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CATALUNYA

3 años sin Alfon, 3 años con Alfon

Alfonso Fernández, 'Alfon', en una imagen de archivo

Hace tres años que el Estado te tiene secuestrado, Alfon. La pena de prisión tantas veces evitada por los representantes de la burguesía y que representa tanta venganza sobre la clase trabajadora. Como clase, nos privan de lo único que poseemos: vender nuestra fuerza de trabajo o perder el trabajo que tenemos.

Nuestras familias, como tantos millones de castellanos, tuvieron que marcharse de sus pueblos para evitar la persecución política del franquismo y para encontrar un futuro mejor. Nuestras madres y padres encontraron en las ciudades de Castilla o los Países Catalanes barrios de infraviviendas, sin suministros, sin centros sanitarios ni institutos. Lo que el capitalismo nos preparaba era ser carne de explotación capitalista. Fueron las luchas de nuestra clase las que conquistaron todos los servicios públicos del barrio sin pedir pactos con el franquismo; con las movilizaciones de masas y la desobediencia civil colectiva construían futuro.

El Régimen del 78 intentó liquidar todo esto. En nuestros barrios, "la izquierda" durante décadas ganaba y ganaba elecciones mientras perdía y perdía principios. Nosotros nunca creímos en esa izquierda, no hemos creído en la gestión de las migajas del sistema. En paralelo a las renuncias, también sufrimos en nuestras calles las grandes lacras del sistema: la toxicomanía, la precariedad juvenil, el patriarcado, el desempleo…

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Aumentar la vivienda social en Barcelona depende de la coherencia de los grupos políticos municipales

El pasado 23 de febrero el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó con una mayoría casi unánime –todos los partidos, excepto el PP– la moción "Alquiler público Barcelona", impulsada por una amplia coalición de entidades de la sociedad civil de reconocida trayectoria en la defensa del derecho a la vivienda. Entre ellas estaban la PAH de Barcelona (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona), el Observatorio DESC, el ABTS (Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible) y el Sindicato de Inquilinos

Para hacer realidad y activar las 4 medidas aprobadas, las entidades y los partidos políticos representados en el Pleno hemos realizado tres reuniones de trabajo los días 11, 24 y 30 de mayo. Las entidades impulsoras hicimos aportaciones elaborando una propuesta avanzada y técnicamente solvente de ejecución y calendario de ahora hasta finales del 2018. Los grupos políticos han aportado también, así como los técnicos de urbanismo y vivienda del propio Ayuntamiento, que han validado todas las propuestas. La hoja de ruta resultante de las reuniones no ha modificado las medidas aprobadas en el Pleno, sino que concreta herramientas jurídicamente sólidas y calendario para hacer realidad las cuatro medidas.

Este lunes, 18 de junio, la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad votará una modificación del Plan General Metropolitano, que es el paso imprescindible para activar la primera medida y una de las más relevantes de entre las que proponemos: destinar el 30% de las viviendas de los edificios de nueva construcción y los sometidos a rehabilitación integral de más de 600 m2 a viviendas protegidas. Para que esta primera medida sea aprobada, de nuevo, necesitamos una mayoría simple de votos, es decir, más votos a favor que en contra.

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Hacia una política de ciudad jugable

Cada cual tiene sus memorias de juego de cuando era pequeño y no hay que tener un hijo o una hija para saber de la necesidad vital y del placer de jugar durante la infancia. En la jornada El derecho de los niños a la ciudad, el pedagogo Francesco Tonucci nos recordaba que, de hecho, para jugar se necesita muy poco: un tiempo, un espacio, compañeros de juego y pocos y buenos juguetes. Es aparentemente sencillo, pero en un entorno urbano más bien inhóspito, poco sensible a las necesidades de la infancia, con injusticia espacial por el dominio del coche, y conflictos de usos en un espacio público escaso, la realidad es que el tiempo y las oportunidades para jugar al aire libre con otros niños y niñas se han hecho pequeñas tanto en Barcelona como en la mayoría de ciudades.

Asimismo, la ciudad reduce los espacios pensados para jugar a áreas delimitadas y está poco preparada para el juego fortuito que se da fuera de ellas, aunque todas sabemos que los niños y niñas juegan en todas partes y los adolescentes buscan permanentemente –y a menudo, con poco éxito– lugares donde estar, relacionarse y jugar según sus intereses. Para los más pequeños, el espacio es escaso, pero en el caso de los más mayores es prácticamente inexistente. Cuando radiografiamos las áreas de juego infantil vemos que son excesivamente estandarizadas, poco diversas y conectadas con la naturaleza, y diseñadas pensando prioritariamente en la seguridad, el mantenimiento y la tranquilidad de los adultos, y no tanto en las posibilidades de juego que ofrecen.

El hecho de que las ciudades, de manera planificada, no acompañen ni estimulen lo suficiente el juego libre y creativo de niños y niñas no es una buena noticia. En primer lugar, porque durante la infancia jugar no es un tema menor, sino que, de lo importante que es, se reconoció como un derecho humano en la Convención sobre los derechos del niño (art.31), con la misma relevancia para un buen desarrollo como la vivienda, la salud o la educación.

