El PP de Salamanca y su presidente recurren el auto que les obliga a declarar como investigados en el caso de financiación ilegal

El presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco (c), junto al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias (i), y el secretario provincial, Carlos García Carbayo (d)

La "máxima colaboración con la Justicia" que anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al conocer el auto judicial que citaba a declarar en calidad de imputados al PP de Salamanca, a su presidente, Javier Iglesias, y a su gerente, Isabel Sánchez, por el caso de presunta financiación ilegal, se ha traducido en un recurso para intentar evitar esas declaraciones previstas para el 17 de enero.

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El Partido Popular de Salamanca recogió más de 60.000 euros en "donaciones altruistas" para pagar cuotas atrasadas de afiliados y que estos pudiesen votar en las primarias de 2017 a favor de Mañueco. Según su presidente, Javier Iglesias, se puso en marcha "una operación ingente" porque les hacía "ilusión" que un salmantino pudiese llegar a presidir el PP regional y la Junta de Castilla y León. Se recogió dinero de cargos públicos, de asesores... pero las cuentas que presentaron en el juzgado no cuadran, tampoco las cantidades donadas, los recibos y las explicaciones, y el juez considera necesario que Iglesias y Sánchez declaren por segunda vez, esta vez asistidos por un letrado porque lo harán en calidad de investigados, y que el PP designe a un representante para declara de la misma forma.

Tanto el PP como su presidente han recurrido este auto, algo no muy habitual en la fase de instrucción de una causa. El escrito del PP de Salamanca, al que ha tenido acceso elDiario.es, se basa fundamentalmente en autos anteriores en los que o bien se archivó provisionalmente la investigación –de la misma forma que luego se ordenó reabrir–, o en los que se descartó la declaración como imputados de personas que finalmente fueron citadas como testigos y en unas cuentas que asegura, al contrario que el juez, que cuadran. Es más, inciden en que el caso parte de una denuncia anónima por lo que no es más que "un pago a terceros" e insinúan que se está haciendo una investigación prospectiva.

Parte del dinero recaudado lo justificó el PP como donaciones de cargos del partido y aportaron recibos de extracciones bancarias, pero es que las cantidades no coincidían con las donadas. El Partido Popular dice que ahora no sería ningún problema "que las personas que han aportado los recibos bancarios hagan además una declaración formal jurada, si ahora, –que no antes–, se vienen a cuestionar y es lo que motiva la llamada de investigados que se impugna; al igual que se ha hecho con las ya aportadas y ratificadas por más de 30 personas y que no se cuestionan, ya que la mera aportación de tales recibos ya supone, de hecho, una evidente declaración implícita de ello". Aunque advierte el PP que no procede "invertir la carga de la prueba y cuestionar ahora esos justificantes sin haberlo hecho antes, ni haberse practicado ninguna diligencia que los contradiga".

Recibos que el propio PP reconoce que no se pueden vincular a las donaciones

Pero es que en su propio recurso el PP reconoce que los recibos bancarios aportados como prueba "ponen de manifiesto la disposición de metálico de esas personas en fechas próximas al pago de cuotas de afiliados, sin que quepa vincular automáticamente dichos reintegros con la aportación realizada por la persona en cuestión –es decir, que sea físicamente el mismo dinero–, ya que tales justificantes no excluyen que dispusieran de otro dinero metálico para hacer tales pagos. Es más, los recibos bancarios aportados son, en algunos casos, superiores a las aportaciones realizadas según consta en el listado aportado". O lo que es lo mismo: que los recibos pueden corresponder a las donaciones o no.

Según el PP, el núcleo central del auto y la fundamentación para la llamada como investigados "se circunscribe, de forma única y exclusiva" a los abonos en efectivo efectuados por cargos, asesores, etc, para pago de cuotas de “afiliados morosos” justificadas con recibos bancarios, si bien el fiscal recordaba en su escrito que se presentó esa documentación "de manera desordenada, sin ningún criterio y con una absoluta dejadez".

Un "giro de 360º"

"Lo que no procede ahora es que, en última instancia y sin ningún tipo de actuación previa, se dé este giro de 360º a todo lo actuado", asegura el Partido Popular, obviando la treintena de testificales en las que nadie pudo determinar o recordar cómo recibió o entregó las donaciones, cómo se seleccionó a los morosos a los que saldar la deuda o tan siquiera si se emitieron o solicitaron recibos por donar cantidades de hasta 1.000 euros. Según el PP, los argumentos del juez "han de decaer" porque "frente a lo indicado en el auto están justificados todos los importes. Existe error en las cuentas efectuadas al respecto" y todos los pagos están identificados y "no existe ningún ingreso 'anónimo' que pudiera considerarse ilegal".

"Al margen ya de que tales justificaciones documentales nunca han sido antes cuestionadas y no pueden servir, en ningún caso, de base a efectos de llamar directamente a nadie como investigado, se da también la circunstancia de que no son correctos los cálculos que se efectúan en el auto –y que traslada el Fiscal– respecto a las cuantías; de forma que no se produce la pretendida diferencia de 7.090 euros que se estima que no estarían justificados por ninguna vía para justificar las llamadas como investigados", asegura. Así "todas las cantidades incluidas en el listado presentado en su día están justificadas, ya sea con las declaraciones juradas admitidas en el auto recurrido, ya sea con los justificantes de recibos o movimientos bancarios; en este caso, con la única y exclusiva salvedad de un importe de 210 euros, prácticamente anecdótico en relación al total".

La "sorpresa" del presidente del PP de Salamanca

Respecto al recurso de apelación del presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, arranca con la "sorpresa" que le causa la llamada como investigado "tres años después de iniciarse una causa, y de haber sido citado y haber declarado como testigo, denegándose en dos ocasiones por el juez instructor y por la Sala su imputación, y en otra aludiendo a una figura, digamos sui generis de testigo que comparezca con abogado, luego rectificada por la propia Sala, de solo como testigo con las consecuencias sumamente graves que de ello se derivan". Así, para Iglesias y su letrado no hay "ningún hecho nuevo" que justifique su declaración en calidad de investigado.

Además de reiterar, como el PP, que la investigación parte de una denuncia anónima que ni siquiera menciona a Iglesias, preguntan "no por retoricismo, sino por verdadera necesidad" de qué se acusa a Iglesias para "al menos" poder defenderse y qué ha cambiado desde el pasado mes de febrero cuando se descartó que declarase como imputado. "Tienen, o mejor, deberían ser, hechos muy relevantes para justificar su llamada tres años después y tras haber desestimado su imputación en varias ocasiones" añaden, y sugieren que si no saben por qué, estarían "ante una verdadera ordalía".

Según el abogado, el "único motivo" por el que se atribuye a Iglesias la condición de investigado es por el hecho de ostentar el cargo de presidente del partido. Lo que en modo alguno es suficiente, ni es un hecho nuevo, ya que el cargo de presidente lo ostentaba en el momento en el que se incoaron las diligencias"

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