Los jueces ven “mejorable” la coordinación con servicios sociales tras el suicidio antes de un desahucio

El desahucio de Segundo F., que se suicidó este lunes justo cuando la comitiva judicial llamaba a su puerta, ha enfrentado en las últimas horas el Ayuntamiento de Barcelona con los magistrados, a quienes han acusado de falta de sensibilidad a la hora de aplicar la moratoria de desalojos aprobada por el Gobierno. La abogada de oficio remitió al juzgado un informe de servicios sociales que acreditaba su vulnerabilidad, pero el magistrado, el titular del juzgado de primera instancia número 3 de Barcelona, consideró que no se cumplían todas los los requisitos que exige el decreto ley estatal. “No había ningún motivo legal para pararlo”, ha defendido este mismo lunes en TV3 el delegado de los juzgados de primera instancia de Barcelona, Roberto García Cisneros. 

Cisneros ha argumentado que el juez dio aplicación el decreto 8/2021, que amplía la moratoria antidesahucios hasta el 9 de agosto, pero al mismo tiempo ha admitido que la coordinación con los servicios sociales fue mejorable, por un lado, y que muchas veces los magistrados son más garantistas de lo que prevé la ley cuando hay casos de vulnerabilidad en los desalojos. “Muchos, muchos desahucios se paralizan a la vista de situaciones de última hora que se encuentran en la propia práctica de la diligencia. Si solo parásemos los que tienen una causa clara de suspensión con motivo legal, se pararían muy pocos”, ha valorado. 

También se paralizan a menudo diligencias, según ha afirmado, “por documentación no del todo completa” o por “muchas otras razones”. “Decir que este no se habría podido parar… Seguro que sí, si se hubiese entrado en este ámbito. Pero en este caso no se hizo”, ha reconocido Cisneros. ¿Cuál fueron entonces la razones últimas que argumentó el juez? A falta de conocer el auto, que no se ha hecho público, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) afirmó en un comunicado que las circunstancias de Segundo F. “no eran las que regula el Real Decreto como vulnerabilidad que permita la suspensión del lanzamiento”. Además de los informes de servicios sociales, los afectados deben aportar documentación que acredite que están en situación de desempleo. 

En el caso de Segundo, llevaba desde 2018 sin trabajo y había pasado por el servicio de asesoramiento de Càritas antes de entrar en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Esto último fue ya en febrero de 2021, cuando llevaba ya meses, concretamente desde junio del 2020, sin pagar el alquiler, de unos 800 euros. El propietario, un particular –no un gran tenedor–, puso la demanda para iniciar el proceso de desahucio el pasado enero.

A partir de aquí, las versiones entre la judicatura y el Ayuntamiento difieren en un aspecto de la cronología: la entrega de los informes de Servicios Sociales. Según el TSJC, cuando el juzgado entregó a Segundo la ficha para que indicase si necesitaba ayuda de estos profesionales, él no cumplimentó la ficha, con lo que no se pudo trasladar su caso. Además, Cisneros ha añadido que su abogada solo aportó el informe de vulnerabilidad el 9 de junio, días antes del lanzamiento. Por contra, el Ayuntamiento asegura que ese documento ya se remitió al juzgado una primera vez en mayo, cuando se solicitó inicialmente la acogida a la moratoria. 

Sea como fuere, la edil barcelonesa de Vivienda, Lucía Martín, ya argumentó este martes que si había algún problema por falta de documentación o por incumplimiento de requisitos, ante un caso con indicios tan evidentes de vulnerabilidad se debería haber revisado. El consistorio asegura que llamó a los juzgados el viernes anterior al lanzamiento para aclarar esta cuestión, pero no obtuvo respuesta. 

García Cisneros ha reconocido que el procedimiento es “mejorable” y que “es evidente que tiene que haber mejor comunicación”, en caso de dudas, “entre el juez y los servicios sociales”. Pero aun así se ha insistido en que el “caso concreto” el escrito no se presentó hasta “última hora”. “Constancia no hubo ninguna hasta este escrito a última hora”, ha expresado. Y ha añadido a ello un argumento recurrente por parte de los jueces en estos casos: que son los servicios sociales los que deben dar alternativas a las personas sin recursos (en el caso de Segundo F., apenas había comenzado los trámites para entrar en la mesa de emergencia en la que conseguir una vivienda social).

Por último, García Cisneros también ha mandado una crítica velada al propio decreto ley antidesahucios, que cree que en algunos aspectos “genera dudas”.