¿Por qué los trabajadores del Metro de Barcelona hacen huelga si nadie les quiere echar?
La huelga de Metro de esta semana en Barcelona ha sido el episodio más conflictivo de los ocho meses de Ada Colau al frente del consistorio. En su Facebook, Colau ha definido una huelga como “una medida extrema a la que se recurre ante pérdidas de derechos y cuando la otra parte no ofrece diálogo”, algo que la alcaldesa ha considerado que “no era el caso” del suburbano. Días antes, había tildado de “desproporcionados” los paros. ¿Por qué los trabajadores del Metro han hecho huelga si nadie quería echarles a la calle? ¿Es la huelga una medida a la que se recurre exclusivamente ante pérdidas de derechos como dice la alcaldesa?
Las estadísticas del ministerio de Trabajo muestran un ligero descenso de las huelgas derivadas de los procesos de negociación colectiva, es decir, durante la negociación o por la negativa empresarial a revisar o negociar un convenio. Si durante los años de bonanza económica rondaban las 250 anuales, en los últimos años apenas sobrepasan las 200. Por contra, han crecido las huelgas provocadas por impago de salarios o despidos. “La degradación de las condiciones laborales ha reducido mucho las condiciones en las que los trabajadores pueden hacer huelga con seguridad jurídica”, apunta Albert Recio, profesor del departamento de economía aplicada de la UAB.
“La huelga es un derecho irrenunciable de los trabajadores y un mecanismo de presión sindical en todo tipo de situaciones”, explica el investigador Ernest Cañada. “Es una herramienta sindical normal”, añade Recio. Las huelgas, por lo tanto, son un instrumento para conservar o mejorar lo conseguido por los trabajadores, y también para intentar no perderlo. Sin embargo, una huelga en el sector de los transportes tiene una afectación e influencia muy altas, lo que hace que las administraciones se lo piensen dos veces antes de llegar a una situación de paro. “En otros sectores se para y no se nota. En el transporte es todo lo contrario”, explica Recio. Más todavía con todo un Mobile World Congress de por medio, como ha ocurrido esta semana.
Cañada pide no olvidar en qué contexto se han producido los paros en el suburbano. “Estamos en una situación de desempleo alto, de ofensiva empresarial para disminuir los derechos de los trabajadores, criminalización de la actividad sindical e incluso de persecución judicial a los trabajadores”, dice en referencia a casos como el de los ocho de Airbus.
“Un dique irrenunciable”
En este sentido, Cañada rechaza que los planteamientos de los sindicatos del metro sean únicamente “reivindicaciones corporativas”, y considera que pueden ser una oportunidad para el resto de trabajadores. “Que sectores con mejores condiciones que los trabajadores precarios estén defendiendo sus derechos es un dique irrenunciable que podría ayudar a otros trabajadores”, afirma.
Pese a ser una empresa privada de capital público, el metro cuenta con una relevante bolsa de trabajadores precarios. De las 3.600 personas que conforman su plantilla, 600 de ellas solo trabajan tres meses al año con contratos de obra y servicio o tienen jornadas que no superan el 75%. Los sindicatos aseguran que desde 2011 se han ido acumulando trabajadores en estas condiciones sin un plan para mejorar su situación.
¿Un gobierno de izquierdas debería ser más proclive a las demandas sindicales? En la teoría ideal sí, pero las cosas cambian a la práctica. “El poder político actual es débil. El Ayuntamiento está sometido a normativas estatales y europeas de austeridad que le dejan un margen de maniobra reducido”, explica Recio. En su Facebook, Colau escribió que para satisfacer todas las demandas sindicales habría que subir las tarifas del transporte o empeorar el servicio, extremos que no se planteaba.
En este sentido, Cañada lamenta que desde el consistorio se hayan contrapuesto las reclamaciones de los trabajadores del metro con el derecho a la movilidad de la ciudadanía, precisamente por el contexto de criminalización sindical iniciado desde la patronal aprovechando la crisis económica. Cañada cree que fue un error la publicación por parte del consistorio de los sueldos de la plantilla sin haber abordado en profundidad la transparencia en el ámbito directivo de TMB, la empresa de transportes municipal.
Junto a la precariedad, la cantidad exacta y las funciones de los directivos de TMB (que en buena medida provienen de la confianza de anteriores administraciones, tanto socialistas como convergentes) es otra de las patas del conflicto. A día de hoy, el número y sus funciones exactas siguen siendo un misterio, aunque el Ayuntamiento se ha comprometido a acabar con la opacidad de TMB en el marco de la transparencia del Área Metropolitana de Barcelona.
De hecho, algunos empleados del metro han empezado a publicar en Facebook sus nóminas, que contradicen las horquillas lanzadas por el Ayuntamiento. “La huelga ha creado una situación contradictoria que era fácil de prever pero difícil de gestionar para un gobierno en minoría y con una falta de contrapoder social suficiente”, concluye Cañada.
