Las universidades catalanas dicen basta y reclaman al Govern más de 100 millones para revertir los recortes
Las universidades públicas catalanas han dicho basta. En un gesto sin precedentes recientes, los rectores de los ocho campus públicos que hay en Catalunya han celebrado un acto de denuncia de su situación financiera, que consideran bajo mínimos. No sólo por unos recortes que no se han revertido –las transferencias que reciben son un 15% inferiores a las de 2019–, sino también por la falta de presupuestos de la Generalitat, prorrogados desde 2017, que les impiden hacer frente a los gastos imprevistos o al aumento del coste de algunos servicios, sobre todo los que tienen que ver con el mantenimiento de sus instalaciones.
Después de firmar un manifiesto conjunto en julio a través de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), los rectores trasladaron su malestar por la falta de recursos al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en una reunión en la que este les prometió doblar progresivamente el presupuesto en educación superior en los próximos seis años. Pero las universidades no se fían y quieren soluciones de cara al presupuesto de 2020, alegando que se encuentran bajo mínimos.
Su demanda, expresada este jueves en un acto conjunto en el Paraninfo de la Universitat de Barcelona (UB), es volver a los 922 millones de euros que recibían de la Generalitat en 2009, unos 144 millones de euros más que los 778 millones liquidados en 2017, año de los últimos presupuestos aprobados. “No somos de levantar la voz, no nos gusta el ruido, pero tampoco que no se nos den los medios para llevar a cabo nuestras tareas”, ha reclamado Joan Elies, rector de la UB y presidente de la ACUP, en un discurso junto a los demás rectores de la UPC, UAB, UPF, UdG, UdL, URV y la semipública UOC.
Desde la Secretaría de Universidades e Investigación de la Generalitat defienden que la inversión para este 2019, a pesar de la prórroga presupuestaria, ya será de 811 millones, y que para 2020 esperan poder inyectar más dinero a los campus. Tan eficaz ha sido la protesta de los rectores que, justo al conocer la convocatoria del acto de protesta, el vicepresident y conseller de Economia, Pere Aragonès, ha citado a los rectores a una nueva reunión este mismo miércoles.
Pese a la desconfianza de los rectores, desde la Secretaría de Universidades que pilota Xavier Grau argumentan que ya tenían previstas una serie de mejoras para las fallidas cuentas de 2019 que no se pudieron llevar a cabo por falta de acuerdo político. Entre ellas, 42 millones más para transferencias corrientes, 9,5 millones para crear becas salario y 4,5 millones para equiparar precios de máster con los de grado.
Más presupuesto para rebajar las tasas
Además de la mejora de la financiación, los rectores han consensuado exigir al Govern 100 millones adicionales para actualizar sus infraestructuras y equipamientos y un plan de choque para renovar unas plantillas, así como reducir el precio que pagan los estudiantes por su matrícula en Catalunya, que oscila entre los 1.500 y los 2.300 euros según el grado (casi el triple que en otras comunidades autónomas). De hecho, los 144 millones de recorte respecto de 2019 a los que aluden los rectores han repercutido sobre todo sobre los alumnos y sus familias, que en 2012 vieron como el gobierno de CiU aumentaba un 67% el precio por crédito para compensar el tijeretazo.
Desde entonces, la Secretaría de Universidades de la Generalitat no ha tocado los precios pese a que el Parlament le ha instado en varias ocasiones a empezar al menos por una reducción generalizada del 30% de las tasas. Desde Universidades sostienen desde hace tiempo que su modelo pasa por rebajar los precios solo a los beneficiaros de las becas equidad, que en distintos grados reúnen a todas aquellas personas que no superan una renta familiar de 48.000 euros –las familias de cuatro miembros–.
El mantenimiento de los campus, al límite
Uno de los motivos por los que los campus han dado la alarma es que se encuentran con verdaderas dificultades para hacer frente a las necesidades de mantenimiento de unas instalaciones que, en el caso de grandes universidades como la UB la UAB, cuentan con más de 500.000 metros cuadrados. La situación más lacerante es la de la Autónoma de Barcelona, la única que cerró 2018 con un déficit de 3,2 millones que se suma los 65 millones acumulados en los últimos ejercicios.
En el caso de esta institución, que cuenta con 26.400 estudiantes, han llegado a reducir gastos en limpieza. “La lejía sube de precio, el agua también, y cuando has de licitar el servicio te dicen que sube un 2%, pero nosotros no podemos”, explica Jaume Tintoré, gerente de la UAB. Finalmente han optado por eliminar horas de limpieza en los despachos y otras oficinas menos concurridas que las aulas y los laboratorios. “Si no se cambia lo que recibimos en inversiones, a medio plazo tendremos problemas con edificios hasta el punto de tener que cerrarlos”, vaticina.
Los rectores se quejan de que, pese a que en los últimos años se han contemplado incrementos salariales, no se han mejorado las transferencias para mantenimiento. Es el llamado Plan de Inversiones Universitarias (PIU), concepto por el cual la UAB recibe 2,7 millones de euros y la UB, 5. Cifras a años luz de los cerca de 20 millones que ingresaban ambos campus por lo mismo antes de los recortes, y que permitían renovar instalaciones de investigación, aulas, mobiliario o el sistema informático. Para este capítulo, los rectores demandan a la Generalitat un aumento de 100 millones de euros.
Desde la UAB denuncian también que la falta de presupuestos hace que todos los gastos sobrevenidos tengan que asumirlos los campus sin más ayuda de la Generalitat. Y pone como ejemplo los cuatro millones de euros que les va a costar devolver a los profesores una serie de complementos salariales recortados en 2012 –y cuya devolución los sindicatos ganaron en los juzgados–.
