Las denuncias por adoctrinamiento en Catalunya se multiplicaron a raíz de una cadena de Whatsapp

“Para denuncias de adoctrinamiento en las escuelas. ¡Pásalo!”. Este escueto mensaje junto a una dirección de e-mail y dos números de teléfono fue suficiente para generar una avalancha de denuncias contra centros escolares catalanes. La cadena se viralizó en octubre de 2017 en grupos de Whatsapp particulares y redes sociales y, según la documentación a la que ha accedido en exclusiva eldiario.es, generó al menos una veintena de denuncias en solo una semana.

Muchas de estas denuncias fueron utilizadas por la Alta Inspección del Ministerio de Educación para enviar el tercero de los requerimientos a la Generalitat, remitido el día 26 de octubre. En él se recopilan las quejas llegadas a la dirección de correo consultas.barcelona@correo.gob.es, activada por la Delegación del Gobierno en Barcelona y difundida por grupos y participarles mediante una campaña de “pásalo” en redes sociales.

El origen de la cadena puede situarse en los primeros días de octubre, justo después del referéndum, cuando hubo denuncias por presunto adoctrinamiento en algunos centros situados en zonas cercanas a cuarteles de la Guardia Civil, como Sant Andreu o La Seu d'Urgell. A partir de ahí, la Delegación del Gobierno en Barcelona abrió la dirección de correo electrónico, el día 10 de octubre, con el objetivo de canalizar las denuncias hacia el el Ministerio de Educación.

Pese a la difusión institucional de la cuenta, los primeros días el buzón no obtuvo apenas movimiento. Pero en seguida comenzó una intensa campaña que difundió la dirección de correo electrónico mediante la cadena del 'pásalo', que inundó diferentes grupos de Whatsapp que comparten grupos contra la inmersión y activistas por la unidad de España. El mensaje también saltó a cuentas vinculadas a grupos ultras o partidos de extrema derecha como Vox en Facebook y Twitter.

A esta difusión contribuyó también el autodenominado sindicado AMES, una entidad sin representación laboral en los colegios catalanes que lucha contra la inmersión lingüística. AMES comenzó una campaña para fomentar las denuncias de adoctrinamiento poco después de que la cuenta de la Delegación del Gobierno se activase, con un comunicado emitido el 19 de octubre, e incluso llegó a usarla para canalizar denuncias que previamente había recogido por sus propios medios.

Preguntado por eldiario.es, el portavoz de AMES, Antonio Jimeno, asegura que difundió el correo del Gobierno tras encontrárselo en “varios” de los grupos de Whatsapp en los que participa con decenas de personas para compartir información sobre posibles casos de manipulación en los colegios. “Aquellos días los grupos de llenaron de mensajes y muchos eran este tipo de cadenas”, sostiene. 

De esta forma, entre los días 18 y 24 de octubre se registraron al menos una veintena de denuncias, según los requerimientos de la Alta Inspección del Ministerio a los que ha tenido acceso este diario. Las quejas registradas durante esos siete días le sirvieron al secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, para elaborar el tercer requerimiento que envió a la Generalitat durante esos meses, posterior a los de 26 de septiembre y 5 de octubre. 

El número exacto de denuncias remitidas por el Gobierno al Departamento de Enseñanza se desconoce a día de hoy, puesto que ha habido otros dos requerimientos en 2018, pero el entonces Delegado del Gobierno, Enric Millo, afirmó en mayo que afectaban a 134 colegios catalanes. Fuentes de la Delegación del Gobierno informan que el correo consultas.barcelona@correo.gob.es fue desactivado con la llegada de la nueva delegada, Teresa Cunillera, designada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Huelgas, 'Jordis' y casos de 2015

Una parte de las denuncias que se enviaron al correo de la Delegación del Gobierno durante esa semana tuvieron que ver con sucesos relativamente actuales en aquellas jornadas, como las huelgas estudiantiles o las protestas por la encarcelación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Pero el buzón se aprovechó también para denunciar casos de mucho antes, como el de una madre que copia el texto de una supuesta acta de 2015 de un AMPA en la que se dice que se castiga a los alumnos por hablar en castellano. La Generalitat respondió que no le constaba queja alguna, que no se podía comprobar y que además el redactado de la denuncia no denotaba “ninguna certeza”.

Seis de las quejas recibidas aquellos días tienen que ver con los comunicados que los institutos remitieron a todas las familias avisándoles de que si sus hijos querían hacer huelga, tenían que autorizarlo. Un procedimiento habitual en todos los paros estudiantiles pero que algunos interpretaron como un posicionamiento de los centros. “Acabo de ver este correo que me han enviado, ¿es normal? Esta escuela me tiene ya frito. Les he puesto ya varias quejas en Enseñanza pero parecen hacer oídos sordos. No quiero que mis hijas estudien así, ellas no estudian política. ¿Qué debo hacer?”, lamenta un denunciante, que adjunta la carta sobre la huelga. 

Aquellos días hubo también protestas por el encarcelamiento de los Jordis, por lo que varias denuncias tuvieron que ver con los minutos de silencio que se organizaron en algunos centros. En su respuesta al Ministerio de Educación, el Departamento de Enseñanza alegó que estas concentraciones habían sido voluntarias, en horas no lectivas, y garantizando que los estudiantes que no querían participar en ellas quedaran bajo el cuidado de algún profesor. 

Hubo tres toques de atención a centros

Durante el 155, la Generalitat no abrió ningún expediente por denuncias de adoctrinamiento, según desveló eldiario.es, pero esto no significa que no apercibiera a algunos colegios de los que hubo queja al considerar que se habían excedido. Así consta en las respuestas que trasladó al Ministerio de Educación el secretario general de Enseñanza, Lluís Baulenas, que quedó al frente del Departamento una vez fue cesada la consellera Clara Ponsatí.

La Inspección Educativa de la Generalitat dio credibilidad a al menos tres denuncias. A un colegio que suele poner música cada día a la entrada y salida de los alumnos, y que el 23 de octubre optó por hacer sonar “Els Segadors”, le apercibieron para que no se vuelva a repetir esta situación y se “proteja la sensibilidad ideológica” de toda la comunidad educativa. A otros dos colegios les pidieron cuidar el lenguaje en sus comunicados porque una de ellas anunció a las familias que se adherían a la huelga del 3 de octubre reproduciendo un texto del sindicato USTEC, y la otra adjuntó un manifiesto de los alumnos “posicionándose”. 

En la respuesta de Baulenas se aprecia también cómo algunas direcciones de centros actuaron ante las denuncias antes de que interviniera la Inspección. Ante la queja de una madre porque en una clase de un ciclo de Formación Profesional la profesora había dicho que hablar castellano era de “maleducado” o “barriobajero”, el documento de Enseñanza recoge que la dirección, en cuanto tuvo constancia de ello, instó a la docente a pedir disculpas e hizo lo propio con la familia denunciante.