Fiscalía reclama 7,6 millones por un fraude en la Agencia Catalana del Agua que el Govern no ve

Un fraude de hasta 7,6 millones supuestamente cometido en los años 2007 y 2008 se juzga estos días en la Audiencia de Barcelona. Además de la lentitud del proceso judicial y de los problemas técnicos que han presidido la vista, en este caso de la Agencia Catalana del Agua (ACA) llama la atención que la Generalitat no reclama el dinero porque no ve delito. La única acusación es la Fiscalía Anticorrupción, que este lunes ha mantenido sus peticiones de penas de cárcel de hasta siete años para los acusados así como la petición de indemnización a la administración autonómica. Catorce años después de los hechos.

En el banquillo se sientan seis hombres. Además de cuatro funcionarios que dirigían varias áreas del organismo, están acusados el que fuera director del ACA del 2007 al 2008, bajo el Govern tripartit, Manuel Hernández; y el exgerente del ente entre 2000 y 2004, bajo el último Ejecutivo de Jordi Pujol, Joan Lluís Quer. Pero Quer está acusado por el contrato que formalizó la empresa que comandaba una vez fuera de la administración pública catalana tras su despido declarado improcedente. Quer volvió en 2010 al Govern de Artur Mas para dirigir la empresa pública de infraestructuras, por algunas de cuyas adjudicaciones está procesado en otro caso distinto, el del 3%.

Los acusados han declarado este lunes y han seguido el mismo guion: no solo no hubo ninguna irregularidad, sino que los contratos bajo sospecha eran necesarios habida cuenta de la dificultad que suponía trasponer la directiva marco europea del agua en Catalunya. Por negar algunos han negado incluso que se conocieran entre ellos, un extremo que también han apuntado varios testigos y que en cambio era clave corroborar para que la Fiscalía sustentara el delito de tráfico de influencias. Los otros técnicos y exdirectivos del ACA y de las empresas que ganaron el concurso también han descartado irregularidad alguna.

Lo contrario opina Anticorrupción, que no ha variado sus tesis pese a lo declarado por los testigos. Según la Fiscalía, la dirección del ACA adjudicó “en un plan preconcebido” en 2007 un contrato de consultoría sobre la cuenca fluvial de Catalunya a una Unión Temporal de Empresas (UTE) representadas por Quer.

Además, según el Ministerio Público, entre octubre y diciembre de 2008, los acusados formalizaron 38 contratos complementarios para enmascarar los beneficios obtenidos ilícitamente por la UTE de la que formaba parte Quer, al tiempo que fraccionaron “de forma artificiosa” el contrato principal, de forma que algunos trabajos pudieran ser adjudicados de forma directa a empresas vinculadas al exalto cargo.

En su declaración como acusado, el exjefe del área de planificación del ACA, G.B., ha precisado que solo 6 de los 38 contratos fueron concedidos a la UTE que gestionaba Quer, y que el resto fueron para empresas distintas “de solvencia contrastada”. Ha sido el único de los acusados que ha reconocido el caso de puertas giratorias de Quer, aunque lo ha enmarcado en la normalidad: “El paso del sector público al privado en el mundo del agua es constante, también en Catalunya”. En cualquier caso, ha recalcado que la UTE no podía hacer contratos adicionales a su antojo, sino que era una comisión de seguimiento de la ACA quien los autorizaba.

Por su lado, Hernández ha explicado que no intervino directamente en la adjudicación del contrato, sino que solo rubricó la última firma como representante del ACA porque así lo respaldaban todos los informes técnicos y jurídicos. Tampoco intervino en el diseño de la contratación ni en la toma de decisiones, que dependía del área económica del ente público, y no conoció las ofertas de las empresas, ha alegado.

De Quer ha dicho que no le conocía porque no coincidieron en el ACA, y de hecho ha recordado que ambos eran “políticamente de signo contrario”, lo que impedía que se concertaran para adjudicar los contratos. El exgerente también ha recordado que no conocía a los otros cinco acusados hasta que coincidieron en el juzgado, y ha negado que al frente de la UTE recibiera ningún tipo de información privilegiada o negociación encubierta para conseguir el contrato. Las partes expondrán sus informes finales el 10 de enero y el juicio quedará visto para sentencia.