La Junta de Castilla y León ideó un plan para cobrar un 1,5% a los promotores eólicos a través de una fundación

La Junta de Castilla y León pretendía llevarse un 1,5% del valor de cada parque eólico autorizado. Para ello barajó, como “una actividad extra”, crear una fundación que recibiese las donaciones. Quien relató estos planes fue el director del departamento de energías renovables del Ente Regional de Energía, dependiente de la Junta, Rafael Ayuste Cupido. En su declaración ante el juez que instruye el caso de la Trama Eólica, y ante el fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz, Ayuste recordó que finalmente se descartaron los cobros a través de una fundación y se dejó en manos de Iberdrola la canalización de las participaciones de distintos promotores y de su transmisión. 

Según el abogado de Ecologistas en Acción, Emilio Martínez, esto cuadra con un supuesto reparto del mercado eólico a través de un pacto entre eléctricas. Eran estas últimas las que, tras la renuncia de pequeños promotores foráneos, se hacían con las sociedades y se aliaban con los locales. El criterio del socio local se adoptó, según Ayuste, en 2005, pero él no tuvo ninguna participación, ya que el director del Eren, Ricardo González Mantero y el funcionario Tomás Ciria, tomaron las riendas y le apartaron. La instrucción, dijo “venía de arriba”. El abogado de los ecologistas le preguntó directamente si conocía pagos, o donaciones de empresarios a fundaciones de la Junta, y Ayuste comentó que sí, pero que estos a veces eran “en especie”, pagando o realizando obras concretas. Según Martínez, con esta declaración, se está llamando “a la puerta de la financiación” con “una tasa, un impuesto o un chantaje”.

Por segunda vez declararon los hermanos Álvaro y Ricardo Fuster, conocidos por su amistad con el Rey de España. Los empresarios, dueños de Canon Power fueron expulsados del negocio eólico en Castilla y León porque sus parques, teniendo todos los permisos, carecían de la autorización pertinente, de la última firma. Esta no se produjo porque se negaron a asociarse con empresarios locales que, según ellos, “eran completos ignorantes del sector” y no sabían “ni el precio del kilovatio por hora”. Finalmente, vendieron esos seis parques atascados a Iberdrola y cobraron 5,6 millones de euros.

Los Fuster aseguraron que el trato de la Junta, a través del Eren, había sido “vergonzoso” por las presiones que sufrieron por parte de González Mantero y Ciria. El paso siguiente sería esperar a que el fiscal imputase a ambos, y de no suceder, Ecologistas en Acción se plantea solicitarlo. “Eran algo más que funcionarios obedientes”, dijo Martínez, que además recordó que González Mantero, en su declaración judicial de hace un año admitió que la planificación y existencia de empresas locales en las autorizaciones de parques eólicos en la Comunidad era una decisión “política” que partía del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva.

Declararon además, el exconsejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, y el actual director general de Generación de la compañía eléctrica, Manuel Morán. Miranda, que al finalizar su comparecencia ante el tribunal declaró desconocer por qué estaba en el juzgado, es el autor de una carta al entonces consejero de Economía. En la misiva, remitida por fax el 10 de marzo de 2005 con el encabezamiento “estimado consejero y amigo”, recordaba que Endesa trataba de entrar en parques eólicos que estaban promoviendo otras empresas, pero no por iniciativa propia, sino porque así se lo indicaba la Junta de Castilla y León.

“Como continuación de la conversación mantenida la pasada semana y ante el interés que nos han manifestado desde diferentes instancias de tu departamento en que los parques eólicos pendientes de autorización administrativa sean desarrollados mayoritariamente por alguno de los grandes grupos promotores eólicos de la Comunidad [...]”. El directivo explicaba que Endesa pretendía “alcanzar acuerdos para participar mayoritariamente” en las promociones eólicas que llevaban a cabo las empresas Ider, Cannon Power, Ibervento, Dersa-Boreäs, Preneal y Ecotecnia y añadía: “así como de cualquier otra empresa que desde la Junta de Castilla y León estimarais de interés”. Sin embargo, en su declaración aseguró haber firmado la carta sin conocer su contenido, porque ni siquiera recordaba el nombre de las empresas mencionadas.

Quien tenía que haber declarado y no lo hizo fue el expresidente de Campofrío, Pedro Ballvé, autor también de una carta para Villanueva en la que le recordaba que había que acelerar sus parques, y que iba a hacer donaciones y a participar en proyectos de la Junta. Su letrado excusó su presencia aduciendo que su cliente había comprado un billete de avión antes de ser citado.