La “consulta a los catalanes” que propone el PSC: sobre el Estatut y tras un acuerdo de partidos

“Tenemos un problema político que hay que resolver” porque, debido al recurso del PP al Tribunal Constitucional, “Catalunya tiene un estatuto no votado por la ciudadanía”. Quien verbalizó de esta forma la posición de los socialistas sobre Catalunya fue Pedro Sánchez en mayo de 2018, cuando presentó una moción de censura que ganó a Mariano Rajoy. El entonces candidato a la presidencia recogía la posición que los socialistas catalanes venían fijando durante el procés, desde mucho antes de octubre de 2017, y que mantuvieron tras el referéndum del 1-O.

Salvador Illa ha vuelto a repetir ahora esta idea en una entrevista en El Confidencial, esta vez con el trasfondo de una nueva propuesta de ERC sobre las posibles condiciones que debería tener un referéndum sobre la independencia. “Si fruto del diálogo entre catalanes y sus partidos se llega a un consenso y a un mínimo acuerdo sobre cómo organizar el autogobierno de Catalunya que competa a la comunidad catalana, estoy de acuerdo con esa consulta y me parecería bien. En ningún caso una consulta para una ruptura, para la autodeterminación”, ha afirmado el líder del PSC que, a renglón seguido, ha repetido la idea una posible reforma estatutaria, siempre que haya acuerdo.

El referéndum que necesita Catalunya, según el PSC, es uno que refrende un pacto entre partidos para mejorar el Estatut dentro de los márgenes constitucionales. Una tesis que ni es nueva ni ha cambiado en la última década., tal y como puede observarse en los diferentes documentos del partido, acuerdos con otras formaciones o intervenciones de sus líderes a lo largo de los años.

Pero esa aclaración no ha sido suficiente para el PP, que se ha lanzado en tromba por boca del propio Alberto Núñez Feijóo. Preguntado sobre si pensaba que iba a producirse un nuevo referéndum de independencia, el líder de la oposición ha asegurado que tiene “pocas dudas”, por lo que ha asegurado que “estamos viviendo un momento insólito, un momento que ni el independentista más ambicioso podía esperar”.

Preguntado por las razones de estas sospechas, Feijóo ha asegurado que “esta mañana miembros del Gobierno nos han dicho que les parecía bien que se pudieran celebrar referendos en Catalunya”, en referencia a unas declaraciones de la ministra Ione Belarra, que consideraba legítimo que ERC plantease votar sobre la independencia.

Una posición invariable desde 2016

Tras algunos vaivenes en la prehistoria del procés, los socialistas catalanes acabaron fijando su posición sobre el pacto territorial en el congreso del partido de 2016. En aquella cita, que capitaneó Miquel Iceta, el PSC hizo una apuesta clara por una reforma federal de la Constitución, lo que convertiría a las comunidades autónomas en estados federales, y una mejora del Estatut de Catalunya pactado con el Estado y ratificado por la ciudadanía catalana mediante consulta. Esta propuesta, con variaciones mínimas, fue introducida también en los diversos programas electorales posteriores, incluyendo el de la elecciones de 2021, en las que fue candidato Illa.

“Queremos desarrollar el Estatuto de autonomía de Cataluña y hacerlo avanzar al máximo”, afirma el último programa del PSC, en el que también se defiende “una reforma federal de la Constitución”. “Además de la necesaria actualización del texto constitucional, después de casi 40 años de desarrollo autonómico, una evolución explícitamente federal de España debe servir no solo para abordar el encaje de Cataluña en el resto de España, sino también para consolidar las conquistas sociales alcanzadas y recoger las voluntades y los anhelos de los ciudadanos y las ciudadanas”, apunta el programa que defendió Illa.

La consulta que propone el PSC para Catalunya es, por tanto, sobre aspectos relativos al Estatut y tras un acuerdo de partidos. Desde el partido socialista aclaran que el acuerdo al que apelan no tiene por qué ser una reforma estatuaria como tal, sino sobre la forma de recuperar diversos aspectos perdidos del autogobierno, por ejemplo mediante la reforma de leyes orgánicas y normas que permitan ampliar el techo competencial. Esta es una idea que, sin ir más lejos, ha aparecido en el documento de la Agenda del Reencuentro que ha esgrimido Sánchez en la mesa de negociación del PSC.

Por esta razón, la posibilidad de celebrar una consulta también aparece en el primer acuerdo entre el PSOE y ERC para establecer la mesa de diálogo, en enero de 2020. En aquel documento, las formaciones consensuaron el siguiente texto:

“En este espacio [la mesa de diálogo] deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana. En este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”.

Tanto ERC como el PSC hacen referencia a este “mecanismo de validación” cuando hablan de consultas, con la salvedad de que, cada partido, propone consultar por una cosa diferente. Los republicanos acaban de presentar un documento en el que apuestan por un referéndum de autodeterminación inspirado en diversos procesos internacionales, como la ley de Claridad canadiense, el referéndum pactado de Escocia o el de Montenegro, que acabó teniendo reconocimiento internacional pese a las dudas iniciales. En ese sentido, ERC propone por ejemplo que el independentismo pueda ganar una consulta con no menos del 55% de los votos favorables y una participación del 50%.

Illa y los socialistas, en cambio, se oponen con rotundidad a esa opción. “Hay que votar sobre una acuerdo, no sobre la ruptura”, insisten. En ese sentido, una de las respuestas más claras del líder del PSC sobre qué deberían de votar los catalanes la ofreció en enero de este año, preguntado en el Club Siglo XXI, cuando aseguró: “En algún momento habrá que corregir la anomalía de que el Estatut vigente no es el que se aprobó por la ciudadanía. Si eso pasara en Extremadura o Andalucía, todo el mundo vería claro que tiene que corregirse”. Unas palabras que, de hecho, son calcadas a las pronunciadas por Sánchez en 2018.