La jueza niega la condición de testigo protegido al secretario de la Federación Catalana de Fútbol
La jueza de Sabadell (Barcelona) que investiga al presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), Joan Soteras, ha denegado la protección como alertador solicitada por el secretario de la entidad, Oriol Camacho, que fue quien explicó a los Mossos d'Esquadra las irregularidades en las elecciones federativas.
Camacho envió la solicitud para ser considerado persona protegida el pasado mes de agosto, después de que la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) no le renovara la condición de persona alertadora tras constatar que, desde que estallara el caso, la FCF no ha emprendido represalias ni ha echado a Camacho.
En su resolución, la magistrada concluye que no existen indicios de un riesgo grave para la vida o integridad de Camacho ni para la de sus allegados. La jueza sostiene que el solicitante no ha concretado amenazas ni aportado suficientes elementos que justifiquen la medida excepcional.
Antifraude determinó que el secretario general declaró ante los Mossos en calidad de testigo por su cargo en la FCF, no como denunciante. Camacho había denunciado presuntas represalias tras la entrada y registro policial en la sede federativa, acusando a sus superiores de manipulación y falsificación de actas en los procesos electorales.
La magistrada replica que ninguna de las partes ha citado a Camacho como testigo en la causa abierta contra Soteras por presuntos delitos de administración desleal y falsedad documental en relación con el proceso electoral en la FCF.
El conflicto electoral en la FCF se arrastra desde 2022, cuando las elecciones fueron impugnadas y tuvieron que repetirse en febrero de 2023 por orden del Tribunal Catalán del Deporte. Paralelamente, otros candidatos presentaron recursos contra la elegibilidad de Soteras y su candidatura. Finalmente, los tribunales acabaron validando los comicios.
La magistrada concluye que no existe actualmente ningún peligro grave que justifique la protección solicitada, aunque deja la puerta abierta a que Camacho ejerza acciones penales si en el futuro fuera objeto de represalias o amenazas por su actuación en el caso.
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