por Igea, ha pedido que se empiecen a contar desde la publicación del informe del Consejo Consultivo para aclarar cómo debe cumplirse esa norma.

Elecciones y Día de Castilla y León

En su repaso presupuestario, Gago ha detallado que 6 millones de euros —el 40% del gasto de su departamento— se destinarán a la organización de las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026, que por primera vez permitirán votar a los castellanos y leoneses en el extranjero sin necesidad de rogar el voto.

El consejero ha anunciado también que la Junta volverá a financiar las celebraciones del 23 de abril en Villalar de los Comuneros, con doce conciertos y actividades culturales, pese a que la Fundación Castilla y León retiró su aportación. “El Día de la Comunidad se ha consolidado como una cita emblemática”, ha asegurado.