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El mercado del 'no' al referéndum

Fachada del mercado Municipal de Sant Ildefons, en Cornellà de Llobregat.

Neus Tomàs

En el barrio de Sant Ildefons, en Cornellà, no se ven carteles reclamando el referéndum, ni los oficiales de la Assamblea Nacional Catalana ni los pasquines clandestinos que, desafiando a la Fiscalía, aparecen pegados cada mañana en muchas calles catalanas. Es lunes por la mañana y el único cartel que se ve cerca del mercado municipal es un anuncio de la Festa de la Rosa, celebrada el día antes en Gavà.

Tiene su explicación. Cornellà, y más este barrio, todavía es un feudo socialista. Cada vez menos, pero aquí gana el PSC. En las últimas autonómicas le pisó los talones Ciudadanos, mientras que los afines a Podemos se situaron terceros. Les sigue el PP y a gran distancia Junts pel Sí y la CUP. Esta es la radiografía política de un vecindario que simboliza el 'no' al referéndum del 1 de octubre. Un rechazo no exento de matices, esos que a veces cuesta encontrar en los debates políticos y virtuales.

Joaquín García tiene 45 años. Es de los que dice que en su familia prefieren no hablar de política para que no haya peleas. Lleva el 'As' bajo el brazo, “soy del Español”, aclara, y considera que el independentismo pretende presionar al máximo para forzar una negociación con el Gobierno central: “Puigdemont ha montado este follón buscando la foto de su detención. Pero me parece también una exageración lo que está haciendo Rajoy enviando la Guardia Civil a las imprentas”. Sentado en un banco a las puertas del mercado, pronostica que pronto o tarde habrá que votar, pero así no. Por eso no piensa participar en el referéndum.

No es el único que el día 1 de octubre si hay urnas se quedará en casa. En las paradas, entre los clientes y vendedores son mayoría. “Esto no es serio”, resume Fina. Tiene 49 años y, como muchos otros, prefiere no dar sus apellidos ni ser fotografiada. Asegura que no tiene miedo por lo que pueda pasar en Catalunya, pero deja claro su enfado con el Govern y, sobre todo, con Carles Puigdemont. “Este hombre lo que tiene que hacer es irse a su casa, como hizo el que le puso”. Reconoce que en los últimos días, clientes y vendedores hablan más a menudo del conflicto, pero añade que las conversaciones discurren “con normalidad”.

Antonio Aranda tiene 65 años y lleva 47 en Catalunya. Casi los mismos que Amador González, que no ha perdido su acento gallego pese a que se fue de Lugo en 1962. Ambos representan el porcentaje de edad mayoritario en este barrio. En Sant Ildefons el 28% de los vecinos tiene más de 65 años, mientras que solo el 12% está entre los 16 y los 29 años.

Ni Antonio ni Amador irán a votar en el referéndum y aseguran que lo único que les preocupa es que en su casa no falte de nada. “La culpa es de los dos”, resume Antonio en referencia a Rajoy y Puigdemont. Apunta que deberían “ponerse ya” a hablar y no está de acuerdo en que se esté descargando la responsabilidad en los ciudadanos. “Oiga, esto no es legal o sea que el que vaya a la mesa ese día es porque quiere”, concluye.

Entre los catalanes que tienen claro su 'no' también hay gradaciones. María Teresa Martín regenta el horno de pan con más clientela del mercado de Sant Ildefons. Esta mujer de 48 años tiene claro que Catalunya no va a convertirse en una república, pero con la misma contundencia defiende que participará en el referéndum: “Tenemos que ir mucha gente del 'no'”, reclama, a la vez que responsabiliza a Rajoy de no haber “cortado desde el principio” las alas al secesionismo.

Francisco Queizal también mira al PP a la hora de buscar responsabilidades, aunque en su caso acusa a los populares de haber contribuido a que haya más catalanes partidarios de divorciarse de España. “Si hace seis años eran la mitad es que algo se ha hecho mal”. Francisco (37 años), que no irá a votar el 1-O, resume en una frase su diagnóstico: “Es más rabia que independentismo”.

Su mejor amigo es independentista y aunque cree que se equivoca, hablan con calma del asunto. En lo que seguro que coinciden es en la opinión que tiene este joven de la respuesta que esta dando el Gobierno central. “La Guardia Civil tendría que estar para buscar chorizos”.

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