Illa trata de superar los recelos de la oposición sobre su gestión educativa con un acuerdo para aumentar la inversión

Salvador Illa trata de superar la crisis educativa en la que se ha instalado su Ejecutivo con la promesa a los grupos políticos catalanes de mayor inversión, tal como exige también la comunidad educativa. El president, junto con la consellera del ramo, Esther Niubó, ha reunido este viernes a socios y oposición para escenificar ese compromiso. 

Tras una reunión de dos horas en el Palau de la Generalitat, a la que han participado todos los partidos salvo Vox, la consellera Niubó ha anunciado la creación de dos comisiones de trabajo con ellos: una para estudiar cómo alcanzar el 6% del PIB destinado a educación, un objetivo histórico del sector, y otro para coordinarse con el debate de modelo escolar que lidera al mismo tiempo el Consejo de Educación. 

La propuesta no ha satisfecho por ahora a los partidos, que la consideran poco concreta en fines y calendario, pero como mínimo ha conseguido que no se levanten de la mesa. Tanto oposición como socios han sido muy críticos con el Govern con su gestión del fiasco de PISA y del conflicto laboral con los docentes el curso pasado.

Niubó ha destacado algunos puntos de encuentro durante la reunión, como la “revisión y actualización” del modelo de escuela inclusiva –muy criticado por falta de recursos por parte de los docentes–. También han debatido sobre el fortalecimiento del modelo lingüístico y de acogida, la formación y la carrera docente o el papel de las nuevas tecnologías, a las que la Generalitat quiere restar presencia en favor de los libros en papel.

Con todo, Niubó ha reiterado la idea de que “difícilmente” se podrá alcanzar el 6 % en una legislatura y ha afirmado que hay un “paso intermedio”, que es alcanzar la inversión que actualmente realiza el Estado en educación.

En cuanto al otro grupo, se nombrará a una persona por cada grupo parlamentario, junto con el presidente del Consejo de Educación de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, para que puedan hacer “seguimiento” y trasladar sus aportaciones al debate impulsado desde el CEC, que incluye a sindicatos, familias, entidades y centros públicos y concertados.