La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles delitos en las prestaciones de Catalunya para jóvenes extutelados

La Fiscalía Anticorrupción investiga las posibles irregularidades de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) en la prestación de ayudas y alojamiento para jóvenes extutelados. El pasado marzo el ministerio fiscal pidió la colaboración de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que ya investigaba estas dos cuestiones en dos expedientes distintos. Antifrau cerró el primero sin detectar ningún posible delito, pero entregó la documentación a la fiscalía. En el segundo caso, todavía está analizando la numerosa documentación. Anticorrupción sigue investigando ambos casos, surgidos a raíz de una denuncia de un alertador, protegido por Antifrau, contra la Fundación Resilis en Girona.

Según fuentes jurídicas, la OAC entregó a la fiscalía su informe sobre el control de las ayudas económicas que se daban a jóvenes extutelados, que se sospecha que se dieron incluso a personas que ya no vivían en Catalunya. El informe concluía que no se habían podido detectar aspectos delictivos o de fraude, pero advertía que deberían comprobarse si había habido deficiencias en el cumplimiento de los contratos de la DGAIA con las entidades colaboradoras, y si la administración había fallado a la hora de realizar su seguimiento y supervisión.

En el segundo expediente, que investigaba la posible existencia de plazas de alojamiento 'fantasma', por el que las entidades cobraban de la Generalitat por acoger a jóvenes que en realidad no acogía, Antifrau aún no ha llegado a ninguna conclusión ni ha entregado documentación a la fiscalía porque debe analizar mucha información.

La fiscalía deberá decidir si ve sólo simples irregularidades administrativas y disfunciones del organismo público, o puede llegar a existir delitos. Sería entonces cuando lo llevaría a un juzgado para que lo investigara a fondo.

El caso estalló en enero del 2025, a raíz de la denuncia de un trabajador del tercer sector que había detectado irregularidades en las prestaciones económicas y de vivienda que afectaban a jóvenes extutelados. En un caso, por ejemplo, un joven recibía ambas prestaciones, cuando llevaba meses viviendo y trabajando en Valencia. Incluso, desde la fundación que se encargaba de la gestión de las ayudas se había cambiado al joven de piso aludiendo a que estaba buscando trabajo, cuando, en realidad, llevaba meses trabajando fuera de Catalunya.

Más adelante, tres trabajadoras denunciaron que una entidad, pese a tener plazas vacías en los pisos para acoger a jóvenes, cobraban a la Generalitat como si las viviendas estuvieran llenas.

Por su parte, en junio del año pasado la Sindicatura de Cuentas realizó un informe que concluyó que el Departamento de Derechos Sociales pagó 167,56 millones de euros indebidamente a través de prestaciones económicas durante el período 2016-2024. De esos 167 millones, 4,7 millones estaban relacionados con el caso denunciado por ser pagos indebidos a los jóvenes extutelados.

Por otra parte, un juzgado de Barcelona archivó el pasado abril una querella del colectivo jurídico Acció Cassandra contra cuatro exconsellers de la Generalitat y altos cargos por presunta malversación en la DGAIA. La entidad anunció que iba a presentar recurso. La querella rechazada por el juzgado se dirigía contra los exconsejeros del área social Dolors Bassa, Chakir El Homrani, Violant Cervera y Carles Campuzano. También contra el ex secretario Josep Ginesta y tres ex directores de la DGAIA, entre otros. Invocaba delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude, encubrimiento, acoso laboral y posible financiación ilegal de partidos.