Las comisiones para estudiar la municipalización del agua en Barcelona esperan su convocatoria
Las dos comisiones, una política y la otra técnica, que creó el pleno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para preparar a la administración para aplicar la sentencia que anuló la empresa mixta creada junto a Agbar en 2012 no se han reunido ni una sola vez un mes después de su aprobación. Desde el gobierno metropolitano –formado por PSC, ERC y Entesa, el grupo donde están integrados BComú e ICV– respondieron al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona con la creación de dichas comisiones para adecuar la administración a la sentencia.
El objetivo es que la AMB pueda trabajar como si el fallo del TSJC fuera firme. No obstante, Agbar, el socio mayoritario de la empresa mixta tumbada por los tribunales, ha recurrido la sentencia ante el Supremo, por lo que la decisión definitiva sobre la empresa mixta todavía puede tardar meses e incluso años.
Fuentes supramunicipales consultadas han indicado a este diario que su intención es convocar esta misma semana la primera reunión de la comisión técnica. Dicha comisión está integrada por seis directivos de la AMB: el director de Presidencia, el de Servicios Generales, el de Medio Ambiente, la de Servicios Ambientales y el secretario y el interventor general.
La dirección política de ambas comisiones recae de forma compartida en el vicepresidente ejecutivo de la AMB y alcalde de Cornellà, Antonio Balmón (que desde el mismo cargo en la pasada legislatura promovió la empresa mixta con Agbar), y en la vicepresidenta de Medio Ambiente del AMB, Janet Sanz, también quinta teniente de alcaldía de Barcelona.
Algunos partidarios de la vuelta del agua a manos públicas dudan de que el papel de Balmón pueda descompensar la voluntad que siempre ha mostrado BComú, antes y después de la sentencia, para devolver la gestión del agua a manos públicos. La CUP llegó a definir el nombramiento de Balmón en las comisiones como “poner el lobo a vigilar las ovejas”.
Modificación del reglamento
Pese a que no se ha celebrado ninguna reunión de las comisiones, el gobierno del ente supramunicipal llevará al pleno de este martes una proposición “de urgencia” para modificar el reglamento metropolitano del servicio del ciclo integral del agua. Se trata de un cambio en la norma en que se basó la constitución de la empresa mixta entre el AMB y Agbar que posteriormente tumbó el TSJC y en la que el gobierno supramunicipal llevaba tiempo trabajando.
La propuesta del ejecutivo añade un párrafo al artículo tres del reglamento para obligar a los municipios del Área Metropolitana que finalicen su contrato con una empresa de gestión del agua a constituir una comisión mixta con la AMB, como mínimo un año antes de la extinción del contrato. La función de la comisión, según el redactado pendiente de aprobación, será “estudiar y proponer los cambios de adscripción patrimonial de los activos y pasivos del servicio” de abastecimiento de agua. Esto afectaría a municipios metropolitanos que no estaban dentro de la mixta al tener sus propios contratos de abastecimiento, como Ripollet, Sant Cugat o Molins.
Además, se propone añadir un artículo en el reglamento por el que la AMB pueda “delegar en un municipio la competencia para la gestión del servicio de abastecimiento en su territorio”, esto es, que el propio municipio pueda decidir qué hacer con la gestión del agua.
Los cambios propuestos han generado críticas entre el único grupo de la oposición partidario de la municipalización del agua. Así, fuentes de la CUP aseguran que la modificación, tal y como está redactada, refuerza el “exceso de competencias” que se atribuye el mismo reglamento del ente supramunicipal.
Por contra, desde el ejecutivo afirman que el nuevo redactado pretende modificar la parte actual del reglamento “que pueda inducir una interpretación restrictiva” sobre la participación de los municipios en la gestión del agua. En este sentido, la vicepresidenta de Medio Ambiente de la AMB, Janet Sanz, también quinta teniente de alcaldía de Barcelona, se muestra rotunda: “Respetaremos siempre la autonomía de los municipios sobre la gestión del agua”, afirma.
Desde la CUP sostienen que la competencia sobre el agua es exclusivamente municipal si el ayuntamiento no la delega de forma expresa a la AMB. Por este motivo, desde la CUP pedirán eliminar la parte de la propuesta del equipo de gobierno de la AMB que permite integrar el servicio de agua municipal al ente metropolitano una vez finalice el contrato entre un ayuntamiento y una empresa –que en la mayor parte de los casos cuenta con participación de Agbar.
Asimismo, las mismas fuentes cupaires mantienen que la modificación propuesta no incorpora novedad alguna, ya que la delegación de competencias entre la AMB y otras administraciones ya está contemplada en leyes catalanas y otros reglamentos metropolitanos. A juicio de estas fuentes, los cambios en el reglamento solo se proponen “para beneficiar una interpretación restrictiva” del mismo y promover una hipotética continuidad de la empresa mixta que tumbó el TSJC.
