El Govern se querella contra Casado por sus bulos sobre la escuela catalana

Aragonès, en una imagen de archivo

El Govern ha activado la vía penal contra el líder del PP, Pablo Casado, por haber alimentado los bulos sobre el catalán en la escuela. La Generalitat acusa a Casado de injurias, calumnias e incitación al odio y ya ha registrado la querella ante el Tribunal Supremo, instancia ante la que el jefe de los 'populares' está aforado.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que ha acusado a Casado de mentir al haber asegurado que a los pequeños que hablan castellano se les prohíbe ir al baño durante las clases. “Hay líneas rojas que no se pueden traspasar y si se traspasan encontrarán al Govern de la Generalitat combatiéndolas”, ha asegurado Plaja.

Dos días después de alimentar los bulos sobre la escuela en catalán, Casado reconoció que en realidad había leído “una noticia de hace diez años”, lo que, a su juicio, demuestra que el caso de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) “no es nuevo”. Por entonces el Govern y los partidos independentistas ya habían anunciado acciones legales contra Casado.

El de la orina no fue el único bulo elevado a discurso político por Casado. También dijo que “a los hijos de los policías nacionales y guardias civiles se les señala en clase y se dice que no pueden estar integrados”, en referencia al caso de Sant Andreu de la Barca archivado por el juez, y que hay niños a los que se les pone “piedras en la mochila” por hablar castellano en el patio.

El de las mochilas y las piedras es un recurso narrativo de crítica al nacionalismo que tiene su origen en 1997 no en Catalunya sino en el pueblo vizcaíno de Zeanuri. Un grupo de padres denunció que los monitores de un campamento de verano cargaban a sus hijos con piedras por hablar castellano entre ellos, algo que negó la directora.

Casado trasladó esta denuncia de hace casi 25 años a la Catalunya del siglo XXI en el marco de la disputa política a raíz niño de la decisión judicial de obligar a un centro de Canet a impartir el 25% de clases en castellano en una clase de P-5 porque así lo solicitó la familia de una menor.

El presidente catalán, Pere Aragonès, ya adelantó el pasado fin de semana que había trasladado las “declaraciones infames” de Casado a los servicios jurídicos de la Generalitat. El Govern enmarca la querella en la “defensa” del profesorado ante “ataques indecentes”, y ha decidido incluir en la misma el delito de incitación al odio, tipo penal pensado para proteger a minorías históricamente discriminadas por motivos racistas o de orientación sexual.

En su querella, la Generalitat cree que en las palabras de Casado “se constata claramente la incitación a la hostilidad contra la población de Catalunya por tener una lengua propia oficial, el catalán, constitucionalmente reconocida, y que convive con la lengua castellana”.

El discurso de Casado, abunda el escrito, “manifiesta un claro afán discriminatorio y denigrante, dirigida contra una parte de la población, por motivos culturales o idiomáticos, con capacidad suficiente para incitar al odio contra ellas, o lesionar su dignidad”.

Al margen de la querella del Govern, Junts per Catalunya también ha llevado ante el Supremo a Casado por los mismos delitos. Acusan los independentistas al líder 'popular' de incitar al odio contra los docentes catalanes y partidos soberanistas con “bulos” que les “deshumanizan” y les presentan como “monstruos despiadados”.

En su escrito, Junts reconoce que debatir, incluso con vehemencia, sobre el mejor sistema educativo o sobre el método más adecuado para la formación lingüística de los menores, forma parte de la “legítima discrepancia”, aunque denuncia que resulta “intolerable” que se menoscabe su honorabilidad mediante “bulos” y “fake news” cuyo objetivo es “intoxicar” a la opinión pública y “promover el odio” contra determinados colectivos profesionales y formaciones políticas.

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