El Banco Europeo de Inversiones pone la lupa sobre los fondos de Castilla y León para biomasa

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) pone bajo revisión la millonaria ayuda prestada a la Junta de Castilla y León para impulsar el sector de la energía basada en biomasa a través de la sociedad pública Somacyl, según un informe del Mecanismo de Reclamaciones. El importe inicial del préstamo es de 50 millones de euros aunque las modificaciones posteriores lo han rebajado a 31 millones de euros, totalmente abonados.

El informe de la unidad de 'asuntos internos' del BEI (MR-BEI) se ha realizado gracias a la denuncia realizada por las asociaciones Afubiona y Vecinos de Compostilla que se oponen a los macroproyecto de centrales de biomasa previstos para Navatejera y en Ponferrada, este último en fase de construcción en estos momentos. La denuncia dudaba de la sostenibilidad de los proyectos y, por tanto, cuestionaba que se pudieran financiar con fondos públicos.

La Junta de Castilla y León aprobó en el año 2011 su Plan para impulsar el sector de la Bioenergía de Castilla y León con una inversión de 230 millones hasta 2020. Era su segundo gran proyecto energético después de haber aprobado en el año 2000 el Eólico de Castilla y León, que promovía la construcción de parques eólicos por todas las provincias. Casi dos décadas después el resultado de aquella política energética es una investigación por supuesta corrupción que incluye una veintena de imputados por haber pagado presuntamente hasta 80 millones de euros en comisiones,  dos comisione de investigación en las Cortes autonómicas y parques eólicos ilegalizados o paralizados por las irregularidades habidas en sus tramitaciones y su afección a la avifauna en extinción como el urogallo.

Entre los proyectos de la Junta para estos fondos están las redes de calor ideadas en un principio para edificios públicos y luego para el mercado residencial privado, que ya construye en Ponferrada o Burgos, así como el cambio de calderas de edificios públicos como ha hecho en la propia sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León en Valladolid.

En su informe sobre el destino de los fondos el BEI asume que la Junta de Castilla y León ha incumplido su “obligación contractual” de emitir un informe semestral sobre el destino de la millonaria ayuda y que no solicitó a la empresa pública que rectificase o aclarase la información de sus fondos anuales tras haber cambiado el destino de algunos proyecto. El banco hará un seguimiento durante los próximos 12 meses de sus recomendaciones y concluciones para vigilar su cumplimiento.

Según el letrado de los denunciantes, Víctor Álvarez Bayón, este informe es un gran paso que ratifica la existencia de irregularidades en estos fondos y proyectos, dando la razón a los afectados que se vieron obligados a acudir al Defensor Europeo para impulsar esta investigación interna. Piensan que esto puede ser “solo el principio” pues aún debe hacerse un estudio detallado de los proyectos concretos de Navatejera y Ponferrada por parte del Banco. Debe resolverse si estas dos centrales incumplen las normas del préstamo y, en ese caso, lo procedente sería que la Junta devolviese el dinero o al menos abandonase estas centrales  que son rechazadas masivamente los vecinos y que, en su opinión carecen de viabilidad.

La denuncia de las asociaciones defendía la no sostenibilidad de los proyectos elegidos por el Gobierno autonómico al entender, entre otros argumentos, que no hay suministro sostenible de biomasa en la provincia de León para alimentar estos y otro proyectos, el uso de tecnología obsoleta o la ausencia de rehabilitación de edificios técnicamente obsoletos a las redes de calor. Una de las condiciones del dinero europeo es que “la biomasa utilizada el programa debe proceder de bosques certificados o de bosques con un plan de gestión aprobado”.

La revisión de la reclamación sobre las plantas térmica de biomasa leonesas (Navatejera y Ponferrada) queda pendiente no obstante a que se reciba más información de la Junta de Castilla y León ya que la Junta de Castilla y León no ha informado al Banco Europeo de Inversiones si estos proyectos se han financiado con su dinero. Cabe recordar que la obra de la planta térmica de Ponferrada tiene su construcción casi finalizada y la Junta no ha explicado al BEI ni en 2018 ni en su último informe de octubre de 2019 si esta obra cuenta con dinero europeo, como en teoría así sería conforme al plan previsto.

En la propuesta original de financiación de la Junta del plan conocido como 'Castilla y León Climata Change' se apostaba porque dos tercios de la inversión fuera para renovar calderas de edificios públicos pero en 2018 cambió la pequeña escala por el proyecto térmico para la ciudad de León, trasladado a Navatejera con una fuerte oposición, y con dos procesos judiciales en curso. El proyecto de Ponferrada también está judicializado por una denuncia, que recoge, un presunto uso indebido urbanístico de la parcela en la que se ha construido.

El BEI destaca en su informe que la Junta sólo asegurada en su informe de 2018, último completo aportado, que había finalizado 34 subproyectos de calderas y calefacción urbana, pero sólo informaba de 19 subproyectos. Además cuenta con importantes deficiencias como no informar sobre el ahorro energético o cuánto supone el consumo de la biomasa. Pero de momento para el BEI la sostenibilidad de los proyectos en los que hasta ahora se ha gastado dinero público no es cuestionable, aunque no se ha proporcionado información completa de todos ellos.