Las casualidades pocas veces lo son en política y que al rey Felipe VI le hayan coincidido tres actos importantes en Catalunya en apenas dos semanas, y en un momento político clave, difícilmente puede ser achacado al azar. Felipe VI asistió el pasado 15 de junio a la reunión del Cercle d'Economia, donde estuvo con Pere Aragonès, volvió a Barcelona el domingo 27 para la cena de gala del Mobile World Congress, esta vez compartiendo mesa con el presidente del Gobierno y el president, y de nuevo este jueves 1 de julio ha vuelto a la capital catalana, esta vez acompañado de toda la Familia Real para la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona.
En todos estos actos, el rey ha evitado introducir en sus discursos declaraciones que pudieran ser leídas en clave política. No hace falta, porque su presencia en Catalunya tras la concesión de los indultos y el empeño del Gobierno por lanzar la llamada “agenda del reencuentro” es todo un mensaje por sí mismo. El jefe de Estado se ha dejado ver en Barcelona compartiendo reuniones con lo más granado del empresariado y la política catalana, incluyendo miembros del Govern, o audiencias con entidades y nombres destacados de la sociedad civil. Con ello, ha resaltado la normalización institucional y el deseo de la monarquía de estar presente en el día a día catalán.
Felipe VI, que optó por tener un papel destacado en los hechos de octubre de 2017, pugna por convertirse en un símbolo de la desinflamación. Por difícil que esto sea a ojos de muchos catalanes. En Catalunya, a diferencia de lo que pasa en otras zonas de España, solo las familias más patricias se cuentan entre los monárquicos acérrimos, y ya ni siquiera todas. El mediano empresariado, que en otro tiempo sí vio a la Corona española como garante de la democracia y la estabilidad, hoy no siente el mismo apego por el rey, a quien incluso algunos no independentistas ven lejano e identificado con valores de derecha centralista.
Pero, si el objetivo del Gobierno es “pasar página” a la etapa del procés, en la Casa Real se ha impuesto un empeño similar para dejar atrás el discurso del rey del 3 de octubre de 2017, uno de los gestos que más fractura provocaron entre la institución monárquica y la sociedad catalana. Aquella aparición televisiva es recordada con frecuencia por líderes políticos y sociales catalanes, y las críticas a aquel gesto son comunes mucho más allá del terreno del secesionismo. La encuesta del CEO sigue dando cuenta puntual del desapego de Catalunya con Felipe VI. Solo el 15% de los catalanes se muestra favorable a la monarquía como forma de Estado y solo entre los votantes de Vox, Ciudadanos y PP es mayoritaria la opción del rey frente a una república.
Con estas cifras de apoyo popular, para el independentismo no ha sido difícil convertir al monarca en un símbolo de todo lo que rechazan del Estado. Tras octubre de 2017 y una vez decaído el 155, la Generalitat de Quim Torra impuso la costumbre de plantar a Felipe VI siempre que era posible. Además de eso, en cada visita del rey las manifestaciones se convirtieron en concurridas y agitadas. El jefe de Estado tuvo que ver protestas importantes tanto en la ceremonia de los premios Princesa de Girona de 2019 como en la visita relámpago que realizó a Poblet en julio de 2020. En diciembre de ese mismo año viajaron prácticamente en secreto a Barcelona para entregar al poeta Joan Margarit el premio Cervantes.
En la agenda del rey, los actos en Catalunya fueron paulatinamente decreciendo y casi despareciendo tras 2017. En septiembre del año pasado la situación llegó a generar un conato de crisis política, después de que el Gobierno considerara que no era prudente que el rey asistiera a la entrega de despachos judiciales, al ser inminente la sentencia que inhabilitaría a Torra. En plena tormenta entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, el rey se puso en contacto con el presidente del CGPJ para decirle que “le hubiera gustado” asistir a la ceremonia. Frase de cortesía para unos, mensaje político para otros, lo cierto es que el rey volvió a estar en el centro de la polémica por una cuestión relativa al avispero catalán.
Nueva estrategia del Govern
Todo aquello ha quedado atrás en el inicio de este verano, cuando todas las instituciones parecen haberse acompasado para lanzar un mensaje de nueva etapa. El nuevo Govern comandado por ERC anunció tras una de sus primeras reuniones que lo que hiciera el rey “no condicionará la presencia del Govern” en los actos que considere interesantes. Era una forma de eliminar una condición que había tenido como consecuencia la ausencia de la Generalitat en actos relevantes, como el 70 aniversario de la SEAT este mismo año.
En las últimas ocasiones en las que el rey se ha dejado ver en Barcelona ha habido protestas en la calle y gestos políticos de rechazo, pero ninguna de las dos son ya lo que solían ser. Las manifestaciones independentistas han perdido vigor y ni siquiera son secundadas con demasiado entusiasmo por los principales partidos y entidades civiles. Sobre las muestras de distancia, es cierto que Aragonès declinó cenar con el rey en el Cercle y que, aunque sí compartió mesa con él en el Mobile, evitó acudir al recibimiento. También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que en el congreso de 2019 había rechazado acudir al besamanos, evita ahora los gestos de desaprobación.
Pero este cambio de enfoque respecto al papel del rey, de avalar una intervención dura en octubre de 2017 a convertirse en uno de los rostros de la normalización en 2020, no ha sentado igual en todos los sectores. Mientras la Casa Real maximizaba la presencia del monarca en Catalunya, diversas voces de la derecha trataban de utilizar la figura real como arma definitiva contra la política del Gobierno. La primera fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando en la manifestación de Colón contra los indultos deslizó que el Gobierno haría al rey “cómplice” de los indultos al obligarle a firmarlos.
A partir de entonces, el PP ha hecho malabares para tapar aquel traspiés, y solo Vox ha seguido agitando la figura monárquica, con escaso éxito. Este jueves el líder de la extrema derecha en Catalunya, Ignacio Garriga, aseguraba que el Gobierno quiere “concordia” con “los que queman fotos del rey”. Era un intento de tintes desesperados, en una derecha que ha visto como en las últimas semanas el Gobierno ha conseguido alinear en torno a las medidas de gracia a todo tipo de sectores, de los empresarios a los obispos, y todo ello revestido con el plácet implícito del monarca a la nueva situación.