Los Mossos ponen en duda que dispararan una bala de 'foam' a una joven herida en la cabeza

Traumatismo cranoencefálico, pérdida de audición del 85% y epilepsia focal postraumática. Son solo algunas de las lesiones que sufrió una joven el 18 de octubre de 2019 en los Jardinets de Gràcia de Barcelona durante las protestas tras la sentencia del procés. Los informes médicoforenses consideran compatibles las lesiones con un proyectil de 'foam' lanzado por los Mossos d'Esquadra, pero la policía autonómica ha puesto en duda la autoría policial de las heridas e incluso que interviniera en el lugar donde se produjo la lesión.

La joven herida, representada por la abogada Anaïs Franquesa, del centro Iridia, decidió no acudir a la vía penal, sino pedir a la Generalitat una indemnización por las lesiones y las secuelas que sufre. La reclamación sigue pendiente de respuesta por parte de la conselleria de Interior más de dos años después de interponerse.

El expediente del caso, que ha podido consultar elDiario.es, pone de manifiesto las dificultades con las que se encuentran los denunciantes de lesiones policiales para investigar los hechos, incluso cuando cuentan con informes médicos forenses que avalan la autoría uniformada de las heridas. Ocurre en la vía penal, donde la imposibilidad de identificar al policía responsable de las lesiones y el lógico rechazo de los agentes a autoinculparse conduce habitualmente al archivo de las causas.

Estos problemas de la vía penal se trasladan ahora también a la vía administrativa, donde no es preciso hallar al agente concreto que disparó una bala de 'foam', sino la constatación de que efectivamente una actuación policial es la responsable de las lesiones. Así ocurrió por ejemplo en el caso Ester Quintana: la Justicia no pudo determinar el mosso que le reventó el ojo, pero la Generalitat indemnizó a la mujer porque la lesión fue a causa de un disparo de los Mossos.

En el caso de la joven herida en Jardinets, la dirección general de la policía catalana, tras recibir su solicitud, pidió al jefe de los antidisturbios de los Mossos que informara sobre si en el lugar y momento de la lesión se dispararon proyectiles de 'foam', si había altercados y si se mandaron avisos previos sobre el uso de estas armas, así como cualquier otra actuación realizada por los dispositivos de orden público.

La respuesta del mando policial, tras una larga introducción sobre los altercados que ese día se produjeron en toda Barcelona, no permite conocer siquiera si los Mossos intervinieron en la zona donde se produjo la lesión. “No se puede descartar o afirmar que, en el día de los hechos, en el punto concreto que se indica por parte de la reclamante existiera una actuación mínima de efectivos de la Brigada Móvil [los antidisturbios de los Mossos]”, reza el informe del jefe de los antidisturbios de la policía catalana.

Según el mando policial, ante el “alud de desórdenes públicos” que se produjeron ese día, los Mossos ni siquiera tienen registros de las geolocalizaciones de sus furgonetas “que permitan el rastreo preciso de todos los movimientos” de las unidades policiales. “No se dispone de la trazabilidad detallada de todos los desplazamientos que se efectuaron que permita aportar la información concreta y detallada, como es habitual”, apostilla el informe.

Irídia denuncia la falta de mecanismos de control

El centro Irídia ha incluido el caso de la joven herida en Jardinets en el informe que este viernes ha entregado a todos los grupos parlamentarios que participan en la comisión sobre el modelo policial de los Mossos. A criterio de la entidad en defensa de los derechos humanos, en este expediente se constatan todos los problemas para controlar las actuaciones policiales de orden público que terminan con el lanzamiento de proyectiles de 'foam'. De hecho, ninguno de los cuatro heridos graves por 'foam' desde 2019 se ha podido determinar todavía el agente que disparó.

Sobre el uso de estas armas, el protocolo de los Mossos –que Interior no entregó a los grupos parlamentarios hasta que elDiario.es ganó una petición de Transparencia– no prevé la trazabilidad de los proyectiles ni tampoco elementos técnicos para hacerlo de forma automatizada, por ejemplo el marcaje de los proyectiles o la grabación en vídeo y sonido de cada disparo.

Lo que contempla el protocolo es que cada lanzador y su mando “debe conocer el número de proyectiles disparados en cada intervención de forma más exacta posible”. En la práctica sin embargo lo que ocurre es que, debido a los altercados y a la situación de confusión que se genera, los agentes no son capaces de recordar con exactitud el lugar y momento de los disparos. Únicamente se puede conocer el número de proyectiles usados ya que se realiza un recuento al principio y final de cada intervención, lo que para Irídia supone convertir en “imposible” la rendición de cuentas de los agentes.

Otra cuestión problemática es la ubicación de las furgonetas. Todos los furgones disponen de GPS, pero a la hora de investigar actuaciones concretas los datos de geolocalización son “poco claros” cuando no “contradictorios”, denuncia Iridia. Ello se traduce en la imposibilidad de identificar a los agentes en determinadas situaciones, como en el caso de la joven de Jardinets. Iridia considera este caso “especialmente grave”, ya que tanto la víctima como otros testigos que estaban en la zona han reportado que no había altercados en la zona, que ese día se concentraban en la plaza Urquinaona.

Por último, en el procedimiento administrativo no consta que la División de Asuntos Internos de la policía catalana investigara los hechos, pese a que la dirección general de los Mossos los conoció al tramitar la petición de la joven. La defensa de la joven ha sido la única parte que ha pedido diligencias –declaración de testigos, inclusión de informes forenses– en el expediente. Un hombre que vio los hechos todavía guarda el proyectil de 'foam' que recogió de la acera donde fue herida la joven.