El septenio de las migajas

Después de meses de duras y largas negociaciones, a principios del mes de febrero los líderes de la UE, encabezados por el presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy, acordaron el presupuesto para los próximos siete años de la UE (2.014-2.020). Estos siete años, casi una década, será el período en que la UE tendrá que sobrevivir con menos del 1% de su PIB.

Esto supone una reducción de ingresos de 35 billones de euros. Y esto ocurre porque la mayoría de Estados miembros consideran que la UE también debe someterse a los mismos recortes que los gobiernos aplican en el ámbito nacional.

Asimismo, los gobiernos contribuirán al presupuesto septenal con menos recursos de los que habían pactado para el septenio anterior, a pesar de la ampliación de estados miembros.

En esta línea, fuentes de la Comisión Europea han explicado que el Parlamento podría no aprobar este presupuesto, lo que conllevaría seguir con el presupuesto actual. De hecho, esto es lo que ha pasado. El Parlamento Europeo ha rechazado aceptar el pacto de los gobiernos nacionales hasta que no se acepten todas las demandas de una Eurocámara que señala que la minuciosidad del presupuesto no podrá resolver los problemas financieros y económicos a los que la UE ha de enfrentar. Y menos cubrir las expectativas que la UE genera. Uno de los argumentos que el Parlamento Europeo ha esgrimido para aceptarlo es que los gobiernos acepten incluir una cláusula de revisión obligatoria en 2017 y más flexibilidad para trasladar los fondos entre partidas y años.

En estos momentos, el presupuesto del período que finaliza es de 862.363 millones de euros, cifra que representa un poco más del 1% del PIB de los Estados miembros. El nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) estará dotado de 959.988 millones de euros, una cifra más alta pero que representa un PIB más bajo. Esto comportará que haya algunos cambios en las prioridades de gasto en el marco del nuevo acuerdo. Mientras que los fondos destinados a la agricultura se verán ligeramente reducidos (de 337 millones de euros se pasará a 277 millones), la UE elevará la partida presupuestaria para proyectos de infraestructura transnacionales y, en especial, por los programas de lucha contra el desempleo juvenil, que contará con 126 millones de euros, un 37% más respecto al anterior MFP. Queda claro que la presión de países como Francia, grandes beneficiarios de la Política Agraria Común (PAC), hacen que la dotación presupuestaria en el ámbito agrario siga casi inalterable, mientras que los países nórdicos y las instituciones europeas, por su parte, consideran que hay que apostar por un incremento en investigación, infraestructuras y políticas de promoción del crecimiento económico.

Por otra parte, el presupuesto destinado a las políticas de cohesión se reducirá en casi 30 millones de euros. La Comisión Europea quiere crear una nueva categoría de regiones que incluirán todas aquellas con un PIB de entre el 75% y el 90% de la media de los Estados miembros. En el último presupuesto de la UE, los fondos iban destinado a aquellas zonas con un PIB inferior al 75%. El cambio se hace con la intención de cumplir con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Aparte de la baja cifra del presupuesto, la UE tiene una grieta más en la construcción de una Europa más eficaz. Los presupuestos abarcan un período de siete años mientras que la elección de los parlamentarios se hace cada cinco años. Siete años es un espacio de tiempo demasiado largo para prever el futuro y la salida de esta crisis que Europa sigue arrastrando.

Y no sólo eso. Se observa que los hechos chocan con las palabras. A pesar de las afirmaciones que apuestan por “más Europa”, es decir, para avanzar en la construcción de una UE más federal, como apuntan algunos líderes europeos como la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, es evidente que todavía hay mucha oposición gubernamental a este proyecto. Ciertamente, mientras no haya un mayor presupuesto, no habrá una Europa integrada. Y es que no hay proyecto político sin un presupuesto solvente detrás.