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Por una estrategia antirrepresiva de país

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Fachada del Tribunal Supremo, donde se juzgan diversos de los líderes independentistas

Por si había dudas a disipar, el pasado viernes, con el auto de procesamiento dictado la desde la máxima institución del poder judicial español que es el Tribunal Supremo, el juez Llarena hizo entrar a toda la judicatura como institución y jerarquía en cruzada abierta contra el independentismo. No debía de ser casual que todo pasara el primer día de la Semana Santa, en viernes de dolores. Desde un estado tan poco aconfesional, seguro que la causa general se concibe, otra vez, en aquella Inquisición tan hispánica como una vía de expiación colectiva del ataque a la sacrosanta unidad de la patria.

Esta causa general, dirigida desde las altas instancias del Estado, con plena concertación de todos sus poderes, ha transmutado en un juicio de país que mantiene al vicepresident de la Generalitat, cinco consellers, la que fue presidenta del Parlament y los líderes de dos de las principales entidades del país en prisión y el resto del Govern en el exilio, con Carles Puidemont bajo custodia en Neumünster.

Todo ello sin olvidar el resto de imputados por el Tribunal Supremo, las personas investigadas por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, los cientos de cargos electos investigados, y las decenas de personas citadas a declarar por las huelgas del 3 de octubre y el 8 de noviembre y demás hechos de octubre, en una clara demostración de que la administración de justicia se encuentra claramente posicionada en el conflicto. Y sin equidistancia posible, porque los independentistas no disponemos de instituciones ni poder similar.

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Cuando la violencia vuelve a empezar con la denuncia

La revictimitzación en los casos de violencia machista, también llamada victimización secundaria, ha llevado a verter mucha tinta sobre cómo las instituciones y los operadores jurídicos (abogacía, funcionariado, policías…) no conseguimos realizar de manera óptima nuestro trabajo. En muchas ocasiones no evitamos que durante los procesos judiciales, incluso en los pasos previos a la denuncia, se inflija más dolor a las mujeres que ya son víctima de violencia. La revictimización suele someter a la víctima a repetir en distintas ocasiones las violencias que ha sufrido, mientras se le hacen preguntas en forma o fondo que cuestionan sus vivencias, como en los casos de Juana Rivas o la Manada.

Estas situaciones se pueden producir desde el inicio del proceso hasta el juicio. Desde el personal sanitario, que es el que levanta el parte médico y lo remite al juzgado, hasta los cuerpos policiales, que reciben la denuncia, algunos sin poder ofrecer siempre atención especializada, llegando también dentro del juzgado por parte de funcionarios y abogados. En toda esta cadena institucional se puede someter a las víctimas de violencia machista al cuestionamiento de su relato, a ahondar en su dolor de un modo innecesario, a insistir en aspectos de su persona que nada aportan a la causa.

Sin embargo, en la actualidad, tal y como detectó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 2017, ya no es solo la revictimización, sino que en muchos casos los agresores han encontrado en la institución el último refugio para seguir con la victimización. Si bien hace mucho del inicio de tal dinámica de estrategia jurídica perversa, este hecho se visibilizó con el caso de Juana Rivas, que paradójicamente ha acabado condenada por llevarse a sus hijos aun habiendo interpuesto una denuncia que nunca se llegó a tramitar. Pero antes de Juana Rivas hubo muchas otras juanas.

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Más allá de la brecha salarial

Recientemente el presidente Rajoy, ante una pregunta sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, respondía que ese asunto no competía al Gobierno. “No nos metamos en eso”. “Demos pasos en la buena dirección, que normalmente es como se resuelven mejor los problemas”, añadía.

Negar el problema o ignorarlo no es precisamente ir en la buena dirección, pero reducir la lucha por la igualdad salarial a que los hombres y mujeres deben cobrar lo mismo por realizar el mismo trabajo también es un error. La actual brecha salarial entre hombres y mujeres tiene múltiples causas, por ello es preciso encarar los hechos objetivos e ir a las causas materiales para que mujeres y hombres puedan libremente desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones.

¿Por qué existe esa brecha salarial? Por muchísimos factores. Son principalmente las mujeres quienes asumen las tareas del cuidado familiar. La realización del trabajo familiar y doméstico las empobrece en tiempo, lo que las coloca en peor situación a la hora de obtener y mantener un trabajo remunerado a tiempo completo, con lo cual el porcentaje de mujeres con un trabajo parcial es muchísimo más alto. También realizan menos horas extras y tienen menos complementos salariales, por ello la brecha salarial realmente se obtiene teniendo en cuenta los salarios brutos anuales.

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Un deseo llamado tranvía

El TramBaix a l'avinguda Diagonal

Mas de quince entidades sociales y ambientales saldrán a la calle en Barcelona para pedir el fin de las hostilidades a la unión del tranvía por la Diagonal el próximo día 20 de enero. Conectar las dos lineas de tranvía en su tramo central de la Diagonal es una propuesta de futuro para una movilidad urbana metropolitana más sostenible, humana y solidaria.

La situación de los escasos cuatro kilómetros que separan la plaza Francesc Macià de la plaza de las Glorias demuestran de forma evidente la incapacidad del ayuntamiento de Barcelona durante los últimos quince años para reformar el sistema de movilidad. En todo este tiempo el tráfico ha vuelto a ocupar la Diagonal de nuevo, con un parque móvil que no para de crecer dentro de una ciudad finita.

El eje de la Diagonal es el ejemplo más paradigmático de las consecuencias que comporta mantener la supremacía automovilística en Barcelona. La creciente congestión, así como los problemas ambientales, energéticos, sociales y sanitarios generados por los vehículos privados, no sólo son síntomas de un fracaso en planificación urbana, sino que perjudican el desarrollo de una movilidad más sostenible que el ayuntamiento dice querer impulsar.

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El cuento de la criada en Sant Andreu de Llavaneres

Cuentos de la criada hay muchos y casi nunca acaban bien. Ella cuidaba a un joven dependiente en una casa de la costa de Sant Andreu de Llavaneres y también hacía las labores de servicio doméstico. Iba de madrugada andando desde Mataró por el camino lateral a las vías del tren, hasta su lugar de trabajo, una lujosa casa familiar. Un hombre la interceptó, le desfiguró la cara, la violó y acabó en las rocas casi muerta. Sobrevivió casi de milagro. Pidió ayuda a gritos a las personas que pasaban pero nadie la ayudó.

Ella es de Colombia, un país que vivió 50 años de guerra civil, y que contabiliza 6,5 millones de personas desplazadas según la ONU, pero que sin embargo nunca se habló de refugiados porque era una guerra no declarada. Como la mayoría de mujeres migrantes, trabaja en el servicio doméstico, un sector sumamente precario y feminizado que ha estado tradicionalmente excluido del ámbito laboral y sindical. Un sector que a su vez, no deja de ser invisibilizado y servil, en parte porque sostiene la economía y el status de una clase social, y en parte porque el Estado no se ocupa de los cuidados de la gente dependiente (como el joven que cuidaba ella) y de la gente mayor.

Al parecer, las instituciones prefieren dejar los cuidados en manos del mercado global que, con la complicidad de las políticas de extranjería, facilita la sustitución permanente de trabajadoras que vienen de países empobrecidos. Así, el servicio doméstico y de cuidados es cubierto por mujeres que a falta de oportunidades, no les queda otra opción que aceptar trabajos precarios donde viven explotación y abusos de todo tipo.

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De la muerte de Idrissa a la de Mohammed en Archidona

La cárcel-CIE de Archidona, en una imagen de archivo

Hoy se cumplen 6 años desde que Idrissa Diallo murió en el CIE de Barcelona. Su muerte, junto a la de Samba Martine en Madrid días antes, supuso una gran sacudida al sistema de internamiento y deportación. Dolió y mucho. Y ese dolor nos dio las fuerzas para generar en Barcelona Tanquem els Cies en una respuesta colectiva ante lo que estaba acontenciendo en el centro. Su muerte rompió el silencio mediático que rodeaba a los CIEs y la deportación. Hizo que el Colegio de Abogados comenzara a preocuparse por lo que acontecía en su interior sembrando la primera semilla de los Servicios de Orientación Jurídica en los CIE, e hizo que el Consejo General del Poder Judicial se preocupara de hacer cumplir la ley y designó Jueces de Instrucción que tuvieran la función de control de los CIE, lo cual debería haber pasado mucho atrás. Incluso, forzó al Gobierno a aprobar un Reglamento sobre los CIE (que fue ampliamente criticado) 25 años después de que éstos comenzaran a utilizarse.

Se inició un ciclo en el que de verdad nos creímos que podíamos tener en nuestras manos la posibilidad de cerrar los CIE y trabajamos en consecuencia. La visibilización mediática, unida al buen trabajo jurídico, de acompañamiento y comunicativo que se llevó a cabo en muchos territorios llevó al trabajo de incidencia política que supo, justo antes de las elecciones municipales y generales, ubicar el CIE en un lugar importante de la agenda política. Sin embargo, las formaciones políticas que se comprometieron con el cierre y con un cambio de paradigma en política migratoria y aquellas a las que se podía haber presionado para que se comprometieran no formaron gobierno.

El contexto europeo, en el que el auge de la extrema derecha y la denominada “crisis migratoria de refugiadas” cobraron gran protagonismo, sembró el caldo de cultivo para que el gobierno del Estado español contrarrestara la fuerza que llegamos a tener e iniciara un nuevo ciclo de vulneración de los derechos de la población migrada. Ciclo en el que nos hallamos inmersos y que es absolutamente preocupante.

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Rajoy y la aporofobia: pobreza desatendida

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en  su comparecencia de balance del año 2017 tras el último Consejo de Ministros, afirmó lo siguiente:

"Quiero decirles también que esa recuperación económica se está trasladando ya a la gente, incluso a las personas más desfavorecidas. A medida que avanza la creación de empleo, va disminuyendo cada vez más el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social."

Y no solo lo afirmó de palabra, su equipo de comunicación lo publicó también en Twitter:

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